Al menos 200.000 personas, 500.000 según los organizadores, marcharon en Barcelona el sábado contra el juicio de 12 líderes nacionalistas catalanes que comenzó la semana pasada en Madrid. El juicio se llevará a cabo tras el colapso del gobierno español el pasado miércoles. Los acusados están siendo procesados por cargos fraudulentos de sedición y rebelión tras organizar el referéndum de 2017 sobre la independencia catalana de España. Se enfrentan a una posible sentencia de hasta 25 años de prisión.

La marcha fue convocada por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, ambos prosecesionistas, así como varios partidos políticos. Estos incluyen Junts per Catalunya, la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y Catalunya en Comú respaldada por Podemos. Varios sindicatos también apoyaron la protesta.

Los manifestantes marcharon pacíficamente bajo pancartas que decían "La autodeterminación es un derecho, no un delito", "Nos están juzgando a todos" y "J’accuse". El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, dirigió la marcha.

La participación masiva fue un indicio de una oposición mucho más amplia, centrada sobre todo en la clase trabajadora, a los pasos de la burguesía hacia establecer un Estado policial en España. Esto procede con el apoyo de la Unión Europea y se basa en una propaganda anticatalana que emplea las mismas farsas políticas en las cuales se fundamenta el juicio fraudulento en Madrid.

Los partidos nacionalistas catalanes son partidos burgueses y proausteridad orientados a la Unión Europea. Apoyan tácitamente las guerras de la OTAN. Su perspectiva es antagonista a la lucha por unificar a los trabajadores de toda la península Ibérica contra la marcha hacia el gobierno autoritario.

Sin embargo, a pesar del carácter reaccionario de estos partidos, se debe rechazar inequívocamente el proceso amañado en Madrid.

Al igual que la protesta del sábado, el referéndum independentista de 2017 se llevó a cabo de manera pacífica. Cualquiera que haya sido la violencia que ocurrió fue perpetrada por la policía española, que atacó a votantes pacíficos. Las acusaciones presentadas son de rebelión, legalmente definidas como un levantamiento insurreccional y violento. Esto equivale a prohibir efectivamente la protesta y la oposición política al Estado y constituye un paso importante hacia un Gobierno autoritario.

El fiscal Javier Zaragoza, hablando en la Corte Suprema el segundo día del juicio, denunció a los votantes catalanes como "muros humanos [que] impidieron la legítima actuación policial". Agregó que los “hechos violentos del [referéndum del] 1-O no creo que deba ser atribuidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a los que movilizaron a miles de ciudadanos… conociendo la ilegalidad” de la votación.

De hecho, la policía agredió a los votantes mientras intentaba apoderarse de las papeletas en 92 centros de votación en toda Cataluña, hiriendo a más de 1.000 personas. La responsabilidad reside en el Gobierno del Partido Popular (PP) que estaba en el poder en ese momento y envió a 16.000 policías a Cataluña. La comparten el Partido Socialista (PSOE), que respaldó está movida, y Podemos, que se negó a oponerse. La policía arrestó a los principales funcionarios regionales catalanes, cerró 144 sitios web, incautó millones de carteles y folletos, inspeccionó imprentas, prohibió reuniones y amenazó a más de 700 alcaldes por haber apoyado el referéndum.

Una indicación del carácter fraudulento de los cargos de rebelión es que los tribunales de Bélgica, Reino Unido y Alemania se negaron a extraditar a los funcionarios catalanes que huyeron de España y enviarlos de regreso a Madrid para ser juzgados. Esto incluye al presidente regional, Carles Puigdemont.

El Gobierno español pretende decapitar políticamente a los partidos nacionalistas catalanes. Un total de 29 personas, siete de las cuales, incluyendo Puigdemont, están en el exilio, son buscadas o están siendo procesadas. Más allá de los 12 en juicio, cuatro policías regionales catalanes se enfrentan a un caso diferente, al igual que seis parlamentarios catalanes acusados de desobediencia.

Desde el principio, ha quedado claro que a los acusados no se les permitirá un juicio justo. El Tribunal Supremo español, no el Tribunal Superior de Justicia catalán, está a cargo del caso. Madrid sostiene que esto se debe a que los sitios web creados para el referéndum están basados fuera de Cataluña, las papeletas vinieron de Francia y hubo observadores internacionales presentes.

