La “seguridad fronteriza” de Estados Unidos: Militar, tortura, prisiones bárbaras

por Patrick Martin
6 febrero 2019

El Pentágono ha confirmado que está desplegando un adicional de 3,750 soldados a la frontera entre los Estados Unidos y México, continuando la acumulación de fuerzas represivas dirigidas contra inmigrantes indefensos y refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos.

Algunos de los 3,750 soldados reemplazarán a aquellos que están siendo rotados fuera del área fronteriza, pero habrá un aumento neto considerable de al menos 2,000. El número total de militar, regulares y de la Guardia Nacional, será de más de 6,000, la fuerza más grande desplegada en la frontera sur desde 1917, cuando el General John J. Pershing dirigió una expedición punitiva contra Pancho Villa durante la Revolución Mexicana.

La confirmación del despliegue de tropas del domingo se produce solo dos días antes de que el presidente Trump de su discurso sobre el estado de la Unión en el edificio del Capitolio de los EE UU, donde se espera un enfoque importante sobre la seguridad fronteriza. Trump forzó un cierre parcial del gobierno federal durante 35 días en un esfuerzo por obligar al Congreso a aprobar $5.7 mil millones en fondos para un muro fronterizo.

La Casa Blanca tuvo que retirarse el 26 de enero, acordando una reapertura del gobierno por tres semanas, mientras que los negociadores de la Cámara de Representantes y el Senado discutieron el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La conferencia de la Cámara de Representantes y el Senado debe llegar a un acuerdo antes del 8 de febrero para dar tiempo a la aprobación del Congreso de un acuerdo bipartidista antes del 15 de febrero. De lo contrario, habrá otro cierre, o Trump ha amenazado con declarar una emergencia nacional y utilizar los fondos apropiados para algún otro propósito, como la construcción militar, para construir el muro.

En discusiones con los reporteros la semana pasada, Trump insinuó que podría declarar la emergencia nacional en su discurso sobre el estado de la Unión. "No quiero decirlo, pero oirás el estado de la Unión, y luego verás lo que sucede justo después del estado de la Unión", dijo. Sea o no, es probable que centre el discurso en las demandas del muro y las advertencias sobre el crimen y las drogas supuestamente asociadas con los inmigrantes y los refugiados.

Los demócratas del Congreso, aunque se oponen a una estructura o muro permanente, en gran parte debido a su probada ineficacia, continúan ofreciendo grandes sumas para CBP, ICE y otras medidas represivas contra los inmigrantes, bajo la rúbrica de "seguridad fronteriza".

Esto incluye la movilización de tropas sin ninguna oposición demócrata significativa, pero también el trato abusivo de decenas de miles de inmigrantes detenidos en las instalaciones de ICE y CBP en la región fronteriza, algunos operados directamente por las dos agencias, otros por contratistas, algunos de ellos empresas multimillonarias que están obteniendo grandes beneficios operando lo que equivalen a campos de concentración.

Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, publicado la semana pasada, encontró que los centros de detención de ICE no cumplen con los estándares nacionales para las prisiones, a pesar de los miles de millones en desembolsos para construir y operar los campamentos. Según el informe, durante un período de 33 meses que terminó en junio de 2018, "ICE pagó a los contratistas que operan en los 106 centros de detención sujetos a esta revisión más de $3 mil millones ... A pesar de la documentación de miles de deficiencias y casos de daños graves a los detenidos ocurridos en estos centros de detención, ICE rara vez impone sanciones económicas".

El informe del inspector general examinó la mitad de los 211 centros de detención administrados por ICE, directa o indirectamente, y albergó a un promedio de 35,000 detenidos por día, el tamaño de una ciudad pequeña. El informe encontró que ICE regularmente emite exenciones para excusar las deficiencias, algunas de ellas de proporciones grotescas, como permitir que un centro de detención use gas lacrimógeno contra los detenidos, aunque el estándar limita los esfuerzos para "controlar" a los detenidos a aerosol de pimienta, que es mucho menos tóxico.

ICE no cuestionó los hallazgos del inspector general, sino que emitió una declaración desdeñosa que está "comprometida a mejorar continuamente las operaciones de detención civil para promover un ambiente seguro para los detenidos y el personal".

Más de una docena de inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE desde 2015, incluyendo dos niños de Guatemala que murieron en diciembre, lo que provocó una amplia publicidad y repulsión popular.

Los presos en las instalaciones de ICE han comenzado a contraatacar su brutal trato en una de las pocas formas que todavía tienen disponibles, una huelga de hambre, que comenzó en las instalaciones de detención en El Paso, Texas, pero desde entonces se ha extendido a las instalaciones en Miami, Phoenix, San Diego y San Francisco, según un portavoz de ICE.

El domingo, ICE confirmó a la Associated Press que estaba alimentando a la fuerza a nueve de los huelguistas de hambre en El Paso, un aumento de seis desde la semana pasada, luego de obtener una orden de un tribunal federal que autorizaba el procedimiento brutal, condenado como tortura por grupos internacionales de derechos humano, y prohibido por la Asociación Médica Americana.

La mayoría de los que son alimentados a la fuerza, y la mayoría de los huelguistas de hambre, son Sijs del estado de Punjab, en el norte de la India, que han huido de la persecución del gobierno de derecha supremacista hindú de India.

Un detenido, identificado por el AP solo por su apellido, Singh, que es muy común entre los Sijs, describió "ser arrastrado desde su celda tres veces al día y atado a una cama antes de ser alimentado a la fuerza con líquido a través de tubos empujados a través de su nariz".

"Nos atan a la cama de alimentación forzada, y luego ponen mucho líquido en los tubos, y la presión es inmensa, así que terminamos vomitando", dijo Singh a la AP. "No podemos hablar adecuadamente y no podemos respirar adecuadamente. La tubería no es un proceso fácil, pero intentan empujarla por nuestras narices y gargantas”.

Human Rights Watch emitió una declaración el 1 de febrero llamando a la alimentación forzada "una práctica cruel, inhumana y degradante" y señalando que "la ética médica y las normas de derechos humanos generalmente prohíben la alimentación forzada de los detenidos que son competentes y capaces de un juicio racional en cuanto a las consecuencias de rechazar la comida".

Todas estas medidas brutales serían mucho peores, y virtualmente impermeables al desafío legal, si Trump declara una emergencia nacional y ordena a los militares que construyan su muro de 30 pies a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, si Trump declara una emergencia, el Congreso puede tomar medidas para anular la declaración bajo un procedimiento acelerado según el cual el Senado tendría que votar dentro de los 30 días de la acción de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Trump podría vetar la resolución y la emergencia permanecería en efecto a menos que su veto fuera anulado.

Los líderes del Congreso y los grupos de libertades civiles han indicado que planean impugnar una declaración de emergencia en los tribunales, pero la Casa Blanca espera que cualquier apelación se agilice rápidamente ante la Corte Suprema de los EE UU, que tiene una mayoría de 5 a 4 miembros de la derecha que se espera respete prácticamente cualquier acción ejecutiva.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2019)