El domingo, decenas de miles de personas se congregaron en una protesta convocada por los principales partidos de la derecha española en la madrileña Plaza de Colón. El Partido Popular (PP), Ciudadanos, y el ultraderechista partido Vox habían contratado cientos de autobuses para traer simpatizantes derechistas desde todas partes de España, para exigir “echar” al presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez por sus negociaciones con los nacionalistas catalanes.

Entre 20.000 y 45.000 personas participaron en la protesta, para escuchar los discursos de los políticos de la derecha. Entre los participantes también había grupos como el neonazi Hogar Social, la Falange española, España 2000, y el principal sindicato de la policía de España, el Sindicato Unificado de Policía. El papel de esta última organización subraya el papel crítico de la máquina estatal en promocionar la protesta y el ascenso más amplio de la agitación neofascista y anticatalana.

La protesta tuvo lugar un día antes del juicio a los doce dirigentes independentistas catalanes, quienes se enfrentan a hasta 25 años de cárcel acusados de rebelión y malversación por organizar el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, el gobierno en minoría del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez se basa en el apoyo de Podemos y de los nacionalistas catalanes en el parlamento para intentar aprobar los presupuestos esta semana.

Esta semana el PP y Ciudadanos, con el apoyo de los medios de la derecha, empezaron a agitar en apoyo de la manifestación y —como las encuestas muestran que el PP y Ciudadanos están bien posicionados para sacar un buen resultado si hubiera elecciones ahora— potencialmente desbancar al gobierno del PSOE a causa de los presupuestos. El dirigente del PP Pablo Casado acusó a Sánchez de “alta traición” por discutir los presupuestos con los independentistas catalanes. Dijo que Sánchez “está cometiendo un acto de felonía, está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española”, comparando a Sánchez con un traficante de drogas.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió “la defensa de la Consitución más allá de ideologías o siglas”. Añadió, “hay que parar a Sánchez en las calles”.

El pretexto para la protesta fue la decisión del gobierno del PSOE de incluir un “mediador” en las conversaciones previstas entre los partidos que tienen por objeto crear un diálogo con los nacionalistas catalanes. La decisión del PSOE fue parte de su intento de ganarse el apoyo de los nacionalistas en la próxima votación de los presupuestos, después de que los legisladores proindependentistas esta semana anunciaran que podrían bloquear los presupuestos de 2019 de España. El “mediador” era una vieja exigencia de los nacionalistas catalanes.

Poco después, Casado le dijo a la agencia española de noticias EFE que designar un mediador era el “error más grave” desde la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 —cuando más de 200 Guardias Civiles armados con subfusiles mantuvieron como rehenes durante 18 horas al parlamento y al gabinete. Casado llamó a Sánchez “el mayor traidor a la continuidad histórica de la democracia española” y un “felón”, mientras tildaba de ilegítimo a su gobierno.

Los comentarios de Casado motivaron a la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, del PSOE, a decir que su lenguaje “recordaba a la Guerra Civil [española]”.

Sin embargo, también los políticos del PSOE atacaron a Sánchez por este tema. El presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page dijo que Sánchez tiene que “hacer su papel, defender la constitución”, mientras que el presidente de Aragón Javier Lambán dijo que “aprobar unos presupuestos no justifica concesiones que cuestionen la Constitución, la unidad de España, el Estado de derecho o la decencia”.

Que se celebre tal protesta ultraderechista en España, que todavía tenía un gobierno fascista hace apenas cuatro décadas, y del que la gente aún se acuerda, es una advertencia a la clase trabajadora. Los partidos derechistas y neofascistas no tienen apoyo de masas y dependen del apoyo directo de la maquinaria estatal. Sin embargo, los acontecimientos están confirmando las evaluaciones que hiciera el World Socialist Web Site de que la élite gobernante española está utilizando el referéndum catalán de 2017 para reestructurar drásticamente la vida política y dirigirse hacia formas autoritarias de gobierno.

Todos los principales partidos capitalistas españoles temen la creciente oposición y actividad huelguística en la clase trabajadora y la juventud, a nivel mundial y en Europa. Mientras el movimiento de los “chalecos amarillos”, movimiento en gran medida obrero, hace que se arrodille el gobierno del presidente Emmanuel Macron en la vecina Francia, y mientras cientos de miles de personas protestan contra el gobierno ultraderechista en Italia, la actividad huelguística está creciendo en la clase trabajadora española.

