En medio de escándalos de corrupción y acuerdos con el FMI y Washington, el gobierno de Ecuador traiciona a Assange

por Bill Van Auken
13 abril 2019

La decisión del gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno de invitar a la policía británica a su embajada en Londres para que saque a Julian Assange, abriendo el camino a la extradición del fundador de WikiLeaks a los Estados Unidos, es una flagrante violación del derecho internacional y un nuevo capítulo vergonzoso de la cobardía y sumisión de la burguesía nacional de América Latina al imperialismo estadounidense.

El gobierno ecuatoriano no solo abrió las puertas de su embajada a la policía británica, sino que anunció el jueves que el día anterior, sin ninguna notificación a Assange ni a sus abogados, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país despojó al periodista de su ciudadanía ecuatoriana, que le fue otorgada en 2017 como parte de un intento de asegurar su liberación de la embajada bajo protección diplomática.

Los funcionarios del gobierno afirmaron que había habido “irregularidades” no especificadas en la decisión de otorgar la ciudadanía a Assange. El motivo para derogar la decisión era claro: la constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ciudadanos del país y exige que sean juzgados por cualquier delito en virtud de las leyes del país.

El presidente Lenín Moreno anunció su asqueroso acuerdo con el imperialismo estadounidense y británico en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, en el que afirmó que había obtenido garantías de Londres de que Assange no sería extraditado a “un país donde podría enfrentarse a tortura o a la pena de muerte”. Esta mentira quedó expuesta de inmediato, ya que el Departamento de Justicia de los EUA emitió una acusación, y las autoridades del Reino Unido dejaron en claro que estaban a la espera de un procedimiento de extradición a un país donde se aplica la pena de muerte y que ha practicado la tortura a escala internacional.

El abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, denunció las acciones arbitrarias, antidemocráticas y extralegales del gobierno. “Como mínimo, deberíamos haber sido notificados para poder ejercer el derecho de defensa”, dijo. Insistió en que la ley establece que cualquier terminación de asilo debe revisarse primero con el asilado, que tiene el derecho de argumentar su caso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, compareció el jueves ante la Asamblea Nacional del país para justificar el acto ilegal realizado por el gobierno al despojar a Assange de su asilo.

La presentación de Valencia, que fue interrumpida por gritos de “traidor” y “vendepatria” de los legisladores de la oposición, consistió en nueve puntos, que consistían en mentiras absurdas.

Afirmó que Assange, que había estado recluido en condiciones cada vez más draconianas en la embajada, aislado en gran medida del mundo exterior, había participado en “innumerables actos de interferencia en los asuntos internos de otros Estados”, se había comportado mal con los funcionarios de la embajada y había hecho “amenazas insultantes” contra el gobierno ecuatoriano, incluida la acusación “infame y difamatoria” de que estaba “actuando bajo la presión de países extranjeros”.

El mismo Valencia denunció la semana pasada la advertencia “insultante” de WikiLeaks de que su gobierno había llegado a un acuerdo con las autoridades del Reino Unido para entregar a Assange a la policía británica.

Valencia llegó incluso a afirmar que la entrega de Assange se hizo en parte por preocupación por su salud, y luego se quejó de cuánto había gastado la embajada en su comida, gastos médicos y lavandería.

El contexto inmediato para la acción del gobierno ecuatoriano es un escándalo de corrupción que involucra al presidente Moreno y su familia. Los llamados papeles INA, un extenso conjunto de documentos, correos electrónicos y otras comunicaciones de las redes sociales, han implicado a Moreno en delitos que van desde la corrupción oficial hasta el perjurio y el lavado de dinero.

En su centro se encuentra un esquema en el que la compañía china Sinohydro, que construyó una represa hidroeléctrica en Ecuador, depositó $18 millones en pagos en una compañía offshore, que a su vez transfirió el dinero a un conjunto de 10 compañías ficticias que incluían a INA Investments Corp., propiedad de Edwin Moreno, el hermano del presidente. El nombre de la compañía se tomó de la sílaba común de los nombres de las tres hijas del presidente, Irina, Cristina y Karina.

Un legislador opositor, Ronny Aleaga, quien dijo haber recibido el expediente de forma anónima, insistió en que los documentos establecen que la empresa fue puesta bajo la dirección de testaferros para ocultar la conexión del presidente con el plan.

Los documentos se publicaron por primera vez en febrero de 2019, lo que provocó una investigación en el Congreso. El 26 de marzo, la cuenta de Twitter de WikiLeaks llamó la atención sobre la investigación, al tiempo que citaba un informe del New York Times de que Moreno había estado en conversaciones con la administración de Trump –a través de un viaje a Quito en mayo de 2017 por el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort– sobre entregar a Assange a cambio de alivio de la deuda.

El canciller Valencia respondió de inmediato al tuit, calificándolo de “una mentira absurda para dañar la dignidad de nuestro país” y prometió que el gobierno ecuatoriano tomaría medidas.

Posteriormente, Moreno y sus subordinados intentaron torcer el tuit de WikiLeaks de noticias ya conocidas en Ecuador para probar que Assange, que se encontraba prácticamente incomunicado en la embajada de Londres, era personalmente responsable de piratear el teléfono y los correos electrónicos del presidente.

Dos días después del tuit de WikiLeaks, la asamblea nacional ecuatoriana, en la cual el partido de Moreno y otros partidos de la derecha tienen la mayoría, aprobó una resolución pidiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores que tomara represalias contra Assange por la filtración de los Documentos del INA.

