La decisión de la Corte Suprema de EUA en el caso Bucklew v. Precythe a principios de este mes, condenando a un hombre a muerte por medio de una inyección letal que le podría causar asfixia con su propia sangre cuando los tumores en su garganta estallen, es un testimonio del estado degenerado de la democracia estadounidense.

La opinión mayoritaria (votada 5-4) redactada por Neil Gorsuch, un magistrado designado por Trump, va en contra de la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales al obligar a los condenados a identificar "un método alternativo [de ejecución] factible y fácilmente implementado que reduciría significativamente un riesgo sustancial de dolor severo y que el Estado se ha negado a adoptar sin una razón penológica legítima” (énfasis añadido).

Además, el fallo sostiene que la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos "no garantiza a un prisionero una muerte sin dolor, algo que, por supuesto, no está garantizado para muchas personas, incluida la mayoría de las víctimas de delitos capitales".

El requisito de "viabilidad" demostró ser un obstáculo insuperable para Russell Bucklew, y su objetivo es lograr el mismo resultado para futuros desafíos a la ejecución inhumana. Tras exigir que el recluso planifique su propia muerte, el tribunal consideró que su propuesta de hipoxia nitrogenada, un modo de ejecución que demostró ser eficaz, simple y sin dolor según estudios recientes, carecía de la validez necesaria porque no explicaba las minucias de medidas de seguridad para quienes administraren el gas letal.

La rara condición médica de Bucklew causa tumores llenos de sangre dentro de su garganta. Tiene que dormir en una inclinación de 45 grados para evitar asfixiarse en su úvula congestionada (la formación en forma de bola que cuelga en la parte posterior de la garganta). En el momento de su ejecución, estará amarrado a una camilla, en ángulo paralelo al suelo, momento en el que probablemente comenzará a asfixiarse con su úvula antes de que se le administre cualquier pentobarbital.

El juez Gorsuch sostiene que el estándar para un castigo "cruel e inusual" deben ser las convenciones y las costumbres que prevalecieron en el momento de la ratificación de la Octava Enmienda, y no las concepciones modernas que han evolucionado durante los últimos dos siglos. Él ve como crueles e inusuales solo aquellas prácticas de ejecución asociadas con la Edad Media, que incluyen, como él dice, "arrastrar al prisionero al lugar de ejecución, desmembrarlo, acuartelarlo [teniendo las extremidades de uno retiradas y colocadas en varios lugares], diseccionarlo públicamente, y quemarlo vivo ".

En sus propios términos, la opinión de Bucklew es una parodia judicial, convirtiendo un límite fundamental sobre el poder estatal en una luz verde para las ejecuciones sin restricciones. Pero una evaluación completa de sus implicaciones retrógradas requiere un contexto histórico.

Con respecto al concepto legal de castigo cruel e inusual, el fallo de Bucklew ataca directamente los valores de la Ilustración que inspiraron la Revolución de los Estados Unidos y su Carta de derechos, y sus antecedentes, como la Revolución Gloriosa de 1688 y la Carta de derechos inglesa de 1689.

La Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que "no se exigirá una fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se impondrán castigos crueles e inusuales". Cuando se propuso en el Primer Congreso de los Estados Unidos en 1789, la Carta de derechos (como se conocen colectivamente las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos) incorporó disposiciones sobre la libertad de expresión, prensa y religión (Primera Enmienda); por un sistema de milicias democrático y dirigido por los ciudadanos en lugar de un ejército permanente (Segunda Enmienda); por no tener soldados acuartelados en el hogar (Tercera Enmienda); por la libertad de búsquedas y confiscaciones injustificadas, (Cuarta Enmienda); por el derecho al debido proceso legal (Quinta Enmienda); y a un juicio por jurado y el derecho de enfrentar al acusador en la corte (Sexta Enmienda).

Las enmiendas restantes de la Carta de derechos proporcionaron el derecho a un juicio por jurado civil para reclamaciones que excedan los $20 (Séptima Enmienda); estipuló que la Carta de Derechos no era una lista exhaustiva de los derechos de una persona (Novena Enmienda); y siempre que los derechos no especificados de otra manera estuvieran reservados para los estados o las personas (Décima Enmienda).