Solo en junio, hubo 49 huelgas según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo que provocó la pérdida de 2,9 millones de horas de trabajo. Según cálculos de la CEOE, en comparación con el mismo mes el año pasado, el número de trabajadores que participaron en huelgas aumentó un 622 por ciento y la cantidad de horas perdidas por huelgas aumentó un 575 por ciento. Esto se debió en gran parte a una huelga nacional del taxi.

Ninguna organización política en España, sin embargo, habla por la creciente oposición al gobierno del PSOE en la clase trabajadora. Lo que predomina en lo que pasa por ser la “izquierda” es la política pseudoizquierdista de Podemos y sus varios aliados pequeñoburgueses, y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Son partidos estatales en gran medida orientados hacia el PSOE, sin embargo, y todos temen la creciente oposición social en la clase trabajadora más de lo que temen la influencia creciente de la extrema derecha y las fuerzas autoritarias.

Esas fuerzas, como el propio PSOE en el gobierno, se están adaptando todas al impulso hacia la austeridad y al régimen de Estado policial, y ayudan a supervisarlos. Ayer, Sánchez dijo que “respetaba” la manifestación pero exigía “lealtad” al PP y a Ciudadanos. Sánchez después recordó que el PSOE apoyó lealmente al gobierno del PP de Mariano Rajoy cuando envió a la policía contra el referéndum sobre la independencia catalana —para aplastar mesas electorales, suspender la autonomía catalana, y encarcelar a políticos catalanes y tenerlos como presos políticos bajo cargos de sedición y rebelión.

Antes de la manifestación, la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo había intentado apaciguar a la derecha, afirmando sin demasiada convicción que lo que el PSOE llama un “reportero” “no es un mediador”. Añadió que la persona sería “alguien que tome notas, que nos llame a las reuniones, que coordine”.

Para el viernes, el gobierno del PSOE anunció que estaba dando marcha atrás. Calvo dijo que las conversaciones con los partidos independentistas catalanes sobre los presupuestos habían fracasado, y que Madrid ya no haría más propuestas. “Este gobierno tomó la firme decisión de extender cuantos puentes nos fuera posible, pero ahora mismo el marco que hemos creado no está siendo aceptado por los partidos proindependentistas”, dijo Calvo.

“Sin unos presupuestos, la legislatura se acorta”, añadió, advirtiendo de que si el miércoles los nacionalistas catalanes vetaban los presupuestos en el parlamento, eso podría determinar que se convocaran elecciones anticipadas.

También lo único que ha hecho Podemos ha sido envalentonar a la derecha. Fue el principal artífice de la asunción del gobierno por parte del PSOE el año pasado, adaptándose a las amenazas continuadas de Sánchez contra los nacionalistas catalanes. Ahora, mientras el PSOE debate si convocar o no elecciones anticipadas, Podemos se está aferrando desesperadamente a su acuerdo presupuestario con el PSOE, escribió Público, para mostrar que puede “influir al PSOE hacia la izquierda”.

Los acontecimientos están exponiendo una vez más la bancarrota de los nacionalistas catalanes, que también ayudaron en la investidura del gobierno en minoría del PSOE.

El presidente catalán Quim Torra le pidió a Sánchez el domingo que “reconsiderara” el diálogo con los nacionalistas catalanes. “Lo esperamos en la mesa para hablar”, se ofreció Torra.

Según las noticias, los nacionalistas catalanes solo amenazaron con vetar los presupuestos en un intento por fortalecer su posición negociadora y no esperaban que el PSOE rompiera las conversaciones. El diario La Vanguardia notó que los nacionalistas catalanes “habían calculado que había tiempo hasta el lunes o el martes para seguir negociando, ya que los presupuestos son el miércoles”. Ahora parece que el PSOE se juega la supervivencia de su gobierno en un intento por obligar a los nacionalistas catalanes a apoyar su presupuesto de austeridad a pesar de que el PSOE mantenga encarcelados a los presos políticos nacionalistas catalanes.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2019)