El presidente ecuatoriano organizó una campaña cínica, alegando que fue víctima de una invasión de la privacidad y que los Documentos del INA habían incluido “fotos privadas” de él y su familia, todo con el propósito de distraer la atención pública de la extensa evidencia de su corrupción mayorista.

Con la expulsión de Assange de la embajada de Londres, el gobierno de Moreno ha intensificado esta campaña cínica. María Paula Romo, ministra del Interior de Ecuador, declaró que Assange y WikiLeaks estaban involucrados en un plan para “desestabilizar” al gobierno de Moreno que presuntamente involucraba a dos “hackers rusos” que trabajaban dentro de Ecuador, a Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y, posiblemente, al gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. Ella afirmó que la evidencia de este complot sería entregada a los fiscales ecuatorianos de manera inminente.

Todo esto es un géiser de barro destinado a desviar la atención de los cargos de corrupción contra Moreno y desviar la creciente ira popular contra su gobierno derechista. Recientes encuestas de opinión han colocado su calificación favorable en apenas un 17 por ciento.

Moreno dejó en claro su intención de traicionar a Assange desde el momento en que asumió el cargo en 2017. Se refirió al periodista nacido en Australia como un “pirata informático”, un “problema heredado” y “una piedra en nuestro zapato”.

El gobierno anterior del presidente Rafael Correa le otorgó el asilo a Assange en 2012 debido a la clara evidencia de que corría el riesgo de ser perseguido políticamente por exponer los crímenes de guerra imperialistas del gobierno de Estados Unidos, la vigilancia masiva y las conspiraciones antidemocráticas llevadas a cabo por Washington, otros gobiernos, y corporaciones transnacionales.

Cuando el gobierno de Quito decidió concederle el asilo a Assange en su embajada de Londres, su entonces ministro de asuntos exteriores, Ricardo Patiño, declaró que la venganza de Washington contra el periodista “podría poner en peligro su seguridad, integridad e incluso su vida”. La evidencia muestra que si el Sr. Assange es extraditado a los Estados Unidos, no tendría un juicio justo. “No es en absoluto imposible que pueda ser sometido a tratos crueles y degradantes y condenado a cadena perpetua o incluso a pena de muerte”.

¿Qué ha cambiado en los casi siete años que Assange ha pasado atrapado en la embajada ecuatoriana? La administración de Trump solo ha hecho más explícitas las amenazas contra el periodista, con el exdirector de la CIA y ahora secretario de Estado Mike Pompeo declarando a WikiLeaks un “servicio de inteligencia hostil no estatal” cuyas actividades no están protegidas por la Primera Enmienda. El exfiscal general Jeff Sessions insistió en que llevar a Assange de regreso a los Estados Unidos en cadenas para ser sometido a un juicio amañado era una “prioridad” para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El cambio no está en la amenaza a Assange, sino en el brusco giro a la derecha del gobierno de Lenín Moreno, parte de una ola de reacción que ha acompañado el declive de la llamada marea rosa en toda América Latina.

En ninguna parte ha sido esto más evidente que en las políticas seguidas por Moreno, quien fue el sucesor del expresidente Rafael Correa, quien se había declarado partidario de la “revolución bolivariana” y del “socialismo del siglo XXI”.

Moreno ha seguido una política dirigida a subordinar a Ecuador a los bancos internacionales e instituciones financieras económica y políticamente al imperialismo estadounidense. A principios de este año, concluyó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales por un crédito de $10 mil millones a cambio de implantar medidas de austeridad draconianas que han visto la eliminación de más de 10.000 empleos en el sector público, junto con la mitad de los ministerios de gobierno, así como la reducción de los impuestos a los ricos, el agotamiento de las leyes laborales y el desguace de los subsidios para los precios del combustible.

Estas políticas han provocado protestas masivas y una huelga general contra el gobierno de Moreno.

Al mismo tiempo, Moreno ha cortejado la aprobación del Departamento de Estado y el Pentágono, convirtiéndose en uno de los partidarios más entusiastas del golpe de Estado instigado por Estados Unidos en Venezuela y el llamado “presidente interino”, Juan Guaidó.

Correa, expresidente de Ecuador, condenó la acción del gobierno de Moreno. “El mayor traidor en la historia de Ecuador y América Latina, Lenín Moreno, permitió que la policía británica ingresara a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange”, dijo. Moreno, agregó, “ha demostrado su falta de humanidad en el mundo, entregando a Julian Assange –no solo un asilado, sino también un ciudadano ecuatoriano– a la policía británica”, que puso su vida “en riesgo” y “humilla al Ecuador”.

De manera similar, el exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, emitió una declaración el jueves denunciando el arresto. “La entrega de Julian Assange, arrastrado por la policía británica después de ingresar a nuestra misión diplomática para sacarlo, es una vergüenza nacional y un error histórico que dejará una huella profunda en Ecuador durante mucho tiempo”, dijo.

Long agregó que la decisión del gobierno violó los fallos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “será recordada por las generaciones futuras de ecuatorianos como un acto de servilismo, vileza y degradación ética”.

La traición de Assange es parte integral del giro a la derecha del gobierno de Moreno y la adaptación al imperialismo estadounidense, lo que ha significado un ataque frontal contra la clase obrera ecuatoriana. La defensa de Assange y de los derechos democráticos básicos depende de la lucha para unir a la clase obrera en Ecuador, Gran Bretaña, Estados Unidos e internacionalmente en la lucha contra el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de abril de 2019)