Luego de la advertencia de WikiLeaks de que Julian Assange se enfrenta a un inminente desalojo de la embajada del Ecuador en Londres, surgió una oposición generalizada a los planes ilegales para terminar su asilo político.

Nils Melzer, el relator especial de la ONU sobre tortura, emitió una declaración en la que pedía al gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno que “se abstuviera de expulsar al señor Assange ... o de cesar o suspender su asilo político”.

Melzer advirtió que si se retiraba a Assange de la embajada, era “probable que fuera arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos”, y agregó: “Tal respuesta podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluyendo su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Altos cargos ecuatorianos han tratado de desviar cualquier pregunta sobre las afirmaciones de WikiLeaks de que una fuente de alto nivel dentro del aparato estatal del país indicó que la expulsión de Assange del edificio de la embajada se llevaría a cabo “en unas horas o días”.

Fuera de la embajada ecuatoriana, el embajador del país en Gran Bretaña, Jaime Marchan, dijo a la prensa que “no había cambios en la situación del señor Julian Assange” y que estaba “ofendido” por las informaciones de lo contrario.

A Marchan, que ha desempeñado un papel central en la creación de un ambiente hostil para Assange dentro de la embajada, se le preguntó: “¿Lo van a echar en las próximas dos horas?”. Él respondió: “Definitivamente no vamos a comentar eso”.

El ministro de Relaciones Exteriores del país, José Valencia, declaró en Twitter que las declaraciones de WikiLeaks eran “infundadas” y que su gobierno no estaría “dando un comentario continuo” sobre “rumores” de que lo encontraba “insultante”.

Valencia confirmó efectivamente la advertencia de WikiLeaks, afirmando que “el asilo diplomático es un poder soberano de un Estado que tiene el derecho de otorgarlo o retirarlo unilateralmente cuando lo considere justificado”.

La sugerencia de que el asilo político puede otorgarse y retirarse, en función de la conveniencia política y los intereses inmediatos de los gobiernos nacionales, constituye una burla del derecho internacional. El asilo político es inviolable o no existe en absoluto. El estatus de Assange como refugiado político ha sido confirmado repetidamente por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y otras organizaciones internacionales de derechos.

Valencia agregó patéticamente que cualquier decisión tomada por su gobierno se llevaría a cabo de manera “soberana e independiente de otros países”.

A pesar de las afirmaciones del ministro de Relaciones Exteriores, la opinión pública mundial ya reconoce que el régimen de Moreno está operando como un vasallo del gobierno de los Estados Unidos. Dentro de Ecuador, el gobierno tiene un índice de aprobación de menos del 20 por ciento y es visto por la mayoría de la población como un lacayo corrupto del imperialismo estadounidense.

El pretexto para el intento de desalojar a Assange de la embajada se considera universalmente como un fraude monumental.

El gobierno ecuatoriano ha realizado, durante la semana pasada, afirmaciones totalmente infundadas de que la filtración de los datos de iPhone y Gmail de Moreno a un legislador de la oposición en febrero pasado fue producto de una conspiración creada por Assange y WikiLeaks. Son muy conscientes de que la publicación del material y los documentos relacionados, que implican al régimen de corrupción, soborno y perjurio, no tienen nada que ver con Assange, cuyo acceso a internet y comunicaciones fueron interrumpidos por el gobierno ecuatoriano en marzo de 2018.

Los comentarios evasivos y duplicados de altos funcionarios ecuatorianos se deben al hecho de que ellos, junto con sus coconspiradores en los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, están comprometidos en una sórdida tarea.

Están tratando de presentar sus planes para denegar ilegalmente el asilo político de un periodista y editor, cuyo único “crimen” ha sido exponer las guerras depredadoras, las intrigas diplomáticas y las operaciones de vigilancia masiva de las principales potencias, como un ejercicio legítimo y adecuado.

