La serie de despidos de altos oficiales de seguridad estadounidenses en los últimos días ha llevado a la superficie una crisis profunda dentro del Gobierno de Trump y el Estado de seguridad nacional en su conjunto.
El viernes, Trump retiró la nominación de Ronald Vitiello, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés), una unidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como director permanente, afirmando a reporteros, “Queremos ir en una dirección más severa”. El domingo, el mandatario despidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presuntamente porque se negaba a reinstituir la política de separación de padres e hijos refugiados que buscan asilo. El lunes, despidió a Randolph Alles, director del Servicio Secreto, el cual provee al presidente su guardaespaldas personal. Así como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) son parte del DHS, el segundo mayor departamento del Gobierno estadounidense. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, el DHS fue creado como una agencia policial general dentro del país
El principal asesor de Trump en cuestiones de inmigración, el fascistizante Stephen Miller, presuntamente estuvo detrás de la depuración de funcionarios del DHS. Miller encabezó previamente la introducción del “veto a musulmanes” contra visitantes y refugiados de países predominantemente musulmanes y ha desarrollado vínculos cercanos con los elementos más ferozmente derechistas de la vida política estadounidense. El despido de Nielsen vino después de que se realizaran llamados para ello por parte de la publicación fascista Daily Stormer y Breitbart News, así como de los líderes del sindicato de la Patrulla Fronteriza.
Según un reporte de CNN, Trump le dijo a un grupo de agentes fronterizos durante su visita a la frontera con México el viernes que quería que no dejaran pasar a los refugiados para solicitar asilo, a pesar de que este procedimiento está consagrado en leyes estadounidenses e internacionales y ha sido repetidamente avalado por las cortes federales. Solo hasta después de que el presidente dejó el salón, varios supervisores les dijeron a los agentes que la solicitud de Trump era ilegal y que deberían ignorarla.
El Departamento de Seguridad Nacional será administrado, al menos temporalmente, por Kevin McAleenan, director de la unidad de la CBP. Como resultado, DHS, así como sus tres principales unidades, ICE, CBP y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) estarán bajo el cargo de oficiales “en funciones”. El Departamento de Defensa también está siendo administrado por un secretario en funciones, el exejecutivo de Boeing, Patrick Shanahan, después de la salida en diciembre del secretario James Mattis, un general retirado del Cuerpo de Marines. Un puñado de otros cargos de alto rango en la Administración de Trump están siendo ocupados por más oficiales “en funciones”: el jefe de personal de la Casa Blanca, el director del presupuesto, el embajador de la ONU, el secretario de Interior.
Hay dos razones por las que Trump depende de tales nombramientos. Los oficiales “en funciones” operan como instrumentos directos de la Casa Blanca, congraciándose con el presidente para obtener un nombramiento permanente. Además, estos funcionarios no están sujetos a una confirmación del Senado: no hay audiencias ante comités legislativos en las que tienen que rendir testimonio, ser interrogados y defender las políticas que planean implementar. De esta manera, la rama ejecutiva del Gobierno estadounidense opera cada vez más independientemente del poder legislativo, deshaciéndose de cualquier rastro de rendición de cuentas democrática.
Es significativo que tales nombramientos están concentrados en las agencias militares-policiales. Esto se debe entender como un esfuerzo de Trump para establecer un control personal sobre todas las principales fuerzas de seguridad en el Gobierno estadounidense, rodeándose de una red de lealistas. Lo que persigue es crear una forma de guardia pretoriana para proteger el Gobierno, no solo de sus oponentes políticos dentro de la élite gobernante, sino de un esperado surgimiento de luchas sociales desde abajo.
Lo que ocurre en EUA no es meramente el resultado de la llegada al poder de Trump, un gánster milmillonario del mundo de los bienes raíces, apuestas de casinos y telerrealidad. Más precisamente, hay una lógica social objetiva en el giro de la élite gobernante estadounidense hacia el gansterismo como su método de gobierno de clase. El marco constitucional por medio del cual Estados Unidos ha sido gobernado por más de dos siglos se está resquebrajando bajo la presión de las tensiones de clase, las cuales son impulsadas a su vez por el aumento sin precedentes de la desigualdad social y económica.
