La ola nacional de huelgas —incluyendo los 70.000 trabajadores de maquiladora en Matamoros, huelgas de maestros en cinco estados, y la amenaza de un paro por 90.000 trabajadores de Walmart— ha expuesto la creciente radicalización de las masas después de décadas de una intensificación de la desigualdad y militarización. La clase dirigente mexicana ha reaccionado al surgimiento de las masas al tratar de asegurar al capital financiero de que puede mantener su flujo de beneficios.

La defensa de los intereses estadounidenses puede ser visto más abiertamente con el apoyo del Gobierno mexicano al ataque contra los inmigrantes del Gobierno de Trump y un voto casi unánime en el Congreso mexicano para crear una nueva Guardia Nacional.

La clase dirigente mexicana reconoce que lo que está en juego después de la rebelión en Matamoros es su alianza estratégica con el capital financiero y aparato militar y de inteligencia estadounidense que es la fuente de su riqueza y privilegio. Los conflictos entre diferentes sectores de la clase dirigente mexicana —incluyendo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como “AMLO”) y los partidos más abiertamente derechistas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN)— son sobre las tácticas más efectivas para suprimir el descontento social.

El impulso para defender la alianza entre EE UU y México ha llevado a un nivel de colaboración sin precedentes históricos entre AMLO, un supuesto “izquierdista” que está liderando una “Cuarta Transformación” de México, y el fascistizante Donald Trump, quien ha difamado a los mexicanos como “violadores y criminales”. Un artículo en la portada del New York Times el sábado detalla como el Gobierno mexicano ha físicamente prevenido que los solicitantes de asilo lleguen a la frontera estadounidense, ha detenido a los inmigrantes contra su voluntad, y les ha negado recibir visitantes y consejo legal.

El Gobierno mexicano ha dejado claro que lo que está en juego son los vínculos geopolíticos entre los dos países. “Lo que realmente queremos es evitar una confrontación pública con Trump”, le dijo un oficial gubernamental mexicano al Times. “El Sr. López Obrador no ha querido comprometer la relación profundamente interconectada entre los dos países”.

El destino de los inmigrantes está íntimamente conectado al impacto de las huelgas por los trabajadores de maquiladora del otro lado de la frontera en Matamoros. El aparato estatal que el Gobierno de AMLO está movilizando hoy contra los hombres, mujeres y niños centroamericanos que buscan escapar la pobreza y la guerra será usado mañana contra los obreros mexicanos que amenacen los intereses de los empresarios estadounidenses que AMLO desesperadamente quiere proteger. Además, el hecho que AMLO haya abandonado tan rápidamente a los inmigrantes en México es una indicación que no defenderá a los inmigrantes mexicanos viviendo en EE UU contra los ataques de Trump.

Se les debe advertir a los obreros: la clase dirigente está creando un vasto aparato estatal con un ojo consciente a los trastornos sociales que están en el horizonte. La semana pasada, cada uno de los miembros del Senado mexicano—controlado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de AMLO—votó por aprobar la Guarda Nacional de 60.000 miembros que fue propuesta por AMLO. En la Cámara de Diputados, la cual también es controlada por Morena, 463 diputados votaron “sí” a la propuesta de militarización y solo uno votó por “no”. El resultado de esta política va a ser decenas de miles de más muertes, matanzas extrajudiciales, y abusos de derechos humanos. El blanco principal no es el crimen organizado, sino el movimiento organizado de la clase obrera.

La facción de la clase dirigente por la que habla AMLO promueve el uso de los sindicatos para contener y disipar el enojo de los trabajadores. Enfrentado con la deslegitimación del aparato sindical, AMLO ha tratado de sembrar ilusiones en nuevos sindicatos “democráticos” por medio de una reforma laboral que fue introducida este año, así como la “Confederación Internacional de Trabajadores” (CIT) creada por el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia en febrero.

La creación de nuevos sindicatos tiene como meta prevenir que los obreros tomen su propia iniciativa independiente para lanzar huelgas como el movimiento en curso en Matamoros. Como dijo AMLO, “Mi recomendación es que aumenten los salarios, pero también se considere la situación de las empresas, que haya equilibrios. Tenemos que mantener las fuentes de trabajo”. En otras palabras, los obreros deben subordinar sus necesidades a las de los patrones o aceptar despidos masivos y cierres de plantas.

Sectores de la clase dirigente más abiertamente violentos han argumentado que se requiere una mano dura para intimidar a los trabajadores y someterlos a arrestos, prosecuciones y ataques físicos. El director de la organización principal de negocios mexicanos, COPARMEX, ha propuesto legislación para hacer paros como los que ocurrieron en Matamoros ilegal bajo la ley federal.

El 3 de marzo, el líder nacional del PAN emitió un comunicado público culpando a las huelgas por una disminución en el crecimiento del PIB previsto para el 2019. “Desafortunadamente tenemos que decir que es mediocre e insuficiente el 1,6 por ciento de crecimiento económico que prevé el Banco de México para este año. En buena medida esto es producto de los paros laborales y huelgas...Es lamentable que el Gobierno federal no esté generando certeza para las inversiones y estabilidad laboral en las empresas”, declaró el líder del PAN Marko Cortés. Exigió que la secretaría de trabajo “desactive”, i.e., declare ilegal, los paros laborales y más de 380 emplazamientos a huelga activos.

Los sectores abiertamente derechistas de la clase dirigente también exigen que AMLO ceda a la operación de cambio de régimen de EE UU en Venezuela. “Al estar de lado de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua—lo que queda de la izquierda jurásica de Latinoamérica—López Obrador se está aislando del resto de Latinoamérica, y de aliados estadounidenses clave”, escribió el columnista del Miami Herald Andrés Oppenheimer.

En un país en el que EE UU le robó la mitad de su territorio, el Gobierno de AMLO está explotando un profundo sentimiento antiimperialista y su propio miedo de que un golpe pueda sentar un precedente para la destitución de otros aliados estratégicos, o quizás el mismo AMLO.

Confrontado con la defensa de la propiedad privada y la santidad de empresas que “crean empleos”, AMLO también ha mostrado el carácter de clase de su Administración. El activista Samir Flores Soberanes fue asesinado afuera de su casa el 20 de febrero después de organizar oposición a planes del gobierno de crear nuevas plantas termoeléctricas en Morelos. Fue asesinado solo un día antes de una consulta pública patrocinada por Morena sobre las plantas. Varias pancartas en una protesta masiva en la Ciudad de México después de su muerte decían: “Samir no murió, el gobierno lo mató”. Desde entonces, el gobierno estatal supuestamente ha perdido archivos relacionados a su caso.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de marzo de 2019)