La Fiscalía General del Estado y el Abogado General del Estado España buscan imputar cargos de rebelión contra 36 votantes en el referéndum sobre la independencia catalana de 2017. Su supuesto crimen es haberse quejado de la violencia policial.

El Fiscal General y el Abogado General del Estado son ambos cargos designados políticamente por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que asumió en junio pasado con la ayuda del partido pseudoizquierdista Podemos. Están apelando para que se anule una decisión judicial que rechaza una petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que exige el enjuiciamiento de los que “se opusieron con fuerza o con su propio cuerpo a la autoridad de la policía”.

Desde 2017, el SUP, conocido por sus conexiones con la extrema derecha y que exige medidas de Estado policial para reprimir a la oposición social, ha estado exigiendo acciones contra aquellos que participaron en las “sentadas” en los locales de votación.

El primero de octubre de 2017 el gobierno regional catalán, con el apoyo de organizaciones y partidos independentistas, organizaron un referéndum sobre si separar de España a esa rica región del noreste. El gobierno del Partido Popular (PP), con todo el apoyo del PSOE, reaccionó con fuerza. Se suspendió la autonomía catalana, el Tribunal Constitucional ilegalizó el referéndum y se amenazó a cientos de alcaldes independentistas con ser procesados judicialmente. Los medios basados en Madrid lanzaron una frenética campaña chauvinista y nacionalista española para defender la represión que siguió.

La policía intentó impedir que procediera el referéndum, arrestando a funcionarios del gobierno catalán, cerrando sitios web, incautándose de millones de carteles y octavillas, y buscando en imprentas y periódicos. Innumerables vídeos mostraron a policías abriéndose paso hacia los centros de votación destrozando todo y utilizando porras y gas lacrimógeno contra votantes pacíficos y activistas que intentaban defender las urnas. El nivel de violencia policial, que dejó a más de 1.000 votantes heridos, fue tal que el ministro Íñigo Méndez de Vigo del PP se vio obligado a pedir disculpas por televisión.

En la atmósfera orwelliana que la clase gobernante está avivando ahora a poco de las elecciones generales del 28 de abril, son las víctimas de la brutalidad policial quienes están siendo acusados de ser los agresores mientras que la policía recibe la compasión uniforme de los medios y de los políticos.

Con lenguaje dictatorial se advierte a los acusados, “Cuando un ciudadano observa que la policía quiere entrar en un lugar en el ejercicio de sus funciones, sabe que su obligación jurídica es dejar libre el paso sin plantearse otras cuestiones. Impedir el paso es antijurídico”.

La “responsabilidad” por sus lesiones es “atribuible enteramente” a las autoridades del gobierno catalán por organizar el referéndum y no a los agentes de policía, porque “sabiendo que votar estaba prohibido, hicieron trampa al hacerles creer [a los votantes] que era su derecho impedir la acción policial”.

La solicitud de que se acuse de rebelión a los 36 votantes simplemente por quejarse de la violencia policial no tiene precedentes en sus implicaciones para los derechos democráticos. Tiene lugar mientras 12 destacados políticos y activistas catalanes están siendo juzgados por rebelión y sedición por haber organizado el referéndum, que conlleva una sentencia de hasta 25 años de cárcel.

Hace dos semanas, aparecieron en los tribunales agentes de policía que afirmaban que se habían enfrentado a manifestaciones violentas durante la campaña del referéndum —afirmaciones que repitieron como loros el Abogado General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el partido ultraderechista Vox. Guardias Civiles afirmaron en el juzgado haberse enfrentado a un clima de violencia abrumadora, lo cual contrastado con los testimonios de los testigos de la otra parte ¡resultó ser poco más que manifestantes con “cara de odio”, que los llamaban fascistas y ser escupidos ocasionalmente o que les tiraran claveles!

Un agente de la policía describió cómo se enfrentó a una “pared [humana] infranqueable” de gente sentada en el suelo, enlazando brazos. “Nos estaban grabando y uno dijo, ‘Callad todos, no digáis nada’”.

“Se quedó conmigo cómo me miraban”, continuó, fingiendo consternación.

