El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, convocó hoy a una conferencia de todos los partidos para discutir "la situación que ha surgido en el país y planear los próximos pasos". Todos los partidos políticos, tanto dentro como fuera del Parlamento, deben ser invitados.

El Partido Socialista por la Igualdad (Sri Lanka) condena esta conferencia. Se está utilizando para obtener el apoyo de todos los partidos para los poderes extraordinarios de la policía y el Estado impuestos después de los atentados terroristas del domingo y otras medidas antidemocráticas. En medio de una marea creciente de luchas de la clase trabajadora, estas medidas represivas se usarán inevitablemente contra los trabajadores.

Dichas conferencias de "todos los partidos" han sido convocadas en periodos anteriores de crisis política aguda como un medio para apuntalar el gobierno burgués e implementar la agenda antiobrera de la burguesía y sus patrocinadores imperialistas.

Hoy no es la excepción. Hace solo seis meses, las luchas internas en los círculos gobernantes emergieron a la superficie cuando Sirisena despidió al primer ministro Ranil Wickremesinghe y lo reemplazó con el expresidente Mahinda Rajapakse.

La crisis creada por la lucha entre facciones en Colombo se ve agravada por las intrigas y el impulso bélico de las grandes potencias. En 2015, EUA montó con el apoyo de la India una operación de cambio de régimen para derrocar a Rajapakse, a quien consideraba demasiado cercano a China. Bajo la presión de Washington, Sirisena se vio obligado a reintegrar a Wickremesinghe el año pasado después de que la Corte Suprema dictaminara que su disolución del Parlamento era inconstitucional.

No está claro quiénes fueron los responsables del horrible atentado terrorista del domingo. El Estado Islámico se responsabilizó de los bombardeos, pero ha hecho afirmaciones similares en el pasado que eran falsas. Aún no se ha explicado por qué el Gobierno, la policía y los militares no tomaron medidas para evitar los atentados, incluso después de recibir una advertencia específica de una agencia de inteligencia extranjera 10 días antes del ataque.

Lo que se necesita es una investigación pública completa sobre las circunstancias que rodearon los ataques. Sin embargo, eso es lo último que quieren cualquiera de los partidos de la élite política, las fuerzas de seguridad o las principales potencias, ya que dejaría al descubierto su propia complicidad y/o participación en los acontecimientos.

En cambio, toda la élite política se ha unido para explotar el impacto y el horror de los bombardeos para imponer medidas policiales y estatales que destruyen los derechos democráticos fundamentales de los trabajadores.

Sin someterlo a votación formal, todos los partidos parlamentarios aprobaron ayer el estado de emergencia. Esto incluía al Partido Nacional Unido (UNP) de Wickremesinghe, el Sri Lanka Podujana Peramuna de Rajapakse, la facción del Partido de la Libertad de Sri Lanka de Sirisena, la Alianza Nacional Tamil y el Janatha Vimukthi Peramuna. Ninguno planteó ninguna objeción.

En su discurso del martes, el presidente Sirisena afirmó que las regulaciones de emergencia estaban destinadas únicamente a frenar el terrorismo. Declaró que "asumiría la responsabilidad" de garantizar que las medidas no se utilizaran para censurar a la prensa, evitar protestas o reprimir la libertad de expresión.

Esto es una mentira. Incluso antes de que se anunciara el estado de emergencia, el Gobierno tomó el paso sin precedentes de cerrar todas las redes sociales, incluidas Facebook y YouTube.

Los reglamentos promulgados el martes otorgan poderes de gran alcance a las fuerzas armadas, la policía y las "autoridades competentes" designadas por el presidente para llevarlos a cabo.

La larga lista de poderes incluye prohibir procesiones y reuniones; prevenir o restringir las publicaciones que puedan crear una perturbación al orden público o la desafección; imponer toques de queda; incautar bienes, incluidos los vehículos; y mantener servicios esenciales. Estas medidas pueden ser y serán utilizadas para prohibir las huelgas y protestas.

Las actividades prohibidas incluyen: proporcionar información perjudicial para la seguridad nacional; participar en actividades terroristas, y distribuir folletos en detrimento de la seguridad pública o los servicios esenciales.

Las fuerzas armadas y la policía pueden registrar y arrestar a personas sin órdenes judiciales. Cualquier persona arrestada debe comparecer ante un magistrado dentro de los 30 días, pero puede ser detenida sin juicio por un año por orden del secretario de Defensa.

Las confesiones hechas a un asistente del superintendente de policía se pueden usar en el tribunal como prueba, y en el pasado se obtuvieron mediante tortura.

La conferencia de todos los partidos se convocó hoy para preparar medidas que van más allá de las leyes actuales de los estados de excepción que se utilizaron ampliamente en la prolongada y brutal guerra civil librada por Colombo. Sirisena declaró ayer que "tomaría medidas para reorganizar la policía, las fuerzas militares y los servicios de seguridad" y les proporcionaría tecnología sofisticada para permitir una respuesta rápida.

Las fuerzas armadas ya están haciendo cumplir el estado de emergencia. Las tropas fuertemente armadas están erigiendo bloqueos de carreteras, revisando vehículos, realizando búsquedas y arrestando a personas. Los escuadrones de acción rápida montados en motocicletas recorren las calles de Colombo.

La ministra del Interior, Vajira Abeywardane, anunció ayer la reintroducción de comités de seguridad a nivel distrital, en línea con los que se formaron durante la guerra comunal de tres décadas contra los Tigres de Liberación del Eelam Tamil. Los comités se utilizaron para espiar a los tamiles, así como a los opositores políticos y las actividades de los trabajadores.

El Gobierno también está creando un clima de miedo y sospecha. El diputado oficialista Ashu Marsinghe presentó una “resolución privada” en el Parlamento solicitando una prohibición “temporal” del uso del burka por parte de las mujeres musulmanas. Todos los medios de comunicación y el sistema político están sumidos en el supremacismo budista cingalés, que en repetidas ocasiones se ha utilizado para fomentar las tensiones comunitarias para dividir a la clase trabajadora.

Lo que está impulsando la implementación de estas medidas draconianas es el temor en las elites gobernantes del resurgimiento internacional de la clase obrera. En Sri Lanka, durante el año pasado, ha habido crecientes huelgas y protestas de trabajadores, agricultores y estudiantes contra la agenda de austeridad del Gobierno, que ha sido dictada por el Fondo Monetario Internacional.

En diciembre, más de 100,000 trabajadores de plantaciones dejaron de trabajar durante nueve días, exigiendo una duplicación de su salario básico de pobreza. El mes pasado, más de 200,000 maestros hicieron huelga por un día, exigiendo un aumento salarial, y los maestros están preparando una huelga de dos días del 8 al 9 de mayo. La profunda preocupación en los círculos gobernantes es que los sindicatos no podrán contener y reprimir este movimiento creciente.

El SEP advierte que la rápida imposición de medidas propias de tiempos de guerra es la preparación de la clase dominante para la guerra de clases contra la clase obrera y los pobres urbanos y rurales, y un paso hacia la imposición de una dictadura. La clase obrera debe unificar sus luchas a través de líneas étnicas y religiosas y defender los derechos sociales y democráticos de todos. El factor central de esta perspectiva es la lucha por un Gobierno de obreros y campesinos para implementar políticas socialistas como parte de la lucha por el socialismo en todo el sur de Asia e internacionalmente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de abril del 2019)