Desde el viernes pasado, Honduras se ha visto estremecida por crecientes huelgas y manifestaciones de docentes, trabajadores del área de salud, estudiantes de colegio y universidades, y sus simpatizantes contra una legislación que facilita recortes presupuestarios, despidos masivos y la privatización de los sistemas públicos de educación y salud.

El Gobierno de Juan Orlando Hernández (conocido como JOH)—una continuación del régimen instalado por el golpe de Estado de 2009 que respaldó Estados Unidos—desplegó policías antidisturbios a reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes. Docenas de personas que protestaban quedaron heridas y al menos 10 fueron detenidos.

El lunes, cuando más de diez mil trabajadores y jóvenes marchaban en la capital, Tegucigalpa, un oficial de policía en ropa particular, identificado como Jairo Alberto Flores López, es visto en videos hablando por radio y disparándole a manifestantes con una pistola mientras corría junto a los policías antidisturbios. Una de las balas dio en el pecho de José Humberto Duarte, un maestro de 54 años, apenas esquivando sus órganos vitales.

Los constantes ataques mortales de las fuerzas armadas del régimen títere estadounidense en Tegucigalpa contra trabajadores y jóvenes que luchan por sus derechos sociales y democráticos expone la farsa de los pretextos de “derechos humanos” que el imperialismo estadounidense utiliza para sus guerras, invasiones y operaciones de cambio de régimen neocoloniales por todo el mundo, más recientemente en sus esfuerzos para derrocar el Gobierno de Maduro en Venezuela.

Maestros y doctores en gran parte de Honduras hicieron huelga el lunes y martes y se unieron a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores el miércoles, un feriado. Sus cantos incluían “Abajo con la dictadura” y “Fuera JOH”.

Las manifestaciones en Honduras son parte de un resurgimiento de la lucha de clases en todo el continente e internacionalmente, en oposición a la austeridad social y los ataques contra empleos, salarios y prestaciones. Regionalmente, se producen después de la huelga más larga en la historia de Costa Rica el año pasado, también encabezada por docentes, huelgas de masas contra los recortes a las pensiones en Nicaragua y protestas estudiantiles en marzo contra la privatización del agua en El Salvador.

María Dilia Paz, una maestra que se manifestó en Tegucigalpa el lunes, describió sus condiciones a TeleSur, “Hacemos lo más imposible para que nos ajuste el dinero. Usted sabe cómo está la energía eléctrica y un día que se pase de pagar, se la cortan. Nuestros hijos a veces se van con poquita comida. No llevan merienda porque no tenemos”.

Los 65.000 educadores en el país reciben pagos por hora a niveles de pobreza, entre $2,70 y $3,80 por hora de clases.

Miles se unieron a las marchas y a cortes de ruta en las otras de las principales ciudades, desde San Pedro Sula y La Ceiba en el norte, a Comayagua en el centro y Choluteca en el sur. El lunes, los manifestantes bloquearon la frontera con Nicaragua en Guasaule y fueron violentamente dispersados por la policía hondureña.

Tres edificios gubernamentales, incluyendo la alcaldía, además de una farmacia, fueron incendiados el lunes en la capital, presuntamente por manifestantes, y la sede del partido oficialista fue dañada el miércoles.

Los oficiales del Gobierno y la prensa corporativa han afirmado que las reformas estructurales —compuestas por un lenguaje poco definido sobre permitir que las secretarías “proceda[n] a la revisión del presupuesto y Plan Operativo Anual”— buscan “ahorrar” $300 millones que serán supuestamente reinvertidos.

Estas garantías, sin embargo, suenan huecas para los trabajadores y jóvenes, quienes han evidenciado años de recortes y deterioro de estos servicios públicos vitales, así como el robo directo de fondos por parte de la camarilla gobernante, incluyendo cientos de millones de dólares tomados del sistema de salud para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.

La Central General de Trabajo (CGT), la cual está alineada con el régimen, respaldó abiertamente las medidas, mientras que el Sindicato de Empleados Públicos de la Educación (SIEMPE) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) se han opuesto con el objetivo de conseguir un asiento en la mesa de futuras negociaciones.

El martes, los legisladores del Partido Nacional anunciaron que suspenderían la ratificación final de los proyectos de ley para continuar las conversaciones con los sindicatos y los partidos de oposición. En respuesta, los sindicatos y la asociación de doctores desistieron sobre futuras huelgas.

