En un documento extraordinario en el diario Australian de Rupert Murdoch el 18 de enero de 2019, el veterano comentarista político Henry Ergas escribió favorablemente acerca de las concepciones político-legales de Carl Schmitt, el magistrado nazi que preparó doctrinas legales para justificar la destrucción de la Constitución de la República de Weimar y el establecimiento de la dictadura de Hitler.
Según su perfil online en el Australian, Ergas “es un economista que pasó muchos años en la OCDE en París” y ha “enseñado en varias universidades, incluyendo la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, la Universidad de Auckland y la École Nationale de la Statisque et de l’Administration Économique de París”. El señor Ergas actualmente es profesor adjunto en la Universidad Monash.
En un artículo titulado “¿Nos encaminamos hacia una crisis de la democracia? Los poderes de emergencia pueden ser la única solución a las crisis”, Ergas se refirió a la crisis política en los Estados Unidos surgida del cierre gubernamental, y la crisis en el Reino Unido por el Brexit. Opinó que, a pesar de los peligros potenciales de tal rumbo para la democracia liberal, la adopción de poderes de emergencia en las circunstancias, que son un “estado de excepción” según las concepciones legales de Schmitt, le ofrecieron una salida a Donald Trump y posiblemente a Theresa May. Es más, dados los “grandes aprietos” políticamente, tanto en los EUA como en el Reino Unido, Ergas sugirió que “puede que haya llegado por fin la hora de Schmitt”.
Dada la franqueza de haber recurrido a la doctrina legal nazi en el diario de sucesos de Murdoch en Australia (Murdoch también es el dueño del Wall Street Journal ), merece la pena extraer partes del comentario de Ergas con algo de detalle. Escribe:
En 1923, mientras la República de Weimar luchaba con el caos, el polímata alemán Carl Schmitt escribió un libro breve pero enormemente influyente, La crisis de la democracia parlamentaria. Schmitt después destruyó su reputación mediante su colaboración con el régimen de Hitler. Pero si se cita cada vez más su libro es porque sus repercusiones actuales son innegables.
Decir eso no es sugerir que las circunstancias de hoy se parezcan a las que llevaron a Europa a los horrores del totalitarismo. Aún así, con el gobierno estadounidense sumido en un cierre que es probable que solo una declaración presidencial de un estado de emergencia pueda poner fin, y Gran Bretaña en una crisis que parece irresoluble, las advertencias de Schmitt no pueden ser simplemente desestimadas.
La noción de “democracia liberal”, argumentó, estaba fundamentalmente mal concebida. El liberalismo y la democracia habían sido ciertamente aliados en la batalla para refrenar el poder de los monarcas. Pero una vez logrado eso, las tensiones entre ellos había estallado a la superficie y empeoraría inevitablemente a medida que se desarrollaban las sociedades.
Las instituciones liberales —el parlamentarismo, el Estado de derecho, la separación de poderes— existían para moderar el impulso democrático, canalizándolo hacia una “conversación interminable” que fácilmente condujo a callejones sin salida. Sin embargo, cuando juntaron fuerza explosiva, las presiones de la democracia, la expresión bruta y a menudo rudimentaria de la voluntad popular —no eran encorraladas tan fácilmente.
Cuando el liberalismo chocaba con la voluntad popular, uno de los dos tenía que arrollar al otro, precipitando al sistema hacia el “estado de excepción” —es decir, la suspensión de la situación acostumbrada. Y, como dice Schmitt en otro famoso libro suyo, Teología política, cuando se ponen las fichas, “soberano es aquel que decide acerca de la excepción”.
Dicho de otra manera, en cualquier sistema político el gobernante en última instancia es el actor que, una vez que el consenso se ha desgastado tanto que vuelve impracticable al sistema, puede imponer un desenlace invocando poderes de emergencia.
Al ponerse cada vez más duro el conflicto entre el liberalismo y la democracia, argumentaba Schmitt, entraríamos en una era de estados de emergencia, erosionando los cimientos del liberalismo.
Ergas continúa el comentario, con una discusión que considera los riesgos para la democracia liberal implicados en la invocación de las medidas de emergencia en circunstancias excepcionales. Refleja que la dependencia de una “dictadura constitucional” no sería necesariamente fatal para el sistema político, y se refiere a la experiencia histórica de las ciudades-Estado griegas que eran gobernadas en una “soberanía absoluta temporal” para superar la lucha de facciones cuando la ciudad se estaba viniendo abajo. En última instancia, Ergas está a favor de la declaración de la emergencia, es decir, el ejercicio del poder ejecutivo absoluto. Escribe:
A pesar de todas esas limitaciones, está claro que declarar una emergencia le ofrece una salida a Trump. Hay, con todo, una cuestión fundamental respecto a si Theresa May tiene alguna de esas opciones.
