Una declaración jurada desclasificada el lunes por los fiscales estadounidenses subrayó el carácter ilegal de la solicitud de extradición del Gobierno de Trump en relación con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a raíz de su expulsión ilegal de la embajada de Ecuador en Londres y su arresto por la policía británica el jueves pasado.

La declaración jurada fue hecha por la agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Megan Brown, el 21 de diciembre de 2017, en apoyo de dos cargos que se habían presentado secretamente contra Assange, bajo su nombre.

Estos acusan a Assange de participar en una "conspiración" junto a la denunciante Chelsea Manning para obtener acceso no autorizado a una computadora del Gobierno de los EUA.

El documento de Brown demuestra que la Administración de Trump no tiene un caso legal contra Assange que pueda resistir ningún escrutinio judicial en los Estados Unidos o en cualquier otro país que afirme ser una democracia. Expone la solicitud de extradición de los Estados Unidos como una hoja de parra pseudolegal para lo que es realmente una operación de rendición extraordinaria, destinada a silenciar a un editor por sus actividades periodísticas legales.

La única "evidencia" contra Assange son los registros de chat, en posesión del Gobierno de los Estados Unidos, que Brown y los fiscales de los Estados Unidos afirman que son conversaciones en línea entre el fundador de WikiLeaks y Chelsea Manning.

La declaración jurada de Brown y la hoja de cargos no proporcionan ninguna evidencia directa de que la persona con quien Manning estaba hablando era Assange.

El "caso" contra Assange es que Manning y con quien supuestamente estaba conversando en marzo de 2010 hablaron sobre descifrar un "hash" o contraseña, que le habría permitido acceder al material del Departamento de Defensa de EUA en una cuenta que no era suya.

Manning, como analista de inteligencia del ejército de EUA, tuvo acceso al material que filtró a WikiLeaks. Ya había filtrado miles de documentos, incluidos los registros de guerra de Afganistán e Irak del ejército estadounidense. El único propósito de acceder a la contraseña habría sido ayudar a proteger su identidad.

La declaración jurada de Brown indica que la contraseña nunca fue descifrada. Cita a Manning, supuestamente preguntando, "¿hay más pistas sobre el hash de mensajería instantánea?". La persona con la que Manning estaba conversando respondió: "Hasta ahora no hay suerte". Brown dijo: "No hay otra evidencia de lo que hizo Assange, en todo caso con respecto a la contraseña”.

Brown también llama la atención sobre partes de los registros de chat, en las que Manning y su interlocutor discuten el contenido del material que ella había leído y filtrado a WikiLeaks.

Todo el material de fondo en la declaración jurada ha estado en poder de las autoridades estadounidenses desde al menos 2011, luego de la detención de Manning el año anterior.

El Gobierno de Obama persiguió brutalmente a Assange y convocó a un gran jurado secreto para inventar cargos contra él. Sin embargo, no presentó cargos por los supuestos registros de conversación, en un aparente reconocimiento de que tal procesamiento violaría la libertad de la Primera Enmienda de la Constitución de los EUA.

Como dijo uno de los abogados de Assange en los Estados Unidos, Barry Pollack, esta semana: "Alentar a las fuentes a proporcionar información y utilizar métodos para proteger su identidad, son prácticas comunes de todos los periodistas". Otra de las abogadas de Assange, Jennifer Robinson, señaló que el material mostró "el tipo de comunicación que los periodistas tienen con sus fuentes todo el tiempo".

La declaración jurada de Brown demuestra que la Administración de Trump está utilizando el caso contra Assange para tratar de evitar que los periodistas hablen con cualquier fuente dentro del aparato estatal de los Estados Unidos, que deseen revelar evidencia de las operaciones criminales del imperialismo estadounidense en el país y en todo el mundo.

La declaración jurada declara que WikiLeaks "solicitó información clasificada, censurada o restringida", como si hubiera algo ilegítimo sobre esta práctica periodística de siglos.

Afirmó que Assange "nunca poseyó una autorización de seguridad ni la necesidad de saber" y que estaba "prohibido recibir información clasificada de los Estados Unidos". Esta línea por sí sola califica la acusación contra Assange como un ataque frontal a la libertad de prensa en los Estados Unidos e internacionalmente.

Significativamente, la declaración jurada de Brown condena a Assange por la publicación de WikiLeaks de información que "tenían motivos para creer que causaría daño a los Estados Unidos".

Esto no es nada menos que un llamado a establecer un precedente legal de que los periodistas deben funcionar como agentes de facto del Gobierno, incluso mediante la supresión de la información veraz que sea de interés público.