La Carta de derechos limitó los poderes que el Gobierno federal tendría bajo la Constitución que fue redactada en 1787 y ratificada por los estados en 1789 para reemplazar la estructura federal más limitada bajo los Artículos de la Confederación. Los delegados al Congreso Constitucional no pudieron haber obtenido los votos necesarios para ratificar la nueva estructura federal sin un acuerdo para agregar enmiendas que brindaran garantías específicas de libertad personal. Así de grande era el temor de que un gobierno más fuerte, con un ejecutivo poderoso en la Presidencia, los nuevos poderes fiscales y un poder judicial federal, podrían allanar el camino a una autocracia sin rendición de cuentas.

El lenguaje específico de "ni los castigos crueles e inusuales infligidos" es una copia literal de la Carta de derechos inglesa de 1689, en sí un baluarte contra el poder ilimitado de la corona.

Tanto la Carta de derechos de los Estados Unidos como su antecedente inglés llevan el sello inconfundible de la Ilustración. El término Ilustración puede resumirse como el movimiento intelectual, político y cultural que acompaña el ascenso de la burguesía como clase social y el declive concurrente de la nobleza feudal, las grandes monarquías y la Iglesia católica. Algunas de sus características principales incluyen la elevación de la persona frente al Estado; la creencia de que el Estado deriva su autoridad a la que los individuos consienten y que existe para defender sus libertades; y la creencia de que la razón puede armonizar y mejorar la vida humana. Las instituciones que obstaculizan la felicidad y el progreso humanos deben justificar su existencia o hacerse a un lado.

Un filósofo de la Ilustración que influyó profundamente en la Revolución estadounidense fue el humanista italiano Cesare Beccaria. Nacido en Milán en 1738, Beccaria estudió derecho en sus primeros años antes de unirse a un club literario-filosófico llamado "La Academia de los Puños" a mediados de los años veinte. Allí se familiarizó con las obras de pensadores ilustrados como Diderot, Helvetius, Montesquieu y Hume. Animado por sus colegas de la academia, fue autor de la muy influyente obra Sobre crímenes y castigos.

Aplicando el racionalismo de la era de la Ilustración en el campo del derecho y las políticas penales, S obre crímenes y castigos rechazó el enfoque del castigo "ojo por ojo, diente por diente". Si bien esta lex talionis, latín para "ley de igualdad", para la visión del castigo tenía cierta franqueza, los costos de la retribución excedían la justificación racional en la perspectiva de Beccaria. En cambio, el castigo "debe tener solo el grado de severidad que sea suficiente para disuadir a los demás", porque "todo acto de autoridad de un hombre sobre otro que no se derive de la necesidad absoluta es tiránico". Beccaria apoyó un enfoque más utilitario (que influenció mucho a Jeremy Bentham) en lugar del enfoque retributivo prevaleciente al castigo.

Con la audacia característica de las mejores obras de la Ilustración, Sobre crímenes y c astigo s criticó inflexiblemente la práctica común de extraer confesiones mediante la tortura, atribuyendo esta práctica a los vestigios de la absolución religiosa de los pecados. El libro presenta argumentos elocuentes para juicios con jurado, el debido proceso y los tipos de restricciones gubernamentales que finalmente encontraron expresión en la Carta de derechos de los Estados Unidos. También se opone a lo que Becarria llamó "acusaciones secretas", que hoy llamaríamos acusaciones selladas.

La sección sobre la pena de muerte desarrolla los primeros argumentos modernos contra ese castigo irreversible. "¿No es absurdo que las leyes que detectan y castigan los homicidios deberían, para prevenir el asesinato, cometer asesinatos públicamente?".

Y, como si anticiparan las palabras de Gorsuch en el fallo de Bucklew, Beccaria agrega: "¿Qué deben de pensar los hombres cuando ven a sabios magistrados y severos ministros de justicia, con indiferencia y tranquilidad, arrastrando a un criminal a la muerte, y mientras un desgraciado tiembla de agonía, esperando el golpe fatal, el juez que lo condenó, con la más fría insensibilidad y quizás con una nada pequeña satisfacción por la aplicación de su autoridad, deja su tribunal para disfrutar de las comodidades y los placeres de la vida?".