A pesar de los precedentes aislados, la respuesta es probablemente que no. Más bien, las semanas recientes han sido testigos de una erosión permanente en el poder del [cargo de] Primer Ministro británico, no en último lugar mediante la pérdida del control del gobierno que tanto le costó conseguir, hace casi dos siglos, sobre el orden de asuntos del parlamento...
Schmitt pensó que el apuro de May se haría cada vez más común. Y el único resultado que podría seguir, argumentaba, era que el estado de emergencia se volviera la norma: de una u otra manera, la excepción tenía que volverse la regla, permitiendo que el gobierno continúe funcionando. Con los hogares ancestrales gemelos del constitucionalismo liberal ambos en grandes aprietos, puede que haya llegado por fin la hora de Schmitt.
Carl Schmitt: el jurista supremo nazi y el “estado de excepción”
La invocación por parte de la prensa de Murdoch de las circunstancias extraordinarias, creadas por la crisis de gobierno burgués en los EUA y el Reino Unido que justifican una “dictadura constitucional”, sigue idénticamente la dinámica política y de clase de los '30 y las justificaciones legales y constitucionales que planteaban Schmitt y otros abogados nazis para la destrucción del gobierno constitucional de la República de Weimar, y el establecimiento de la dictadura, tras el incendio del Reichstag el 28 de febrero de 1933.
El 23 de marzo, el Reichstag controlado por los nazis aprobó leyes “habilitadoras” que declaraban que el ejecutivo tenía la potestad de hacer leyes. La Ley, referida como “La ley para aliviar el sufrimiento del pueblo y del Reich” consolidó el poder dictatorial en Alemania bajo Hitler. Esencialmente transformó en ley opiniones legales preparadas con anterioridad por Schmitt. Esas autorizaban el gobierno del ejecutivo a causa del “estado de excepción” en Alemania, es decir, su crisis económica y política y la supuesta amenaza de revolución. Schmitt dispuso una “defensa legal” de la legislación habilitante en el Deutsche Juristen Zeitung el 25 de marzo de 1933, en la cual opinaba que la prerrogativa ejecutiva era irrestricta en tiempos de crisis nacional (citado en F. Neumann, Behemoth; The Structure and Practice of National Socialism, Londres, 1942).
Schmitt era un reaccionario con una hostilidad profunda hacia la participación de las masas en la democracia de Weimar tras la Primera Guerra Mundial. Como muchos intelectuales de derechas de su generación, se desesperaba ante el liberalismo, y la inestabilidad, del mundo moderno, que él sentía que estaba, con su fuerte origen católico de clase media, desprovisto de orden y significado. Schmitt detestaba la mezcla cosmopolita del liberalismo, el protestantismo y la cultura de los judíos asimilados en la Alemania de fines del siglo XIX y principios del XX. El haber sido testigo de la revolución comunista en Baviera en 1919 intensificó su apoyo autoritario del uso violento del poder del Estado contra la revolución socialista.
Teniendo como fondo la inestabilidad de los años de Weimar, Schmitt desarrolló concepciones cada vez más dictatoriales de régimen estatal, basadas en “excepciones” y “emergencias” que justificaban desvíos de la “norma” política. En su trabajo publicado en 1922, titulado Teología polítical, Schmitt expuso la idea de “estado de excepción” ( Ausnahmezustand ). Esta teoría fue desarrollada mediante una crítica jurisprudente derechista del “normativismo” en el pensamiento legal positivista, que sostenía que la ley era la expresión de normas abstractas generales aplicables en todas las circunstancias. En particular, Schmitt desarrolló la idea del “estado de excepción” en una crítica de las teorías legales positivistas del experto austríaco en leyes Hans Kelsen (que tenía simpatías socialdemócratas y era un opositor intelectual de Schmitt).
