Esta semana, el vicesecretario de relaciones internacionales del partido ultraderechista español Vox, Iván Espinosa de los Monteros, declaró que la “extrema izquierda y el nacionalismo [catalán y vasco] son los enemigos de España” y que “entre todos tenemos que terminar con ellos”. Dijo que Vox propondría ilegalizar partidos que “no creen en la unidad de España y los que no renuncian al marxismo”.

Vox ha fichado a cinco exgenerales para postularse en las elecciones generales del 28 de abril. Dos han defendido públicamente el legado del dictador fascista Francisco Franco.

Las políticas de Vox son abiertamente antidemocráticas y reaccionarias. Incluyen suspender todos los gobiernos regionales, revertir las medidas limitadas que intentaban abordar los crímenes de Franco, cerrar mezquitas, promover a la Iglesia Católica, bajar los impuestos sobre la renta y sobre sociedades, y deportar inmigrantes.

El exgeneral de infantería de marina Agustín Rosety Fernández de Castro encabezará la lista de Vox en la provincia sureña de Cádiz. Rosety, que sirvió en el ejército español durante 40 años bajo gobiernos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como jefe de Operaciones Especiales, jefe del órgano máximo del Ministerio de Defensa —el Directorio General de Política de Defensa— ha revelado su verdadera naturaleza.

Lo mismo con el exgeneral de división Alberto Asarta que se presentará en Castellón. Él es el autor de la actual doctrina militar del Ejército del Aire de España y ha participado en las guerras e intervenciones imperialistas españolas, dirigiendo la Brigada Muntinacional Plus Ultra II en Irak y UNIFIL en el Líbano.

Tanto Rosety como Asarta firmaron el manifiesto profascista del año pasado “Declaración de respeto y desagravio al general D. Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España”, junto con otros 670 destacados oficiales actuales y retirados. Publicada por la profranquista Asociación de Militares Españoles (AME), proclamaba a Franco, quien asesinó a cientos de miles de trabajadores durante la Guerra Civil Española e instauró una dictadura fascista de 40 años, como el salvador de España.

A Rosety y Asarta se les unirá el exgeneral del Ejército del Aire Manuel Mestre Barea, quién combatió en Afganistán, Kuwait, Bosnia-Herzegovina e Irak, y será candidato en Alicante. El exgeneral Fulgencio Coll, quien será candidato a alcalde en Palma de Mallorca, fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012. El general Antonio Budiño Carballo, quien supervisó operaciones en Croacia, Albania e Irak, se presentará en Pontevedra.

La decisión de destacados militares españoles de aclamar los crímenes fascistas, unirse a Vox, y presentarse como candidatos al parlamento es una advertencia a los trabajadores de España y más allá. Al tiempo que el ejército francés amenaza con disparar a los manifestantes de los “chalecos amarillos”, la aristocracia financiera de todas partes se está desplazando hacia regímenes de tipo policial, militar y fascista.

Esto expone la afirmación de que el ejército español fue “democratizado” después de la caída del régimen franquista. Más bien, coherente con los acontecimientos en el resto de Europa, la transición a la democracia burguesa bajo la consigna de “olvidar y perdonar” encubrió los crímenes de los fascistas, les permitió continuar sus carreras sin obstáculos e incubar a sus sucesores. El Estado está fortaleciendo deliberadamente al partido Vox. Fue creado por expolíticos de la línea dura del PP, intentando resultar atractivos directamente a los militares, el poder judicial y la policía.

Estas fuerzas explotaron la convocatoria por parte de los nacionalistas catalanes de un referéndum sobre la independencia para llevar el ambiente político hacia la extrema derecha y legitimar la construcción de un partido abiertamente profascista.

Las encuestas muestran que Vox no tiene el apoyo de la clase trabajadora. La mayoría de sus votantes son antiguos simpatizantes del PP y capas de la clase media que ganan más de €2.000 al mes. Solo el 13 por ciento de los ciudadanos españoles ganan esa cantidad.

En diciembre pasado, después de una promoción masiva en los medios, el partido llegó casi desde la nada a ganar 12 escaños de los 108 del parlamento regional andaluz y casi el 11 por ciento de los votos. Así pasó a ser el partido bisagra, que decidió apoyar un gobierno derechista de coalición de Ciudadanos y el PP en la región.