El autor de la Ilustración francesa, Voltaire, aprovechó el trabajo de Becarria de inmediato, y calificó al italiano de "hermano" y "genio benéfico cuyo excelente libro ha educado a Europa".

Sobre crímenes y castigos se hizo tan popular en Europa y también en Estados Unidos, que se sometió a seis impresiones en el periodo de unos pocos años. El mismo Voltaire escribió un ensayo introductorio a dos ediciones que, según un estudio, encontró su camino a las bibliotecas personales de más de un tercio de los líderes revolucionarios estadounidenses.

En su autobiografía, Thomas Jefferson se refiere a Beccaria como una influencia para reformar el derecho penal en Virginia: "Beccaria y otros escritores sobre crímenes y castigos han satisfecho el mundo razonable en cuanto a la injusticia y la ineficacia del castigo de los crímenes por medio de la muerte".

Su colaborador en el proyecto en Virginia llamado “Revisión de leyes”, James Madison, incluyó Sobre crímenes y castigos en la lista de lecturas sugeridas para los participantes del proyecto y también para los participantes en el Congreso Continental.

Un intercambio de cartas entre Jefferson y Madison indica cuán profundamente influenciados estuvieron ambos revolucionarios por el filósofo milanés. La pareja discutió si colgar a alguien sería apropiado en casos de traición e insurrección, delitos que usualmente se llevaron a cabo como ejemplo incluso por los opositores a la pena de muerte de una circunstancia excepcional que podría requerir la pena máxima para preservar una sociedad libre de la tiranía. (Esta fue la opinión de Beccaria, por ejemplo). En el intercambio, Jefferson discutió contra el ahorcamiento de los rebeldes, llegando a decir que una rebelión de vez en cuando era algo bueno.

La influencia de Beccaria en otros revolucionarios estadounidenses también es evidente.

Thomas Paine, el gran propagandista de la Revolución estadounidense, autor del folleto Sentido común, se opuso a la pena de muerte incluso en el caso del rey depuesto en la Revolución francesa. Lo mismo hizo su amigo, el Dr. Benjamin Rush, signatario de la Declaración de independencia y el cirujano general del Ejército Continental.

El comandante de la Guerra revolucionaria, el marqués de Lafayette, comentó sarcásticamente que apoyaría la pena de muerte en cuanto tuviera suficientes pruebas de la infalibilidad humana en su aplicación. Del mismo modo, Benjamín Franklin y George Washington desaprobaron la pena de muerte y defendieron su implementación menos frecuente.

Como lo escribió el Word Socialist Web Site el día después de la decisión de Bucklew, el fallo parece anular un caso seminal de la Corte Suprema de 1958 que sostiene que la Octava Enmienda prohíbe no solo lo que se consideró un "castigo cruel e inusual" a fines del siglo XVIII, sino cualquier castigo que desafíe los “estándares de decencia en evolución que marcan el progreso de una sociedad en proceso de maduración”.

El estándar de 1958 hizo eco de las palabras de Jefferson, grabadas en su memorial en Washington, DC:

“Ciertamente no soy un defensor de los frecuentes cambios en las leyes y constituciones. Pero las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana. A medida que esto se hace de forma más desarrollada, más ilustrada, a medida que se hacen nuevos descubrimientos, se descubren nuevas verdades y se modifican las opiniones y los modales, con el cambio de circunstancias, las instituciones también deben avanzar para seguir el ritmo de los tiempos. Podríamos exigir a un hombre que use todavía el abrigo que le quedaba cuando era un niño como sociedad civilizada para permanecer siempre bajo el régimen de sus bárbaros antepasados".

Bucklew sostiene que una ejecución es cruel e inusual solo si "sobreadiciona" dolor. En resumen, solo el dolor que sea innecesario —es decir, que no contribuya a causar la muerte— es cruel e inusual. El concepto de "superadición" provino de una opinión concurrente de Clarence Thomas en el caso de la Corte Suprema de 2008 , Baze v. Rees, que legalmente sancionó el "cóctel" de tres partes utilizado para la mayoría de las inyecciones letales en ese momento.