Schmitt rechazó la idea de que las normas abstractas formaban la base del derecho. Sostenía que “como todos los otros órdenes el orden legal descansa en una decisión y no en una norma”. La soberanía, según Schmitt, se basaba en la decisión y no en la legalidad. De manera más significativa, argumentaba Schmitt, el Estado se confrontaba con situaciones por fuera de la norma que eran excepcionales. El Soberano, declaró, en su frase más famosa, “es aquel que decide sobre el estado de excepción”. La excepción no podría ser mediada por conceptos legales, y por lo tanto todo el orden estaba basado solo en la decisión. No podría haber regulación “normativa” de situaciones excepcionales. La autoridad que traía el orden al estado excepcional era la condición sine qua non del orden legal. En suma, Schmitt declaró, auctoritas non veritas facit legem —la autoridad, y no la verdad, hace la ley. Estaba preparando conscientemente un marco teórico radical para la destrucción violenta por parte de los nazis del parlamentarismo liberal y el movimiento socialista.
Mientras los nazis iban consolidando el poder, Schmitt propuso teorías en apoyo del “Führerprinzip” —el principio del líder. Afirmaba que el führer era el juez más alto de la nación, ante el cual no había posibilidad de recurso. El líder era la personificación de la voluntad de los pueblos y por lo tanto, afirmaba Schmitt, “la ley es el plan y la voluntad del líder” (“Führer Schutzt das Recht” en Positionen und Begriffe, Berlín, 1934) .
Veinte años de ataques al constitucionalismo
Durante las últimas dos décadas, los cimientos constitucionales de la democracia liberal han estado siendo atacados. Este proceso legal político viene siendo impulsado por una crisis económica que se profundiza y un conflicto de clases que se intensifica. De manera más significativa, es el producto de la desigualdad social de una magnitud sin precedentes históricamente. La democracia burguesa y el gobierno parlamentario tradicional son totalmente incompatibles con las vastas concentraciones de riqueza.
En la época del imperialismo, la dinámica de la sociedad de clases dio origen a fenómenos políticos y legales generales similares en todos los países capitalistas. Bajo las inmensas presiones del conflicto de clases, la crisis económica y la rivalidad interimperialista, la clase gobernante ataca las estructuras democráticas mientras persigue imponer su voluntad por la fuerza. Al mismo tiempo, los abogados partidistas desarrollan “teorías legales” para justificar la transformación radical del sistema legal y constitucional.
En los Estados Unidos, a partir de las elecciones robadas del 2000, sucesivas administraciones han estado atacando las restricciones constitucionales al poder ejecutivo y su protección de los derechos democráticos. Utilizando el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”, el ejecutivo invocó un “estado de excepción” para agrandar las potestades del ejecutivo y fomentar el gobierno arbitrario. Los abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia desarrollaron justificaciones legales y teorías, que se inspiraron en gran medida en las tradiciones legales germánicas del StaatsRecht, que no tenía absolutamente nada que ver con la historia de la doctrina política o legal estadounidense. Un examen de esas opiniones y teorías legales claramente revela que sus autores se inspiraron en gran medida en las concepciones legales schmittianas, sin revelar explícitamente su proveniencia. Desde esos tiempos, las élites gobernantes de los Estados Unidos, culminando en la administración Trump han continuado la destrucción sistemática y consciente de los cimientos constitucionales del gobierno representativo estadounidense. De hecho, este ha sido un proceso mundial, que puede ser descrito con propiedad, históricamente, como el “reordenamiento constitucional del régimen burgués”. De manera más significativa, este proceso ha sido incitado por toda la élite liberal, que ha sido corrompida por la riqueza generada en un mercado de acciones en expansión.
La decadencia y la degeneración que han atacado a la cultura política y legal entre las élites gobernantes y la intelectualidad liberal, en los EUA, el Reino Unido, Europa y Australia, es extraordinario, y claramente tiene profundas raíces en la crisis histórica del capitalismo mundial. La capitulación de las élites liberales ante la autoridad del Estado, y la renuncia de cualquier lealtad a los derechos democráticos y normas constitucionales, refleja los agudos temas de clase implicados en esta cuestión.
Tras el ataque a los derechos democráticos desencadenado por la administración Bush después del 11 de septiembre y en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, muchos liberales de antes proclamaron su apoyo a las medidas excepcionales tomadas por el régimen. Proclamaron que “la Constitución no es un pacto suicida” y que la seguridad nacional tiene primacía por encima de la protección constitucional de los derechos. Dijeron que la suspensión de esos derechos estaba garantizada a causa de la amenaza terrorista, lo cual era, desde luego, una premisa completamente inventada.