Los trabajadores reconocen que cualquier negociación con este régimen títere de las élites financieras de EUA y Honduras no puede resultar en “los servicios públicos que los hondureños merecen”, como ahora firman tanto los oficiales de los sindicatos como el Gobierno. Los reportes sobre los proyectos de ley fueron acompañados prominentemente en los medios por noticias sobre reuniones continuas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional que se han estado llevando a cabo desde el 8 de abril en Washington D.C. y Tegucigalpa.

Los medios de comunicación han destacado un rescate que involucra la “reestructuración” de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; sin embargo, el objetivo principal de las negociaciones con el FMI es la aprobación de nuevos créditos para cubrir la creciente deuda pública a cambio de medidas más profundas de austeridad y privatizaciones.

El martes, el asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Arturo Alvarado, un exsecretario de Finanzas, anunció que está cerca un acuerdo. “Se nos ha explicado que no habrá aumento en las tasas impositivas”, afirmó, “lo que viene son temas de gobernabilidad o cómo mejorar la calidad del gasto, especialmente, en educación y salud”.

Todos los partidos políticos y sindicatos representan los intereses de capitalistas cuyas ganancias dependen de la habilidad de Honduras de atraer inversiones extranjeras como una plataforma de mano de obra barata con impuestos y costos de seguridad social bajos o inexistentes.

El centro de pensamiento Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha calculado que los pagos de la deuda pública excederán los 45 mil millones de lempiras (US$1,85 mil millones) este año, superando los 39,6 mil millones de lempiras (US$1,6 mil millones) de presupuesto combinado para la educación y el sistema de salud y seguro social. Significaría, además, un aumento de 33 por ciento en el desembolso a los buitres financieros internacionales y locales respecto al 2018 y equivaldría a casi una tercera parte del presupuesto total del Gobierno.

La Secretaría de Finanzas, además, calcula que las exenciones de impuestos, particularmente para las maquiladoras en las 24 zonas francas del país, sumaría 37 mil millones de lempiras ($1,5 mil millones) este año. Mientras tanto, el salario promedio de los 132.000 trabajadores que fabrican ropa, autopartes y otros productos en las maquilas es de US$40 por semana.

En otras palabras, en el país más desigual del continente americano, miles de millones de dólares son transferidos cada año de la riqueza creada por la clase trabajadora a las élites financieras y empresariales por medio de pagos sobre la deuda y exenciones fiscales, mientras más del 60 por ciento de la población vive bajo la pobreza.

Las zonas rurales en Honduras también están hirviendo de oposición social. El 2 de abril, campesinos de distintos puntos del país fueron acompañados en protestas por grupos indígenas lencas del departamento occidental de Intibucá, quienes marcharon a Tegucigalpa para exigir la condonación de sus deudas y oponerse a posibles remates de sus propiedades debido a la casi quiebra del estatal Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Cientos realizaron marchas pacíficas y colocaron bloqueos en los departamentos más rurales del norte (Colón), sur (Valle) y este (Olancho) del país.

La continua concentración de la tierra, la construcción de represas, la deforestación y una sequía severa han empujado a miles de las familias campesinas más empobrecidas al borde de la inanición, obligando a muchos a migrar al norte.

El Gobierno de Trump, sin embargo, está intensificando sus ataques contra los inmigrantes para cultivar su base de apoyo fascistizante, incluyendo por medio de la militarización de la frontera, la erosión ilegal del derecho al asilo, las amenazas para poner fin al permiso de residencia TPS para 57.000 hondureños y deportaciones masivas. Cientos de miles que buscan escapar de las condiciones desesperadas y mortales en el campo y las ciudades hondureñas, con la fuerte presencia de pandillas y la represión estatal brutal, están siendo enviados de vuelta.

Las más recientes manifestaciones son señal de levantamientos sociales que se avecinan e involucrarán a los sectores más amplios de trabajadores y oprimidos. El imperialismo estadounidense y la élite clientelar hondureña han estado preparándose por medio del fortalecimiento del aparato represivo y utilizando fraudes electorales y al ejército para mantener a sus representantes políticos preferidos en el poder. Esto vio el asesinato de 32 manifestantes en las protestas contra el fraude electoral en noviembre de 2017.

Desde el golpe de Estado de 2009, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), el presupuesto militar de Honduras se ha triplicado, a una proporción del producto interno bruto no vista desde 1990. Pero, esto no incluye los cientos de millones de dólares de ayuda militar del Pentágono, el cual utiliza sus bases militares en Honduras como una plataforma de lanzamiento para sus intervenciones en la región.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de mayo de 2019)