Con una mayoría de 5 a 4 el martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la interpretación del Gobierno federal de una ley que le permite detener a los inmigrantes indefinidamente, años después de haber sido liberados de la custodia penal por ciertos delitos, mientras esperan una decisión sobre su estatus migratorio.

El fallo alienta al Gobierno de Trump en su guerra fascista contra los inmigrantes, dando a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) una mano libre para cazar y detener, sin fianza, a cualquier migrante, documentado o indocumentado, que haya cumplido una condena por un delito, incluyendo cargos menores como la posesión de marihuana o la descarga ilegal de música. El fallo crea una clase de residentes estadounidenses que se pueden desaparecer en la red de centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos por acciones del pasado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representó a los demandantes en el caso, emitió una declaración en Twitter el martes denunciando la decisión. "Por dos términos seguidos", declaró, "SCOTUS [la Corte Suprema de los Estados Unidos] ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin audiencia, simplemente porque están luchando contra un cargo de deportación".

En el caso en cuestión, Nielsen v. Preap, fue una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos que afirma que una ley de 1996 promulgada por el presidente demócrata Bill Clinton estipuló que los inmigrantes con una condena penal podrían ser detenidos por agentes de inmigración sin una audiencia de fianza solo si fueron arrestados dentro de las 24 horas de su liberación de la prisión.

El juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría ultraderechista del tribunal, utilizó sofismas, incluyendo un argumento basado en una gramática defectuosa, para revertir el fallo del Noveno Circuito y justificar la detención inconstitucional y arbitraria de inmigrantes, incluyendo los inmigrantes legales que tienen un permiso de trabajo o green card .

"Como hemos sostenido una y otra vez, los deberes cruciales de un oficial se llevan a cabo mejor tarde que nunca", declaró Alito, con el apoyo de los otros cuatro republicanos en la corte.

El fallo anula el statu quo y pone a miles de inmigrante con una condena previa en riesgo de ser encerrados por ICE mientras su caso está pendiente.

Los padres y las madres serán arrancados de sus familias sin esperanza de ser liberados mientras esperan una audiencia de deportación, lo que los pone en riesgo de abuso o incluso muerte en condiciones inhumanas. Un hombre mexicano de 40 años falleció el lunes luego de ser llevado a la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el domingo. Los informes indican que había estado sufriendo síntomas parecidos a la gripe. En febrero, una mujer hondureña de 24 años dio a luz a un bebé muerto en un centro de detención de ICE en Texas solo cuatro días después de haber sido detenida.

El juez Stephen Breyer, autor de la decisión disidente, dio el paso inusual de leerla en voz alta desde el banco para subrayar la seriedad de los problemas involucrados. "Al descifrar la intención del Congreso que redactó este estatuto", dijo, "debemos decidir, ante lo que es, en el peor de los casos, la ambigüedad lingüística, si el Congreso pretendía que las personas que desde hace mucho tiempo pagaron su deuda con la sociedad sean privados de su libertad durante meses o años sin posibilidad de fianza.

"No podemos resolver esa cuestión sin tener en cuenta los valores legales estadounidenses básicos: el deber del Gobierno de no privar a ninguna ‘persona’ de ‘libertad’ sin el ‘debido proceso legal’”.

Breyer se unió a la disidencia de los otros tres jueces designados por los demócratas: Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

La aplicación estricta de la sentencia de la corte estimulará un crecimiento dramático de la red ya expansiva de centros de detención para inmigrantes, ya que miles más sean arrestados. Esto solo se agregará a la acumulación de casos de inmigración, lo que resultará en un aumento en la cantidad de tiempo que toma un caso para llegar a una conclusión.

"La mayor importancia del caso", señaló Breyer en su disidencia, "reside en el poder que la interpretación de la mayoría otorga al Gobierno. Es un poder para detener a personas que cometieron un delito menor muchos años atrás. Y es un poder para mantener a esas personas, quizás durante muchos meses, sin la oportunidad de obtener una fianza".

"Según la opinión del Gobierno", agregó Breyer, "los extranjeros sujetos a detención sin una audiencia de fianza pueden haber sido liberados de la custodia penal años atrás, y pueden haber establecido familias y raíces en una comunidad".

El uso de la ley de 1996 para imponer este régimen de terrorismo legal contra los inmigrantes subraya el carácter bipartidista del asalto a los derechos de los inmigrantes y los derechos democráticos en general. El presidente Bill Clinton promulgó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que aceleró los procedimientos de deportación de los condenados por ciertos delitos y autorizó la construcción de barreras y cercas a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México.

El presidente republicano, George W. Bush, transformó el Servicio de Inmigración y Naturalización en ICE y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando el sistema de control de inmigración y fronteras se ubicó bajo el paraguas del recién formado Departamento de Seguridad Nacional en 2003. Bajo el presidente demócrata, Barack Obama, aproximadamente 3 millones de personas fueron deportadas de los Estados Unidos, más que en cualquier otra Administración anterior.

Trump, que se postuló en una plataforma abiertamente chovinista y antiinmigrante, ha intensificado dramáticamente la guerra contra los inmigrantes, cuyo objetivo central es dividir a la clase trabajadora y establecer un marco policial estatal para atacar a la clase trabajadora en su totalidad. Sin ninguna protesta significativa de los demócratas o los medios de comunicación, y en violación de la ley internacional, la Administración ha eliminado el derecho de los trabajadores a ingresar a los Estados Unidos y solicitar asilo. Los demócratas no han hecho nada para movilizar la oposición popular a la decisión de Trump de declarar una emergencia nacional para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema en Nielsen v. Preap marca otro paso más en la peligrosa expansión de los poderes policiales del Estado, que puede y será empleada contra de toda la clase trabajadora, no solo de los inmigrantes. Con cada nueva ley, decisión judicial y orden ejecutiva, el sistema de inmigración estadounidense asume cada vez más el carácter de un gulag general, donde potencialmente millones de personas quedan privadas de todos los derechos democráticos.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de marzo de 2019)