Un destacado intelectual liberal, Michael Ignatieff, justificó la suspensión de los derechos constitucionales en base a que representaban “el mal menor” en comparación con la amenaza terrorista y declaró que era necesario en las circunstancias “combatir el mal con el mal”. Esto en realidad equivalía a descender a la concepción de las relaciones “legales” de la Edad Oscura. Solo para ilustrar la trayectoria política de esta capa social, Ignatieff más tarde se encaminó a llegar a ser el líder del Partido Liberal de Canadá. Esto era alguien que antes había sido profesor en el gobierno en Harvard, había escrito una biografía galardonada de Isaiah Berlin, y encomió las virtudes del sistema liberal del gobierno constitucional.
El fantasma de la revolución
La clase capitalista a nivel internacional y sus agentes en las élites liberales, los partidos tradicionales y las burocracias, son empujados por un profundo miedo a las revueltas obreras y el espectro de la revolución socialista. Saben, o intuyen, que el orden establecido ha perdido toda su legitimidad y se enfrenta a una histórica crisis existencial de gobierno. El miedo al socialismo y a la revolución, particularmente en el contexto del éxito de los bolcheviques en Rusia en 1917, fue una fuerza animadora central que llevó a las élites de Europa a abrazar el fascismo en los años '30. Las élites pusieron a Hitler en el poder en 1933 para destruir al movimiento socialista y atomizar a la clase trabajadora. En aquel entonces, tal como ahora, sentían que esto era necesario para defender la propiedad y el privilegio. Fundamentalmente, los movimientos fascistas son producto de una profunda crisis existencial del capitalismo en la época imperialista —al que la burguesía recurre para resolver la crisis en sus intereses de clase— y del hecho de que la clase trabajadora, mediante las traiciones de su dirección, no haya podido tomar el poder del Estado en sus propias manos.
Como en los '30, las élites gobernantes de todos los países están fortaleciendo cada vez más sus respectivos aparatos militares y de Estado policial mientras, al mismo tiempo, alientan el nacionalismo extremista y la xenofobia para dividir a las masas y desviar las tensiones sociales para proteger su gobierno.
En el ámbito del constitucionalismo y de los derechos democráticos, mediante sus agentes parlamentarios y políticos, la burguesía está desmantelando rápida y urgentemente el derecho constitucional y está eliminando protecciones legales fundamentales.
Se les da la bienvenida a los grupos ultraderechistas en las formas de gobierno “liberales y democráticas” y estos están ejerciendo una influencia dominante en la vida parlamentaria. En Alemania, la fascista AfD está a cargo de la Comisión para Asuntos Legales del Bundestag, el parlamento federal. La AfD es ahora el respetable partido de la oposición, aunque es despreciado por la amplia mayoría de la población.
En 2018, el parlamento australiano, según un informe legal reciente, eliminó derechos legales fundamentales en 34 nuevas leyes. En total, el gobierno de coalición liberal-nacional ha aplicado 354 provisiones en estatutos que abrogan cuatro derechos legales clave: la presunción de inocencia, el derecho a la justicia natural, el derecho al silencio, y el derecho contra la autoincriminación.
El ataque más extensivo a esos derechos ha tenido lugar en las áreas de la seguridad nacional, la tributación, y la legislación sobre influencia extranjera. Estas medidas, designadas para alterar el marco constitucional de gobierno, se dirigen todas a aumentar el poder central del Estado, apuntalando la fuerza fiscal del Estado y expandiendo el aparato de seguridad del Estado.
El comentario del Australian ahora simplemente ha expresado abiertamente el punto de vista de las élites gobernantes, que llevan dos décadas amparando: para hacer frente a la crisis política emergente producida por el colapso del capitalismo mundial, y especialmente a la rebelión de la clase trabajadora que se avecina, hay que instituir la dictadura para defender el orden existente.
Este llamamiento abierto al gobierno de emergencia y a la dictadura tienen que servir de aguda advertencia a la clase trabajadora. Hace apenas unos días, se revelaron planes para imponer la ley marcial en Gran Bretaña, para hacer frente al descontento social que se prevé que se desprenda de un Brexit sin acuerdo. Se contemplan toques de queda, prohibiciones de viajar, confiscación de propiedades, suspensión de leyes, y el despliegue del ejército, bajo la Ley de Contingencias Civiles de 2004. Al sacar partido de una crisis que ellos mismos hicieron, la clase gobernante británica no vacila en establecer una “dictadura parlamentaria”. La clase trabajadora internacional debería actuar en consecuencia, y construir urgentemente sus propias organizaciones políticas de masas independientes para defender sus intereses de clase —económicos, políticos y legales.
(Publicado originalmente en inglés el 8 de febrero de 2019)