Vox podría volverse a poner en una posición desde la que negociar un gobierno derechista después de las elecciones nacionales de bril. Según los sondeos más recientes, el partido podría ganar el 10,3 por ciento de los votos, o de 20 a 23 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados. Junto con el PP y Ciudadanos, la derecha podría terminar con por lo menos 176 escaños —una leve mayoría por encima del PSOE y Unidos Podemos.

La amenaza de Espinosa de los Monteros de ilegalizar los partidos marxistas también es una advertencia. En medio de huelgas y protestas sociales crecientes en los vecinos Portugal y Francia, y en toda Europa, la clase gobernante española es consciente de la amplia oposición al PSOE y a Podemos desde su izquierda, desde la clase trabajadora.

Después de 36 años de gobierno ininterrumpido en Andalucía, el PSOE sufrió la peor derrota de su historia —bajó de 47 escaños a 33— mientras Unidos Podemos perdió tres de sus 20 escaños, aniquilando afirmaciones de que aumentaría sustancialmente sus votos.

Podemos no es un partido marxista. Rápidamente está quedando expuesto como un partido populista de pseudoizquierda de la clase media pudiente, que representa a capas sociales algo excluidas del sistema del clientelismo bipartidista instaurado tras la caída del régimen franquista. Un representante regional en Andalucía cobra un salario de €3.127 al mes más dinero extra por formar parte de comisiones o por ser portavoz de un partido y viáticos hasta €500 al mes.

El hecho de que Vox y el ejército se sientan envalentonados para aclamar a Franco, un asesino en masa fascista, y que exijan la ilegalización del marxismo, se debe sobre todo al papel reaccionario del PSOE —que ascendió a general a la mayoría de esos militares— y de Podemos.

Desde la fundación hace cinco años, Podemos ha estado afirmando que la única política “realista” para defender al “pueblo” era integrarse en el aparato estatal y resultar atractivo para la clase gobernante. Durante estos años, el secretario general Pablo Iglesias cortejó asiduamente a banqueros, representantes de los grandes negocios (incluyendo un viaje a Wall Street), y asociaciones militares y policiales.

Podemos ha formado gobiernos de coalición a nivel regional y local (donde ayudó a imponer la austeridad). Iglesias defendió con el PSOE continuar esta política a nivel nacional e incluir a Podemos en un “gobierno del cambio”.

En junio pasado, Podemos por fin puso hacer investir un gobierno dirigido por el PSOE mediante conversaciones reservadas con los partidos nacionalistas regionales para desbancar al gobierno del PP. Al cabo de dos semanas, la farsa de un “programa de gobierno progresista” con el PSOE, el principal partido español del régimen capitalista desde 1978, quedo expuesta. El presidente del gobierno Pedro Sánchez, del PSOE, anunció que acataría la austeridad de la UE y llevaría a cabo el presupuesto aprobado por el PP.

En los ocho meses siguientes hasta que cayera el mes pasado, el gobierno del PSOE apoyado por Podemos persiguió una agenda indistinguible de la del PP. Mantiene en prisión a los dirigentes nacionalistas catalanes.

Ahora, el PSOE le ha abierto la puerta a la campaña más derechista y más de ley y orden de la historia reciente de España, centrada en la cuestión secesionista catalana y la inmigración. Como observó el diario El País, “la economía ha pasado a un segundo plano en detrimento de mensajes más populistas, la cuestión catalana o la polvareda desatada por la irrupción de Vox. Todos admiten que en esta campaña el debate económico quedará minimizado pese a las serias amenazas de ralentización y a la larga lista de tareas pendientes en el ámbito económico. Apenas se habla de recortes, ajustes o subidas de impuestos”.

El objetivo no declarado de esta campaña, sin embargo, es la clase trabajadora. Se forme la coalición que se forme tras las elecciones, ya sea una dirigida por la derecha con apoyo de Vox, ya sea un gobierno dirigido por el PSOE apoyado por Ciudadanos o Podemos, muy pronto tomará medidas contra los trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de marzo de 2019)