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La Casa Blanca intensificará su ofensiva antiinmigrante

El Gobierno de los Estados Unidos está intensificando su campaña de represión y persecución de inmigrantes. Varios informes de prensa el miércoles revelaron que el Gobierno de Trump estaba presionando para implementar una serie de medidas nuevas y severas, incluida alguna forma de separación forzosa de los solicitantes de asilo y sus hijos, extendiendo el tiempo en que los niños pueden ser detenidos y el rechazo de los permisos de trabajo (green cards) para los inmigrantes legales que hayan recibido alguna asistencia pública (definida de manera tan general que incluye comidas subsidiadas para niños en edad escolar).

Tanto el New York Times como el Washington Post informaron que la nueva política que se está considerando sobre la separación familiar se denominó "elección binaria” y se basa en el encarcelamiento de todos los adultos que presentan una solicitud de asilo durante todo el período en que se evalúa su caso, un proceso que lleva meses, sino años.

Crédito: Nick Miroff

Aquellos padres solicitantes de asilo tendrán que decidir, cuando presenten una solicitud, entre el encarcelamiento de sus hijos junto a ellos o que se los quiten mientras dure el período de evaluación.

Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza no pueden implementar la "opción binaria" ya que faltan los centros de detención necesarios para encarcelar a todos los solicitantes de asilo y sus hijos. Pero la decisión política, sin embargo, en los ojos de los funcionarios, tendrá un efecto disuasorio que propagará terror entre los centroamericanos que consideren ir a los Estados Unidos.

La represión contra los solicitantes de asilo ya ha provocado un aumento significativo en la tasa de denegación de solicitudes de asilo, del 21 por ciento en 2016, el último año de la Administración de Obama, al 47 por ciento en enero de 2019. Un factor importante es la decisión del año pasado del Departamento de Justicia, de denegar las solicitudes de asilo basadas en la violencia doméstica o de pandillas.

Trump arrojó mentiras sobre este tema en sus comentarios a la prensa el martes y el miércoles, diciendo, "No estamos tratando de hacer eso ahora", refiriéndose a la separación familiar, pero agregando, "Pero trae mucha más gente a la frontera cuando no se hace”.

Un funcionario de la Administración, hablando con el Post, afirmó que era legal separar a los solicitantes de asilo de sus hijos porque era legal separar a los ciudadanos estadounidenses arrestados por delitos contra sus hijos. "Es por eso por lo que sabemos que es legal", dijo el funcionario. "Si no pudieras separar a los niños de sus padres para imponer sanciones penales a un adulto, entonces no pudiéramos procesar a nadie que tenga hijos y tendríamos que rehacer todo el sistema de justicia penal".

Esta línea de razonamiento deja de lado un hecho esencial: los solicitantes de asilo no son delincuentes y, según las leyes de los EUA e internacionales, sus acciones de cruzar la frontera y entregarse a los agentes fronterizos son totalmente legales. La política de la Administración de Trump busca, por el contrario, criminalizar el acto de buscar asilo bajo la presunción de que aquellos que huyen de persecuciones y violencia, particularmente en América Central, son parte de lo que Trump inevitablemente declaró como un "engaño". El presidente estafador debe mirarse en el espejo.

Otros dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) renunciaron a sus puestos al intensificarse la depuración dentro de la agencia que siguió el despido de la secretaria Kirstjen Nielsen el domingo. El martes, la subsecretaria en funciones, Claire Grady, presentó su renuncia, permitiendo a Trump nombrar a Kevin McAleenan, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), como el reemplazo temporal de Nielsen.

El miércoles, Ronald Vitiello, director interino del ICE, presentó su renuncia. Trump dio marcha atrás la semana pasada, retirando la nominación de Vitiello como titular permanente del ICE, lo que requería la confirmación del Senado. Trump dijo en ese momento que quería ir "en una dirección más severa".

Los informes de prensa dijeron que la purga dentro del DHS se inició cuando la CBP le informó a la Casa Blanca que más de 100,000 migrantes habían sido detenidos a lo largo de la frontera de EUA y México en marzo, el total más alto en un mes en más de una década, incluyendo 9,000 niños no acompañados y 58,000 personas que viajan en grupos familiares.

Trump tampoco estaba satisfecho con el desempeño de la unidad de DHS que maneja las solicitudes de asilo. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos confirmaron un "temor creíble de persecución", el umbral para considerar una solicitud de asilo, en 74,677 de las 97,728 entrevistas que se completaron en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2018. Esa proporción, aproximadamente el 75 por ciento, refuta completamente los alegatos de Trump de que la mayoría de las solicitudes de refugio son falsas.

Trump subrayó la motivación política detrás de la campaña contra los inmigrantes el miércoles, cuando viajó a San Antonio, Texas, para una recaudación de fondos con republicanos ricos. Dijo que él y otros candidatos republicanos usarían la represión de la frontera contra sus oponentes demócratas en la elección. "Creo que van a pagar un precio muy alto en 2020", dijo Trump. "Creo que la frontera va a ser un tema increíble". Agregó, en una mentira grotesca, "Ellos quieren tener fronteras abiertas".

En realidad, el Partido Demócrata ha apoyado en gran medida la bárbara campaña antiinmigrante, solo planteó objeciones el verano pasado cuando hubo una gran revulsión pública por la separación forzada de los solicitantes de asilo y sus hijos, y cuando dos niños de América Central murieron en diciembre bajo custodia de agentes de la CBP.

El senador Bernie Sanders, quien encabeza la recaudación de fondos y las encuestas entre los candidatos presidenciales demócratas anunciados, recientemente se empeñó para dejar claro que repudia las "fronteras abiertas", adoptando los argumentos del asesor fascistizante de Trump, Stephen Miller, de que el aumento de la inmigración era una amenaza para los salarios de los trabajadores estadounidenses (Ver Bernie Sanders se une a los ataques de Trump contra las “fronteras abiertas").

Mientras tanto, tres senadores republicanos presentaron una legislación el miércoles para reducir a la mitad el número de inmigrantes legales autorizados para ingresar a los Estados Unidos. Tom Cotton, de Arkansas, David Perdue, de Georgia, y Josh Hawley, de Missouri, presentaron la Reforma de la Ley de Inmigración para el Empleo Fuerte en Estados Unidos, una versión de la legislación que Cotton y Perdue propusieron por primera vez en 2017, pero que nunca recibió una votación. La Ley RAISE reduciría la inmigración legal del nivel actual de alrededor de un millón por año a aproximadamente 500,000, en parte al eliminar la lotería de visas de diversidad y al reducir el número de refugiados a los que se les ofrece una residencia permanente. El mayor cambio sería una reducción drástica en el número de miembros de la familia que podrían ser patrocinados por ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de abril de 2019)

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