WikiLeaks ha expuesto aún más las maquinaciones ocultas destinadas a expulsar a Assange de la embajada, publicando hoy más temprano lo que declaró fue el resumen de una “estrategia de prensa” acordada por los gobiernos ecuatoriano y británico.

Según el acuerdo secreto, el gobierno británico “tomaría la iniciativa” después del desalojo de Assange. El régimen ecuatoriano declararía que Assange había roto los “términos del asilo” contenidos en un protocolo ilegal emitido en octubre pasado, prohibiéndole hacer declaraciones políticas, incluso sobre su propia situación.

El gobierno británico declararía entonces que no permitiría a la administración de Trump “matar” a Assange en el caso de su extradición a los Estados Unidos y se posicionaría como un defensor del “debido proceso”. Ecuador presentaría esto como una “concesión” y diría que el otorgamiento inicial de asilo al fundador de WikiLeaks solo tenía como objetivo impedir que se enfrentara a la pena de muerte.

A nada se parece más el acuerdo que a un trato entre bandas de delincuentes, para llevar a cabo una operación de secuestro extrajudicial en violación de todas las leyes nacionales e internacionales.

Cualquier medida en este sentido será resistida por millones de trabajadores y jóvenes.

Un intento de extraditar a Assange a los Estados Unidos sería visto con razón por la población mundial como ilegal e ilegítimo. Sería muy disputado en los tribunales por el equipo legal de renombre internacional de WikiLeaks.

El año pasado, los fiscales estadounidenses revelaron, aparentemente por error, que ya habían presentado cargos contra Assange, probablemente por la publicación de WikiLeaks en 2010 de los registros de guerra de Irak y Afganistán del ejército estadounidense y cientos de miles de cables diplomáticos, revelando crímenes de guerra e intrigas diplomáticas en una escala global.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha señalado que no tiene un caso para el procesamiento de Assange que pueda resistir el escrutinio judicial bajo la ley británica, estadounidense o internacional, preparando el escenario para una prolongada batalla legal y política sobre cualquier solicitud de extradición.

Durante las últimas tres semanas, el gobierno de los EUA tiene retenida a Chelsea Manning, quien filtrara los documentos de 2010 a WikiLeaks, para tratar de obligarla a dar falso testimonio contra Assange. La valiente denunciante se ha negado a participar en esta parodia legal.

El amplio apoyo a Assange y Manning entre los trabajadores, los estudiantes y los jóvenes contrasta con el silencio de todos los partidos políticos oficiales en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.

Jeremy Corbyn, quien, antes de convertirse en líder del Partido Laborista británico, afirmaba defender a Assange, no ha dicho nada sobre el ataque intensificado al fundador de WikiLeaks.

En Australia, el gobierno nacional liberal de Scott Morrison, la oposición del Partido Laborista, los Verdes y los sindicatos se han mantenido en silencio, en línea con la colaboración prolongada de todo el establishment político en la venganza dirigida por Estados Unidos contra Assange, que es ciudadano australiano

Esto demuestra que un movimiento para liberar a Assange y Manning debe provenir de la clase obrera, no de los partidos capitalistas que participan en la censura en línea, un impulso acelerado hacia la guerra y la eliminación de los derechos democráticos.

Los trabajadores deben ser conscientes de que las luchas sociales y políticas de masas en las que están entrando son inseparables de la defensa de los valientes periodistas y denunciantes, que están siendo perseguidos para establecer un precedente para la supresión de toda oposición al militarismo, la austeridad y la dictadura.

El WSWS y los Partidos Socialistas por la Igualdad (SEP) de todo el mundo se comprometen a desempeñar un papel central en esta lucha crucial.

El SEP en Gran Bretaña ha pedido la máxima participación en las protestas organizadas fuera de la Embajada de Londres en Ecuador. El SEP australiano ha emitido hoy un comunicado, reiterando su demanda de que el gobierno australiano cumpla con sus responsabilidades para con Assange y obligue al gobierno británico a que le permita abandonar el país y regresar a Australia, con una garantía contra la extradición a los Estados Unidos.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de abril de 2019)