La comparecencia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ante la comisión de seguridad nacional de la Cámara de Representantes tenía la intención de servir los propósitos políticos tanto de la Administración de Trump como de los demócratas, quienes ahora controlan la mayoría de la cámara baja.

Nielsen aprovechó la ocasión —su primera aparición del año ante el Congreso— para defender públicamente la declaración de emergencia nacional de Trump. Trump emitió la orden el 15 de febrero para desviar fondos del presupuesto del Pentágono para pagar por la construcción de su muro fronterizo, desafiando al Congreso y la Constitución de los Estados Unidos.

La semana pasada, la Cámara de Representantes votó a favor de rechazar la declaración y se espera que una medida similar pase al Senado controlado por los republicanos la próxima semana, con entre cuatro y 14 republicanos que se unirán a los 47 demócratas en votar por rechazar la declaración de emergencia.

Nielsen se reunió a puerta cerrada con los republicanos del Senado el martes y los asesores de la Casa Blanca buscaron ejercer presión para evitar una acción en el Senado que fuera políticamente vergonzosa, aunque no se espera que tenga ningún efecto práctico, ya que Trump simplemente vetará la resolución de rechazar su decisión de declaración de emergencia.

Por su parte, los demócratas fingieron estar indignados por la brutalidad sistemática del régimen fronterizo de Estados Unidos, aunque apoyaron métodos similares sin protestar cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca. Ninguna de las medidas de control de inmigración tomadas por Trump —con la excepción de la declaración de emergencia en sí— va más allá de las medidas adoptadas por el Gobierno de Obama, el cual deportó a más inmigrantes en sus ocho años que todos los Gobiernos anteriores de los Estados Unidos.

A pesar de que ambos bandos están simulando oponerse, la audiencia del miércoles con Nielsen y las otras tres audiencias en el Congreso el mismo día sobre temas relacionados con la inmigración, permitieron echar un vistazo a las condiciones horribles que enfrentan los inmigrantes, de las cuales son responsables ambos partidos controlados por las corporaciones.

Lejos de ser un país “con libertad y justicia para todos”, como se le dice a cada niño en la escuela en el lavado de cerebro diario conocido como el “Compromiso de Lealtad”, Estados Unidos es la tierra que pone a niños inocentes en jaulas propias para perros, rompe familias, separa a padres e hijos, y se está preparando —al menos según Nielsen— a detener y encarcelar a casi un millón de inmigrantes el próximo año.

La audiencia de Nielsen fue principalmente significativa por el hecho de que intentó defender el enjaulamiento de niños y la separación de sus padres. En respuesta a una pregunta de la demócrata Bonnie Watson Coleman, de Nueva Jersey, Nielsen definió el lugar encerrado con telas metálicas para niños inmigrantes —es decir una jaula— como un “espacio de detención”.

Al preguntarle: “¿Es diferente de las jaulas en las que ponen a sus perros cuando los dejan afuera?”, Nielsen respondió que el “espacio de detención” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es “más grande, tiene comodidades, ofrece espacio para sentarse, pararse, recostarse [ sic ]”. Coleman respondió que la jaula de su perro tenía un espacio similar.

Nielsen insistió en su defensa y le dijo al presidente de la comisión, Bennie Thompson: “Señor, no son jaulas, son áreas de la instalación fronteriza que están moldeadas para la seguridad y protección de quienes permanecen allí mientras son procesados”. Thompson respondió en el más benévolo lenguaje, diciéndole: “No engañe a la comisión”.

La secretaria del DHS defendió firmemente la política de Trump de separación forzosa de los niños de sus padres cuando los grupos familiares, principalmente de América Central, se presenten en los puestos fronterizos y pidan asilo. Afirmó que la política de “tolerancia cero” —arrestar y encarcelar a todos los solicitantes de asilo— se había implementado humanamente.

Esta y otras declaraciones similares permitieron a los miembros demócratas del comité pronunciar discursos en voz alta denunciando la brutalidad de la política de separación forzada. Ninguno de ellos se opuso a medidas similares cuando fueron empleadas por el DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante la Administración de Obama, aunque en una escala menor y con menos publicidad.