Hay una cierta similitud entre los métodos de la actual Casa Blanca y los de Mussolini durante su primer periodo en el poder. Italia mantuvo una semblanza de gobierno constitucional, a pesar de que el líder fascista buscaba liberarse cada vez más de las ataduras del parlamentarismo burgués, culminando en el asesinato del diputado socialista Matteotti tras un discurso en el Parlamento en que denunció a los fascistas.
Trump también busca en cada giro de eventos librarse de las ataduras constitucionales tradicionales, como en el cierre del Gobierno federal de 35 días. Esto fue seguido por su declaración de una emergencia nacional sobre una base completamente ilegal e inconstitucional para obtener fondos para la construcción de un muro fronterizo después que el Congreso se rehusara a proveer el dinero. Ahora, busca incitar ataques homicidas por parte de la Patrulla Fronteriza contra vulnerables inmigrantes y refugiados que escapan de la represión y violencia estatales en América Central, mientras emprende contra jueces que han declarado su persecución de inmigrantes como ilegal.
Por supuesto, hay diferencias importantes entre Trump y Mussolini. Trump no está al frente de un movimiento de masas fascista ni de miles de matones con camisas negras. Sin embargo, estos preparativos para una represión violenta son peligrosos solo porque involucran la movilización de la policía, el ejército y las agencias de inteligencia del Estado imperialista más poderoso.
El Gobierno de Trump teme una explosión social en EUA, particularmente ante señales de una desaceleración económica y el regreso de condiciones propicias para una recesión que haría añicos la demagogia populista de derecha de Trump sobre el regreso de trabajos en las regiones desindustrializadas del centro del país y los Apalaches.
Cuando Trump lanza sus bravuconerías contra el socialismo y promete destruirlo, está reaccionando al poderoso movimiento que se está desarrollando desde abajo—de huelgas y protestas de maestros, empleados de servicios y trabajadores industriales; la posibilidad de un choque importante contra los trabajadores automotores este otoño; la amplia oposición entre los jóvenes—. Esto aterra a la Casa Blanca y a toda la élite financiera estadounidense porque esta lógica objetiva se dirige a desafiar el sistema de lucro en su conjunto.
El Partido Demócrata, lejos de representar una oposición a la marcha hacia un gobierno autoritario, es meramente una ruta alternativa al mismo destino. Ambos partidos capitalistas —los republicanos bajo George W. Bush y los demócratas bajo Barack Obama— han fortalecido los poderes del Estado de seguridad nacional, llevado a cabo guerras ilegales y atacado los derechos democráticos y conquistas sociales de la clase obrera estadounidense. Trump no ha inventado nada. Meramente está empleando instrumentos forjados por sus predecesores en contra de sus oponentes políticos en la clase gobernante y, ante todo, contra la clase obrera.
Hay una brecha entre la postura despiadada y agresiva de Trump y la respuesta débil del Partido Demócrata. Los demócratas están más atemorizados de las implicaciones de apelar al pueblo estadounidense de lo que están preocupados de cualquier cosa que pueda hacer el Gobierno de Trump. Ahí yace la ventaja política de Trump: sus inclinaciones corresponden más con la desesperada posición en la que se encuentra la élite gobernante estadounidense, con el derrumbe de su orden social, los avances de la clase obrera y el declive de la posición mundial del imperialismo estadounidense.
El Partido Demócrata lucha contra Trump sobre una base derechista, apelando al aparato de seguridad nacional por medio de su campaña fraudulenta sobre “injerencia” rusa en las elecciones de 2016. Ataca a Trump desde la derecha en política exterior, exigiendo una postura más agresiva respecto a Siria, Rusia, Corea del Norte y China. Incluso después del reporte de Mueller que desestimó sus acusaciones, los demócratas siguen promoviendo acusaciones de que Trump es un títere ruso.
La verdadera amenaza a los derechos democráticos en EUA viene del propio Estado capitalista, al que ambos partidos capitalistas son leales, tanto los demócratas como los republicanos. Mientras que ambos partidos emplean los métodos de golpes palaciegos uno contra otro, emplearán métodos incluso más violentos contra el movimiento de masas de la clase obrera.
(Publicado originalmente en inglés el 9 de abril de 2019)