Podemos antes despotricaba contra el “régimen del '78”, una referencia al sistema bipartidista que siguió tras la dictadura de 40 años del general Francisco Franco. Ahora es el más ferviente defensor de la Constitución burguesa española sobre la que este régimen se estableció.

El manifiesto para las elecciones del 28 de abril de este partido pseudoizquierdista se divide en 10 capítulos que reflejan los artículos de la Constitución. Su objetivo es conseguir cargos ministeriales para Podemos en un Gobierno de coalición dirigido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Podemos afirmó que, por ser parte de un Gobierno del PSOE, en vez de apoyarlo desde fuera como venía haciendo durante los 10 últimos meses, será capaz de ejercer presión más directamente y de alguna manera hacer que el PSOE gire a la izquierda.

El dirigente de Podemos Pablo Iglesias declaró, “La Constitución tiene que estar presente en esta campaña; ojalá que quienes se autoproclaman constitucionalistas estén dispuestos a hacer que se cumpla”.

“Defendemos la aplicación estricta de los artículos de la Constitución que protegen al pueblo, pero que no son implementados”, añadió, una referencia a artículos relativos a la provisión del pleno empleo y sistemas de vivienda “digna”, sanidad y bienestar.

Estas concesiones estaban incluidas en la Constitución de 1978 para legitimar el sucio compromiso entre el PSOE y el Partido Comunista (PCE) con los franquistas, la Iglesia y el ejército español, para “perdonar y olvidar” los crímenes del fascismo. Fueron integrales para que el PSOE y el PCE consiguieran la supuesta “transición pacífica” a la democracia burguesa después de la muerte de Franco atajando un ajuste de cuentas revolucionario con la burguesía española por parte de la clase trabajadora.

La cláusula en el Artículo 128 que dice que “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio” fue promocionada explícitamente por los estalinistas durante la Transición. El dirigente del PCE, Santiago Carrillo afirmó que “posibilitaría las transformaciones socialistas” mediante reformas parlamentarias y sin revolución.

El papel crítico del PCE en impedir que las luchas obreras de los '70 desembocaran en el derrocamiento revolucionario del régimen fue entendido por el Financial Times, la voz acreditada del capital financiero británico. Proclamó en diciembre de 1978 que el PCE, “que controla la mayor parte de la confederación sindical CCOO y es el partido político mejor organizado de España” fue “crucial” durante la Transición. “La moderación activa que mostraron los comunistas … fue decisiva para evitar que España cayera en un abismo de conflicto civil”, concluyó el FT .

Las “transformaciones” socialistas nunca estuvieron en la agenda. España ha tenido décadas de alto desempleo —a lo largo de los últimos 40 años solo una vez bajó del 10 por ciento, tuvo su pico de 27 por ciento en 2015 y permanece en el 15 por ciento (32 por ciento entre los jóvenes). Desde la crisis económica global de 2008, años de austeridad han visto una caída continua de los salarios reales, una explosión de contratos de trabajo temporal y el ataque salvaje a los servicios públicos.

Hoy España está en una profunda crisis económica y política, que refleja la descomposición del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. El sistema bipartidista que ha estado dominando la política española desde la muerte de Franco se está viniendo abajo como resultado de ello.

En los cuatro últimos años, ha habido tres elecciones generales, dos presidentes del Gobierno, más de 10 meses bajo Gobiernos interinos inestables y dos presupuestos que no pudieron ser aprobados en el Parlamento. Como en cualquier otra parte de Europa, se están preparando formas de gobierno autoritarias de Estado policial. La ideología franquista se está manifestando abiertamente otra vez en la forma del creciente partido Vox, que está exigiendo importantes revisiones de la Constitución para revertir la autonomía regional, prohibir partidos independentistas y marxistas y restringir el derecho a la huelga.

La trayectoria del PSOE ha sido desplazarse más a la derecha. En 2010, el Artículo 116, que trata de los estados de excepción, fue empleado por el Gobierno del PSOE de Zapatero para poner a los controladores aéreos bajo disciplina militar. Al año siguiente, el PSOE, con el apoyo del derechista Partido Popular (PP), modificó el Artículo 135 para “asegurar la estabilidad presupuestaria”, haciendo del reembolso de la deuda pública una prioridad por encima del gasto social. Esto brindó el marco legal para la austeridad respaldada por la UE. En 2017, el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, con el pleno apoyo del PSOE, usó el Artículo 155 para suspender el Gobierno regional electo de Cataluña.