De hecho, el Estado español está utilizando a su máxima corte para controlar los procedimientos. Los jueces del Tribunal Supremo son nominados por el Consejo General del Poder Judicial, que está compuesto por personas nominadas por el PP y el PSOE. Recientemente se filtró que el portavoz del Senado del PP, Ignacio Cosidó, escribió en WhatsApp que desde el PP "controlaremos" la corte "desde detrás" gracias a estas nominaciones.

La asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), entre otros grupos de expertos legales, advirtieron que no se les ha dado suficiente tiempo a los acusados para preparar sus casos. La AED publicó una declaración señalando que su detención previa al juicio por más de un año sin haber sido acusados tendrá "consecuencias negativas en la capacidad de cada uno de ellos para defenderse". Durante los tres meses que se espera que dure el juicio, los detenidos tendrán que levantarse cada día a las 6 am y pasar al menos dos horas viajando a la corte y de regreso. Estarán encerrados en habitaciones separadas durante los descansos.

El panel de siete jueces, encabezado por Manuel Marchena, rechazó a 50 testigos de la defensa, incluyendo el propio Puigdemont, así como a otros testigos expertos y piezas vitales de evidencia que permitirían a los acusados responder a la versión de los hechos presentada por los fiscales. El panel estuvo de acuerdo con prácticamente todos los testigos y las pruebas presentadas tanto por el fiscal, el procurador general de España (controlado por el Gobierno del PSOE) y el partido profascista y anticatalán Vox.

La única fuerza que puede detener el impulso hacia el gobierno autoritario es la clase obrera. Desacreditada, aislada y despavorida ante la creciente oposición que se ha reflejado en las olas de huelga sen Portugal y en las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, la élite gobernante está decidida a montar un Estado policial. Los intentos de los nacionalistas catalanes de apelar al diálogo y profesar su amor por la paz son tramas políticas en quiebra cuyo objetivo es llegar a un acuerdo con el resto de la clase capitalista. Esto no detendrá el impulso hacia un gobierno autoritario.

El jueves, el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, declaró que es un preso político: "Estoy convencido de que me acusan por mis ideas y no por mis hechos", dijo. Al mismo tiempo, pidió “una salida política" junto al Estado español. Añadió que “al otro lado siempre nos hemos encontrado con sillas vacías… Hemos estado y estamos dispuestos al diálogo, pero nunca hemos sido escuchados". Concluyó: “He dicho en muchas oportunidades que amo España, a su gente, su lengua, su cultura".

A pesar de los alegatos de Junqueras, la UE respalda el linchamiento judicial en Madrid. La semana pasada, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, respaldó el juicio y declaró: "Confiamos plenamente en el sistema legal en España".

El viernes, la UE prohibió una conferencia titulada "Cataluña y el juicio sobre el referéndum: un desafío para la UE". El evento fue organizado por el partido separatista flamenco N-VA, en colaboración con Puigdemont y Quim Torra, el anterior y actual presidente de la Generalitat, respectivamente. La UE afirmó que los funcionarios de seguridad habían advertido que el evento podía "representar una amenaza para el mantenimiento del orden público en la sede del Parlamento". Citó una ocupación pacífica de los edificios de la Comisión Europea en Barcelona por parte de manifestantes secesionistas, así como "las tensiones relacionadas con el inicio del juicio contra líderes independentistas".

La funcionaria del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, tuiteó que dicho organismo canceló el evento bajo la presión de los principales partidos españoles.

Mientras tanto, el Gobierno interino del líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien el viernes convocó elecciones anticipadas después de perder la votación sobre el presupuesto, llamó a las embajadas de España a defender el juicio en Madrid. El proyecto España Global está preparando una campaña de desprestigio internacional que utilizará videos y redes sociales y se dirigirá contra los secesionistas catalanes.

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, dijo que existe una "preocupación general en el gobierno" por el impacto del juicio en la reputación de España. Ella continuó: "Me consta que el poder judicial está muy bien preparado para explicar a la prensa española y extranjera lo que está pasando de verdad, en términos jurídicos y técnicos, porque es previsible que traten de desinformar, de hacer malas interpretaciones de cuestiones procesales para aumentar el victimismo". Agregó que la Presidencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores se encargarían de la información "más política".

El autor también recomienda:

La farsa de juicio a los nacionalistas catalanes y el peligro de la extrema derecha en España
[15 febrero 2019]

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de febrero de 2019)