WikiLeaks emitió hoy una advertencia de que su fundador, Julian Assange, se enfrenta a un inminente desalojo de la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó asilo político en 2012. La organización de publicaciones indicó que luego sería arrestado por la policía británica.

Una publicación de la cuenta de Twitter oficial de WikiLeaks alrededor de las 5:30 pm, hora estándar del este de los EUA, declaró: “ÚLTIMA HORA: una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano le dijo a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en ‘horas o días’ usando el escándalo de los #INapapers offshore como pretexto, y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto”.

En una respuesta a la CNN, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no negó las acusaciones de WikiLeaks. “No respondemos a rumores, hipótesis o conjeturas que no tienen soporte documental. Si hay información oficial, la compartiremos en el momento oportuno”, declaró el ministerio.

La advertencia de WikiLeaks debe hacer sonar la alarma para todos los defensores de los derechos democráticos. En el corazón de Londres está en marcha una conspiración avanzada para abrogar el asilo político de un periodista y editor, cuyo único “crimen” ha sido exponer las guerras ilegales, las conspiraciones diplomáticas y las operaciones de vigilancia masiva de los Estados Unidos, Gran Bretaña y potencias del resto del mundo.

Si el gobierno ecuatoriano lleva a cabo sus repetidas amenazas de expulsar a Assange de la embajada, la opinión pública mundial lo considerará como un Estado vasallo que violó el derecho de asilo para ganarse el favor del gobierno estadounidense, las agencias de inteligencia y los bancos de Wall Street.

Como WikiLeaks le dijo a Associated Press a principios de esta semana, si el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, “quiere terminar ilegalmente el asilo de un editor refugiado ... la historia no será amable”.

Un arresto británico de Assange no sería menos ilegal. Durante años, Assange ha estado siendo perseguido vengativamente por las autoridades británicas por cargos de fianza inventados.

Como han señalado los expertos legales, los supuestos delitos se resolvieron efectivamente hace años, cuando Assange perdió la fianza. Además, ha pasado más tiempo detenido ilegalmente en la embajada, como resultado de las amenazas de arresto británico, que lo que se derivaría de cualquier condena por los cargos de fianza de menor importancia.

El propósito transparente de la detención británica de Assange sería facilitar los procedimientos para su extradición a los Estados Unidos. A fines del año pasado, los fiscales estadounidenses revelaron, aparentemente por error, que el gobierno estadounidense ya ha presentado cargos contra el fundador de WikiLeaks.

Durante el mes pasado, la persecución de Assange en los Estados Unidos se ha intensificado dramáticamente. El 8 de marzo, Chelsea Manning, quien en 2010 filtró registros de guerra y cables diplomáticos del ejército estadounidense a WikiLeaks, fue arrestada y encarcelada por tiempo indefinido por negarse a testificar en una audiencia a puerta cerrada del gran jurado dirigida a inventar cargos contra Assange. La detención por parte del gobierno de Trump de la valiente denunciante ha sido respaldada por los demócratas y la prensa corporativa, que no han hecho nada para oponerse a su encarcelamiento.

El arresto de Manning confirma que los cargos de Estados Unidos contra Assange serían por las publicaciones de WikiLeaks que exponen víctimas civiles masivas en Irak y Afganistán, incluido el asesinato extrajudicial de periodistas y niños, y las intrigas diplomáticas de Estados Unidos que afectan a prácticamente todos los países del mundo. Assange probablemente se enfrentaría a cargos de conspiración o espionaje con una sentencia de cadena perpetua o la pena de muerte.

Durante el mismo período en que Washington intensificó su campaña contra Assange, el régimen ecuatoriano, sin duda en colaboración con el gobierno de los EUA, trató de fabricar un pretexto para llevar a cabo sus planes de largo tiempo para expulsar de la embajada al fundador de WikiLeaks.

Desde que asumió el cargo en 2017, el régimen de Moreno ha buscado revertir la decisión del gobierno anterior de otorgarle asilo a Assange, denunciándolo de manera calumniosa como un “pirata informático” y “nuestro problema heredado”. Moreno ha ampliado dramáticamente las relaciones con los EUA y WikiLeaks lo ha acusado de espiar a Assange en nombre de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Moreno ordenó el cierre del acceso a Internet de Assange en marzo del año pasado y recortó severamente su derecho a recibir visitas. En octubre, su gobierno emitió un protocolo que estipulaba que el asilo de Assange estaba condicionado a que él permaneciera en silencio sobre todos los asuntos políticos, incluida su propia situación.