¿Cuál es el significado de este concepto? Como parte de la norma para el castigo cruel e inusual, requiere un intento específico de infligir dolor o humillación por parte del Estado, algo que es prácticamente imposible de demostrar. Por lo tanto, el estándar de superadición permite virtualmente cualquier forma de asesinato. Si un Estado, por ejemplo, utilizara el ahogamiento para la ejecución sin agregar ningún dolor por encima de lo que se asocia con el ahogamiento, esto pasaría a ser constitucional, a pesar de que existe un método no doloroso de hipoxia nitrogenada, según las últimas decisiones del Tribunal Supremo.

(Uno debe recordar que la Oficina de Asesoría Jurídica de George W. Bush escribió memorandos "legales" que aprobaban los "interrogatorios mejorados", es decir, la tortura, métodos utilizados por la CIA después del 11 de septiembre contra presuntos terroristas. Los memos especificaron la intención de causar dolor extremo o la muerte como el criterio para definir un tipo de tratamiento como tortura. En otras palabras, si los torturadores supuestamente no estaban motivados por el deseo de infligir dolor, sino por otros fines, como extraer información, eran permisibles los métodos como el ahogamiento simulado, las posiciones generadoras de estrés, las amenazas contra los hijos o los padres de un detenido, alimentación rectal, etc. Gorsuch tomó prestada la misma norma para su decisión que justifica los métodos de ejecución sádicos.)

¿Hay alguna duda de cuál sería la reacción de los grandes revolucionarios norteamericanos si leyeran las opiniones de Neil Gorsuch y Clarence Thomas? A pesar de todas sus pretensiones de "originalismo" constitucional, el bloque de la derecha en el Tribunal Supremo ha denigrado la prohibición clara e inequívoca de los castigos crueles e inusuales ("no se... infligirá") como una contingencia remota, con la condición efectiva de que, "a menos que el Estado prefiera lo contrario".

La premisa no declarada de este razonamiento legal es que es el Estado y no el ciudadano es el que posee derechos. Esta inversión de la visión de la Ilustración en la que los Estados deben todo, incluso su propia existencia, a los ciudadanos, quienes tienen derechos inalienables a la vida, la libertad y la felicidad, impregna toda la jurisprudencia de tanto el "originalismo" (la especialidad del difunto Antonin Scalia) como las teorías legales de los "derechos de los Estados" (de los segregacionistas), que inevitablemente protegen a los Gobiernos estatales de la intrusión federal en el pisoteo de los derechos individuales a nivel estatal. Clarence Thomas, por su parte, realmente cree que cada estado podría establecer su propia religión, y esto no violaría la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. (Ver el análisis WSWS de Ciudad de Grecia v. Galloway).

El fallo de Bucklew apesta a una justicia propia cuasirreligiosa, como si los fiscales, los políticos, los jueces y los funcionarios de prisiones tuvieran una posición moral —qué sociedad tan mala en la que se encuentran, donde los máximos criminales no sufren castigo, sino la riqueza y privilegio en su lugar— ¡para decidir no solo si uno debe vivir o morir, sino si se debe asfixiarse! Como si abatir a un hombre como a un perro viejo (o de una manera aún más dolorosa) reequilibra la balanza de la justicia, o devuelve algo o alguien a las víctimas, o alivia cualquier mal social.

La decadencia de la democracia estadounidense expresa, en forma política, la polarización económica sin precedentes de la sociedad. Una aristocracia financiera estrecha y venal se siente cada vez más asediada por una clase trabajadora inquieta y amplias capas de jóvenes desilusionados. Responde desmantelando incluso la democracia limitada bajo el capitalismo y avanzando rápidamente hacia formas de gobierno dictatoriales.

Al mismo tiempo, al rehabilitar la tortura, la elite gobernante pretende intimidar a quienes se oponen al orden social e inculcar el miedo y el terror ante la brutalidad del Estado capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de abril de 2019)