El jefe de la Policía Nacional española en Cataluña, Manuel Quintela, se quejó de haberse enfrentado a una “atmósfera prerrevolucionaria” durante las “sentadas” en los centros de votación. “Había fiestas con música, fiestas de pijama, y fiestas nocturnas con chocolate a la taza”, explicó.

Para limitar el examen de testigos de la defensa sobre esas exposiciones absurdas, el Juez Manuel Marchena, de quien se sabe que tiene vínculos con el PP, prohibió la transmisión de filmaciones disponibles públicamente que contradicen claramente las afirmaciones de la policía de haberse enfrentado a violencia.

Las acciones judiciales constantes surgen en un contexto en el que el asunto de la independencia catalana ha sido puesto en un lugar central en las venideras elecciones generales, relegando las cuestiones de la pobreza, el desempleo masivo, la desigualdad o la amenaza de guerra bajo un torrente de nacionalismo y chauvinismo español —y catalán. Se espera una abstención masiva: entre los menores de 25 años se espera que más de la mitad no vote.

Un año y medio después del estallido de la crisis catalana, como el WSWS advirtió, la campaña anticatalana ha demostrado ser un intento de la clase gobernante de desplazar la política hacia la derecha para contrarrestar la ira social creciente tras una década de austeridad. La campaña tiene por objetivo, en última instancia, construir un régimen de Estado policial cuyo blanco central son la militancia creciente y las huelgas de la clase trabajadora.

Objetivamente esto se enfrenta a una poderosa resistencia obrera, pero no encuentra expresión política a través de los partidos existentes.

El PSOE está intentando sobrepasar a los tres partidos de la derecha, el PP, Ciudadanos y Vox, que están pidiendo ilegalizar a los partidos independentistas (Vox también pide la ilegalización de los partidos marxistas) y suspender la autonomía regional catalana. A principios de este mes, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien apoyara la represión del PP en octubre de 2017, repitió que no dudaría en volver a imponer el gobierno directo desde Madrid aplicando el artículo 155 de la Constitución. El artículo 155, declaró, fue “un instrumento perfectamente legítimo”.

Sánchez atacó al dirigente de la filial catalana del PSOE, Miquel Iceta, quien dijo que una solución política a través de un referéndum podría ser una posibilidad —una declaración que desató un clamor público de los políticos y los medios. Enfatizó que su gobierno mantiene el control de las finanzas del gobierno catalán, justificándolo con afirmaciones de “incertidumbre política”. Apoyó las recientes resoluciones antidemocráticas de la Junta Electoral española que ordenaban al gobierno catalán que quitara de los edificios públicos los símbolos de solidaridad con los dirigentes independentistas encarcelados y exiliados. Tambié prohibió que la televisión y las estaciones de radio catalanas usaran expresiones como “presos políticos” y “exiliados”.

Si el PSOE es capaz de liderar los sondeos (un 30 por ciento, comparado con el 22 por ciento del PP, el 15 por ciento de Ciudadanos, el 12 por ciento de Podemos y el 10 por ciento de Vox) y de seguir con su agenda derechista, se debe sobre todo a la ausencia de una genuina alternativa a la derecha. Podemos, que sigue promocionando un gobierno del PSOE y Podemos, desempeña un papel central en impedir el surgimiento de una oposición socialista genuina.

El domingo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo durante un acto electoral que la solución a la crisis catalana era el diálogo entre Barcelona y Madrid y que “la única manera de garantizar que haya un gobierno de izquierdas [con el PSOE] es si Unidas Podemos [la alianza entre Podemos e Izquierda Unida] forma parte del gobierno”.

La afirmación de que apoyar a Podemos (y darle un ministerio a Iglesias) asegurará que el PSOE no se desplace aún más a la derecha, es un fraude. En ocho meses en el poder, el gobierno del PSOE apoyado por Podemos ha sido virtualmente indistinguible del anterior gobierno del PP. No solamente ha proseguido la solución represiva de mano dura en Cataluña, sino también ha continuado las políticas de austeridad, antiinmigrantes, militaristas e imperialistas de su predecesor. Como admitió Jaume Asens, dirigente de En Comú Podem, partido respaldado por Podemos, el PSOE trata con desprecio las peticiones de Iglesias, declarando, “Si tuvieran la oportunidad, elegirían a Ciudadanos” en una coalición.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de abril de 2019)