Los documentos a los que se hace referencia en esa sección de la declaración jurada son los registros de guerra de Irak y Afganistán. Esas publicaciones expusieron, por primera vez, el alcance de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación estadounidenses en ambos países.

Los registros de la guerra de Irak documentaron la muerte de casi 110,000 personas, incluidas más de 66,000 personas calificadas como civiles. Esto incluyó 15,000 muertes de civiles documentadas por las autoridades de los Estados Unidos, pero que fueron suprimidas públicamente.

Los registros de guerra de ambos países demostraron que la tortura era una práctica común para los Estados Unidos y sus representantes. Documentaron asesinatos extrajudiciales y el encubrimiento de crímenes de guerra que se extienden a los más altos niveles del mando militar.

La declaración jurada demuestra además que es precisamente por haber expuesto estos crímenes históricos, como periodista y editor, que Assange ha sido perseguido y acusado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Es una advertencia de que, si se extradita a Assange a los EUA, probablemente se añadirán cargos de espionaje y otros, que conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua o la pena de muerte. Brown indicó que se involucró en la investigación contra Assange luego de haber sido asignada a un "escuadrón de contraespionaje" del FBI en Washington.

La línea de tiempo presentada por Brown también proporciona nuevas evidencias de los motivos detrás de la creciente persecución contra Assange en los Estados Unidos.

Comenzó a trabajar con el "escuadrón de contraespionaje" dirigido contra Assange en febrero de 2017, el mismo mes en que WikiLeaks anunció que se estaba preparando publicar un enorme botín de documentos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), bajo el título de Vault 7.

Los documentos, publicados en marzo de 2017, fueron la exposición más extensa de los métodos criminales de la CIA en más de 30 años.

Detallaron las actividades de una división secreta dentro de la agencia, encargada de piratear computadoras en todo el mundo. Los documentos demostraron que la división había desarrollado técnicas para piratear sistemas informáticos y dejar marcadores "cuentacuentos", que atribuían los ataques informáticos a otros países, incluidos Rusia e Irán.

Vault 7 reveló que la agencia estaba espiando a personas a través de televisores inteligentes y otros dispositivos domésticos. La CIA también buscaba desarrollar capacidades para tomar el control remoto de los sistemas informáticos en los automóviles modernos. Tales habilidades podrían ser usadas en operaciones de asesinato.

La respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a las exposiciones fue apoplética. En abril de 2017, el director de la CIA, Mike Pompeo, declaró que Assange era un "demonio" y que WikiLeaks era un "servicio de inteligencia hostil no estatal" sin acceso a ningún derecho en la Primera Enmienda.

El mismo mes, el fiscal general de los EUA, Jeff Sessions, dijo que arrestar a Assange era una "prioridad". En una conferencia de prensa, dijo: "Ya hemos comenzado a redoblar nuestros esfuerzos y cada vez que se puede hacer un caso, buscaremos poner a algunas personas en la cárcel".

Apenas unas semanas antes de que Pompeo y Sessions hicieran sus declaraciones, el corrupto régimen ecuatoriano del presidente Lenín Moreno, actuando a instancias de Washington, cortó todas las comunicaciones de Assange y su acceso a internet en su embajada en Londres.

En un testimonio ante el tribunal en octubre pasado, desafiando los intentos del Gobierno ecuatoriano por aislarlo y amordazarlo, Assange explicó que la escalada de ataques contra él había resultado de la publicación de Vault 7.

La declaración jurada de Brown y el momento de la investigación en 2017 de WikiLeaks demuestran la urgencia de transformar el inmenso apoyo que existe a favor de Assange entre trabajadores, estudiantes y jóvenes, en un movimiento político de masas para asegurar su libertad.

Se debe hacer todo lo posible para evitar la extradición del valiente periodista a los Estados Unidos, donde sería puesto a merced de los torturadores de la CIA y los criminales de guerra que tanto ha hecho por exponer.

El Partido Socialista por la Igualdad (Australia) exige que el Gobierno australiano ponga fin a su colaboración en la venganza dirigida por los Estados Unidos contra Assange, un ciudadano australiano, e inmediatamente use su innegable discreción legal y poderes diplomáticos para asegurar su liberación de Reino Unido y su regreso a Australia con garantía de que no será extraditado a Estados Unidos.

Autorizado por James Cogan para el Partido Socialista por la Igualdad, Suite 906, 185 Elizabeth Street, S í dney, NSW, 2000

(Artículo publicado originalmente el 17 de abril de 2019)