La Asamblea Nacional francesa votó abrumadoramente el lunes a favor de la ley "antidisturbios" del presidente Emmanuel Macron, debilitando el derecho de la protesta y expandiendo aún más los poderes de la policía.

La ley fue anunciada por primera vez en enero por el primer ministro Edouard Phillippe en respuesta a las protestas de los "chalecos amarillos" contra la desigualdad social. Marca un paso significativo en la transformación de Francia en un Estado policial. En línea con un giro similar de los Gobiernos capitalistas en Europa e internacionalmente, desde Hungría, Brasil, Estados Unidos y otros lugares, la clase dominante francesa está respondiendo al crecimiento de la oposición social en la clase obrera al aumento sin precedentes de la desigualdad social expandiendo sus poderes represivos.

El proyecto de ley será aprobado por el Senado, la cámara alta de Francia, dentro de un mes. Se estipula que:

• Los prefectos de la policía podrán prohibir que cualquier persona asista a una protesta pública durante un mes. Todo lo que se requiere es que el gobierno crea que "existen razones serias para pensar que su comportamiento constituye una amenaza particularmente grave para el orden público".
• Cualquier persona prohibida de participar en protestas será agregada a una lista de vigilancia gubernamental. Se les autorizará a los ministros del Interior y Justicia "poner en marcha el monitoreo automático de la información personal, a fin de garantizar la vigilancia, a nivel nacional, de los que tienen prohibido participar en protestas públicas".
• Los oficiales de policía tendrán la facultad, según lo dicho por el fiscal del estado, para registrar las bolsas y los autos de cualquier persona en una protesta o "su entorno inmediato". Esto consagra en ley una práctica ya existente: la policía ahora inspecciona de manera rutinaria los autos y bolsas de los manifestantes de los "chalecos amarillos", buscando cualquier objeto que puedan reclamar que pueda servir como "arma improvisada".
• Ahora será un delito ocultar “voluntariamente, total o parcialmente, el rostro para no ser identificado en circunstancias en que podrían generar temor sobre una amenaza al orden público”. El uso de una máscara en una protesta ya era castigable con una multa de 1.500 euros, pero este límite superior ahora se aumentará a 15.000 euros y un año de prisión.

Se ha observado ampliamente que las prohibiciones de la policía de ocultar "parcialmente" la cara pueden aplicarse a lentes de sol grandes y bufandas. También incluiría las máscaras respiratorias que algunos han utilizado en las protestas de los "chalecos amarillos" ante los ataques de la policía con gases lacrimógenos, y máscaras para protegerse de los disparos en la cara y la cabeza con balas de goma y granadas de aturdimiento.

El proyecto de ley originalmente indicaba que se aplicaba si la persona que llevaba una cubierta facial para preparar un acto criminal, pero esto se eliminó mediante una enmienda a fines del mes pasado después de que los diputados declararan que la ley sería "inaplicable". En cambio, la persona arrestada ahora tendrá que demostrar que tenía un "motivo legítimo" para ocultar su rostro. Laurence Vichnievsky, del partido Movimiento Democrático, quien presentó la enmienda, dijo que era necesario "trasladar la carga de prueba" del Estado al acusado.

Aquellos prohibidos de las protestas podrán apelar ante un juez administrativo, pero los abogados citados en los medios de comunicación han dejado claro que tales apelaciones son prácticamente imposibles de llevar a cabo para un ciudadano común. Mientras que el Gobierno tiene ordenado proporcionar 48 horas de aviso para cualquiera sujeto a esta prohibición, esto no aplica si no son capaces de llegar a la persona.

Nadie cree en las afirmaciones absurdas del Gobierno de que estos cambios están dirigidos contra "alborotadores". El ministro del Interior, Christopher Castaner, publicó un anuncio en Facebook el domingo por la noche, afirmando que debido a "insinuaciones, aproximaciones y falsedades, se están generando temores y dudas". La ley está "dirigida a proteger el derecho de protestar", que "con demasiada frecuencia los delincuentes ponen en peligro".

Castaner se refirió a los más de 1,200 manifestantes heridos desde el inicio de las protestas de los "chalecos amarillos" hace 12 semanas, pero no agregó que la mayoría fue herida por asaltos de la policía antidisturbios, que atacaron a los manifestantes con porras y gases lacrimógenos e hicieron volar las manos de los trabajadores con granadas de aturdimiento, y les sacaron el ojo a más de 20 personas con balas de goma.

En cualquier caso, esta pretensión fue prescindida por la diputada del Gobierno, Alice Thourot. Le dijo a Le Figaro el 31 de enero que "la población francesa no entiende por qué los individuos deberían encontrarse en manifestaciones que pertenecen a pequeños grupos de extrema derecha y extrema izquierda que ya sabemos, que son constantemente culpables de violencia". Claro que la ley está dirigida en última instancia a criminalizar la oposición de izquierda.

El proyecto de ley fue votado por 392 votos a favor y 92 en contra. Los que votaron en contra incluyeron el Partido Socialista (PS), Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional neofascista de Marine Le Pen. Todos estos partidos apoyan la expansión de las fuerzas estatales en contra de la clase trabajadora y votaron en contra del proyecto de ley solo porque sus votos no fueron necesarios para asegurar su aprobación.

El hecho de que el partido de Le Pen, los descendientes del régimen fascista de Vichy, pueda presentarse como defensores de la "libertad individual" contra la ley de Macron, es una prueba más de que la capacidad de la extrema derecha para ganar cualquier audiencia popular depende de las políticas derechistas de Estado policial y austeridad de los partidos capitalistas supuestamente más "moderados".

Los votos por el "no" de Francia Insumisa y el PS no son menos cínicos. En noviembre de 2015, el Gobierno del PS de François Hollande impuso un estado de emergencia, suspendiendo los derechos democráticos básicos y otorgando a la policía grandes poderes, utilizando como pretexto los atentados terroristas en París. El partido de Mélenchon apoyó la imposición del estado de emergencia, que luego se extendió por dos años y se usó repetidamente contra trabajadores y protestas estudiantiles.

Ninguna facción la élite política defiende los derechos democráticos. Esto se extiende a todas las federaciones sindicales, que no han organizado ninguna oposición a la ley "antidisturbios". Los sindicatos, que reciben más del 90 por ciento de sus fondos del Estado y los empleadores y desempeñan su papel asignado como una fuerza de policía industrial para las corporaciones, fueron explícitamente hostiles a las protestas de los "chalecos amarillos" desde el principio. Laurent Berger, el titular de la CFDT, la federación sindical más grande de Francia, ha pedido repetidamente medidas gubernamentales más duras contra los manifestantes "violentos".

Al no haber puesto fin a las protestas a través de la represión estatal, los sindicatos se han volcado a los llamamientos para "fusionar" las protestas con los sindicatos, llamando el martes un "día de acción" nacional, para ganar el control de las protestas y estrangularlas.

Las nuevas leyes, posteriores a la reciente visita de Macron para solidarizarse con el dictador egipcio Abdelfatah al-Sisi, y sus elogios al líder del régimen de Vichy, el mariscal Pétain, como un "gran soldado", subrayan los graves peligros que enfrenta la clase obrera en Francia e internacionalmente. La clase dominante, que se enfrenta a una degradación económica cada vez mayor del sistema capitalista, responde al creciente movimiento de trabajadores y jóvenes contra la guerra y la pobreza mediante la construcción de un Estado policial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de febrero de 2019)