Nielsen empleó un truco político, retratando la grave condición de muchos solicitantes de asilo cuando llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, con frecuencia después de largas caminatas por el desierto de Sonora sin suficiente comida, agua o refugio, como si esa fuera la “emergencia” que preocupaba a Trump cuando hizo su declaración. Describió la migración masiva de familias desesperadas de América Central una “catástrofe humanitaria”, lo que ciertamente es.

Sin embargo, en lo que respecta a Trump y los republicanos del Congreso, la emergencia no es la condición física de los inmigrantes hambrientos, enfermos y fríos, sino la posibilidad de que puedan ingresar a los Estados Unidos. El propósito tanto de la declaración de emergencia nacional como del propio muro es evitar que los inmigrantes pongan un pie en territorio estadounidense, condenándolos a la muerte en México o en sus países de origen más al sur.

Un legislador republicano defendió esta línea de pensamiento en un comentario particularmente estúpido. El representante Clay Higgins de Louisiana señaló que, según la CBP, en febrero de 2019 se detuvo a unos 76,000 inmigrantes, la mayor cantidad en ese mes en más de una década. Este número fue mayor que los 73,000 soldados estadounidenses que aterrizaron en Normandía el Día D en 1944, que llamó la invasión más grande de la historia. Por lo tanto, arguyó Higgins, la afluencia de inmigrantes era una amenaza aún mayor para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El recrudecimiento de la crisis en los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras está conduciendo a decenas de miles de trabajadores y campesinos desesperados a huir de sus países para escapar de la represión policial, la violencia de pandillas y la pobreza aguda, todo ello producto del dominio de la región desde hace más de un siglo por parte del imperialismo norteamericano. Es una medida de esa crisis que Nielsen sugirió que el número total de inmigrantes detenidos en 2019 podría llegar a 900,000 y a más de un millón para el año fiscal —una proporción considerable de la población de esos tres pequeños países—.

Otras dos audiencias del comité de la Cámara de Representantes trataron aspectos de la crisis de inmigración y las políticas de la Administración de Trump. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de beneficiarios de protección limitada contra la deportación en virtud de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Ambos han sido rescindidos por Trump, pero sus órdenes han sido demoradas por órdenes judiciales que mantienen el statu quo mientras se llevan a cabo nuevos litigios. El lunes, un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la ejecución de la orden de Trump de rescindir la protección de TPS para 250,000 inmigrantes de largo plazo de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La comisión de asignaciones de la Cámara de Representantes presenció el testimonio del inspector general interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien está llevando a cabo tres investigaciones sobre aspectos de las operaciones del DHS: la incapacidad de la agencia para rastrear a padres e hijos de la misma familia después de que fueron separados; la incapacidad, en muchos casos, de ofrecer a los padres la oportunidad de llevarse a sus hijos con ellos cuando fueron deportados; y la política de rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de los Estados Unidos, cuando intentaron presentar solicitudes de asilo bajo un procedimiento legal de larga data.

Compareciendo ante la comisión de asuntos judiciales del Senado, Kevin McAleenan, jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del DHS, discutió las cifras publicadas el día anterior que mostraban que había 76,000 inmigrantes detenidos en febrero de 2019. Mientras que las detenciones por cruces ilegales de la frontera llegaron a casi 400,000 en el año fiscal 2018, esto fue solo una cuarta parte del total récord de 1.64 millones en 2000, el último año de la Administración de Clinton.

McAleenan dijo que más de 50,000 adultos están actualmente bajo custodia del ICE, el número más alto en la historia. Esto se debe a que, si bien las administraciones anteriores generalmente liberaron a los inmigrantes detenidos en espera de la adjudicación de sus casos, Trump ordenó el fin de la política que llamó "captura y liberación", insistiendo en que cada inmigrante arrestado por ICE debe permanecer detenido.

(Publicado originalmente en inglés el 7 de marzo de 2019)