Durante sus pocos meses en el poder, el actual gobierno del PSOE, respaldado por Podemos, bajo el presidente Pedro Sánchez, ha demostrado ser indistinguible del de Rajoy. Ha implementado medidas de austeridad, les dio miles de millones de euros a las fuerzas armadas, apoyó las operaciones de cambio de régimen dirigidas por los EUA en Venezuela, intensificó la represión a los inmigrantes y siguió la represión a los nacionalistas catalanes. Sánchez dijo que no dudaría en volver a aplicar el Artículo 155.

En las próximas elecciones se espera que vote menos de la mitad de los jóvenes por debajo de los 25 años de edad, y el 41 por ciento de todos los votantes están indecisos. No está claro si el PSOE, que lidera los sondeos con alrededor del 30 por ciento, será capaz de gobernar de nuevo incluso con los votos de Podemos y de los nacionalistas regionales. Hay temores en el PSOE de un “escenario andaluz” —una referencia a las elecciones regionales de diciembre pasado cuando el PSOE, que había gobernado la región durante 38 años, perdió el poder en beneficio de los partidos derechistas (el PP, Ciudadanos y Vox) debido a la abstención masiva. Podemos también ha visto un colapso en la intención de voto y está infestado de disputas entre facciones, deserciones y un colapso en el número de miembros. Antiguos aliados, la Izquierda Unida (IU) dirigida por los estalinistas, y los partidos nacionalistas regionales, se están distanciando de Podemos.

El PSOE podría aliarse con Ciudadanos, pero hasta ahora su líder Albert Rivera se ha negado a hacer un trato con Sánchez.

No está claro si los partidos derechistas juntos podrían obtener votos suficientes para alcanzar una mayoría parlamentaria.

Se habla, por lo tanto, de que España no tendrá Gobierno durante meses y de la posibilidad de otras elecciones.

Los sondeos indican que los asuntos sociales son una gran preocupación para los votantes. A la mayoría le preocupa el desempleo (61 por ciento), seguido por la corrupción y el fraude (33 por ciento), los partidos políticos y la política (29 por ciento), los problemas económicos (25 por ciento), y el sistema de sanidad pública (17 por ciento). Solo al 11 por ciento del electorado le preocupa el independentismo catalán, a pesar de que el tema ha estado recibiendo una cobertura hasta el hartazgo en los medios.

Capas crecientes de la población están entrando en lucha. Según la Organización Española de Organizaciones Empresariales las horas de trabajo perdidas debido a huelgas en España quedó en 13.369.478 durante el primer cuarto del año, un aumento del 163 por ciento desde el mismo período en 2018. El número de trabajadores implicados —728.186— subió un 54 por ciento.

La militancia creciente y la ira social se toparán con una oposición decidida en la élite gobernante, cualquiera que sea el Gobierno que se improvise al final. Su respuesta, como en otras partes de Europa, es intensificar el rumbo hacia un Estado policial. La ilusión que fomenta Podemos, de que puede presionar al PSOE a “socializar” la Constitución, contiene, por lo tanto, enormes peligros.

Podemos ha demostrado que cualquier gobierno local que lidere, en los llamados “ayuntamientos del cambio” o “consejos rebeldes”, ha impuesto medidas de austeridad. En la capital española, Madrid, la coalición dirigida por Podemos Ahora Madrid de Manuela Carmena llegó al poder en 2015, poniendo fin a 24 años de Gobierno del PP.

Dos años después, Carmena anunció recortes de cerca de €173 millones, lo que hizo que Iglesias declarara que “es lógico que los municipios tengan que quejarse” y asegurando a todo el mundo que Carmena sería la candidata a alcaldesa de nuevo en las próximas elecciones. (Desde entonces Carmena se fue de Podemos y se alió con el ex número dos de Iglesias, Íñigo Errejón.)

Un nuevo Gobierno de “izquierdas”, si llegara al poder, impondría políticas proausteridad y militaristas indistinguibles de la derecha y fortalecería a los neofascistas, quienes, aunque les falta una base de masas, están recibiendo un amplio apoyo desde dentro del aparato estatal, el ejército, la Iglesia y los medios.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de abril de 2019)