La semana pasada, altos funcionarios comenzaron a afirmar que Assange había violado el protocolo draconiano. El martes, Moreno declaró en una entrevista con la radio estatal ecuatoriana que Assange era el culpable de un escándalo de corrupción que actualmente afecta a su gobierno.

Moreno acusó a Assange de piratear el contenido de su cuenta de su correo electrónico y su teléfono móvil, que fueron enviados a un legislador de la oposición en febrero pasado. El material, junto con los documentos relacionados denominados “papeles del INA”, implican a Moreno y sus asociados más cercanos, incluido su hermano, en fraude, corrupción y perjurio.

El gobierno ecuatoriano es muy consciente de que sus acusaciones no fundamentadas son falsas. Saben que Assange no tiene acceso a Internet, porque se lo cortaron en marzo del año pasado. La única “evidencia” de los vínculos de WikiLeaks con los documentos de INA es que la cuenta de Twitter de la organización tuiteó informes sobre las revelaciones.

Las sucias intrigas que involucraron a los gobiernos de Ecuador, Gran Bretaña y Estados Unidos solo pudieron continuar gracias al apoyo de todos los partidos oficiales, en esos países y en la Australia natal de Assange, por su persecución.

El establishment político en cada país considera que la campaña contra Assange es la punta de lanza de un impulso más amplio hacia la censura de internet y las formas autoritarias de gobierno. Persiguen al fundador de WikiLeaks para establecer un precedente para la supresión de la oposición masiva a la guerra, la austeridad y la dictadura, en medio de un descontento popular en todo el mundo y un aumento de la lucha de clases.

Si Assange es expulsado de la embajada y puesto bajo custodia británica, pondrá en marcha una batalla legal prolongada por su libertad. Cualquier solicitud de la administración de Trump para la extradición de Assange a los Estados Unidos sería impugnada por los representantes legales de WikiLeaks.

El encarcelamiento de Manning, en un intento desesperado por obligarla a testificar en falso contra el fundador de WikiLeaks, indica que el caso de Estados Unidos contra Assange no puede resistir un serio escrutinio judicial. Manning, valientemente y con un gran costo personal, se ha negado a cumplir con esa parodia legal.

Como expertos legales y defensores de los derechos democráticos han enfatizado repetidamente, cualquier intento de procesar a Assange en los Estados Unidos por sus actividades de publicación violaría siglos de precedentes legales. No representaría nada menos que un intento por anular la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Si Estados Unidos intenta extraditar a Assange a través de medios extralegales, solo consolidará su estatus como un régimen criminal que opera completamente fuera del marco del derecho internacional.

El gobierno australiano, que, al igual que sus predecesores, ha colaborado en los ataques a Assange, tiene la innegable responsabilidad de defender al ciudadano y periodista australiano. Debe utilizar su discreción legal y sus poderes diplomáticos para obligar al gobierno británico a permitir que Assange abandone el país y regresar a Australia, con una garantía contra la extradición a los Estados Unidos.

Si bien la defensa legal de Assange será crítica, la lucha para movilizar a los trabajadores, estudiantes y jóvenes por su libertad será decisiva. En los lugares de trabajo, los campus universitarios y los vecindarios, los trabajadores y los jóvenes deben ser informados de la difícil situación de Assange, hay que advertirles de que los ataques en su contra tienen como objetivo destripar sus propios derechos democráticos y hay que unirlos en su defensa.

El WSWS y los Partidos Socialistas por la Igualdad de todo el mundo, que realizaron concurridas manifestaciones en Australia y Estados Unidos el mes pasado exigiendo la libertad de Assange, intensificarán la lucha por su libertad. La campaña política más amplia, que involucra a todos los defensores de los derechos democráticos, debe organizarse, incluso mediante la convocatoria de reuniones, protestas y manifestaciones durante los próximos días y semanas.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de abril de 2019)