El 1˚ de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó legislación laboral que supuestamente creará sindicatos “democráticos” e “independientes”. La ley presuntamente dejará que los obreros usen un voto secreto para elegir a los líderes sindicales y aprobar contratos colectivos. También creará una junta federal de arbitraje para la resolución de disputas laborales. El Senado mexicano y la Cámara de Diputados habían aprobado la legislación abrumadoramente en abril.

La reforma laboral tiene dos propósitos. Primero, la clase dirigente mexicana busca sembrar ilusiones en nuevas organizaciones sindicales, como la recién formada Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que en realidad no son diferentes a los corruptos sindicatos proempresariales que ya existen en otros países para sofocar y traicionar las luchas obreras, sin importar la manera en la que los líderes sindicales fueron seleccionados.

Hace cuatro meses, una ola de huelgas golpeó a la industria maquiladora en la ciudad fronteriza de Matamoros. Ante el miedo mortal de la clase dirigente, estas luchas estallaron en oposición directa a los sindicatos afiliados con la confederación sindical más grande del país, la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Miles de obreros tomaron el paso decisivo de crear comités de planta independientes, democráticamente dirigidos y elegidos por los obreros, para coordinar y dirigir una lucha contra las corporaciones transnacionales que los explotan de manera brutal.

La corrupción y criminalidad abierta de los sindicatos mexicanos es un hecho irrefutable. La CTM y sus afiliados son notorios por firmar acuerdos conocidos como “contratos de protección” que son negociados a las espaldas de los obreros sin su voto, y a veces sin su conocimiento. La CTM ha estado vinculada históricamente con el derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por décadas fungió como un pilar del gobierno.

Sin embargo, los obreros deben ser urgentemente advertidos de que la legislación de AMLO no mejorará sus condiciones de vida o laborales. Su explotación continuará sin interrupciones, a pesar de la presentada ilusión de “elección”.

Los obreros mexicanos solo tienen que estudiar la experiencia de sus contrapartes internacionales, quienes ganaron el derecho de formar y elegir sindicatos durante la primera parte del siglo XX, pero enfrentan los mismos recortes salariales, aumentos en su carga laboral, y cierres de planta bajo sus propios sindicatos nacionalistas y procapitalistas.

De hecho, cuando los obreros en EE.UU. y Canadá aprendieron de la iniciativa de bases de los matamorenses, ¡muchos dijeron que querían rebelarse contra sus propios sindicatos nominalmente “democráticos”!

Ninguna “reforma laboral” puede democratizar las plantas y garantizar los derechos de los trabajadores, porque la raíz de su explotación no es fundamentalmente legal, sino económica. Un funcionario sindical elegido, a pesar de que tan sincero sea él o ella, inmediatamente confronta las relaciones capitalistas económicas y políticas que se consideran sagradas, como el “derecho” de las corporaciones de maximizar sus beneficios y permanecer “competitivas” al extraer el máximo valor posible de sus trabajadores. La “opción” entre un funcionario sindical no tiene valor cuando las opciones de los obreros se reducen a cuál individuo impondrá los dictados de la gerencia.

En su serie de cinco partes, “Lecciones de la rebelión en Matamoros”, el WSWS llevó a cabo un extenso análisis histórico y político de los sindicatos “independientes” en México y América Latina. Organismos como el CIT y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) son financiados y apoyados por los gobiernos estadounidenses y alemanes para canalizar la oposición social al sistema capitalista, erradicar a obreros izquierdistas o con mentalidad socialista, y subordinarlos políticamente a los intereses del imperialismo.

Un segundo factor detrás de la promulgación de la legislación laboral fue la aprobación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las reformas laborales mexicanas fueron una exigencia clave por parte de la Administración de Trump, los diputados demócratas, y el aparato sindical estadounidense para aprobar el T-MEC, el cual remplazaría NAFTA.

El representante de Comercio Robert Lighthizer alabó las nuevas leyes al declarar, “Estas reformas considerablemente mejorarán el sistema mexicano de justicia laboral y son exactamente por lo que los líderes sindicales en EE.UU. y México han buscado durante décadas”.

El gobierno estadounidense no tiene una gota de preocupación por los derechos de los trabajadores mexicanos. Los obreros y jóvenes latinoamericanos, quienes han sido víctimas de decenas de dictaduras respaldadas por EE.UU. y son bienvenidos brutalmente por el Gestapo de inmigración moderno en la frontera, saben la verdadera actitud de la clase dirigente estadounidense a sus derechos democráticos.

El gobierno de Trump ha buscado reempaquetar a NAFTA como un bloque de comercio más explícitamente dirigido por EE.UU. Las reformas laborales son vistas como medidas nacionalistas para hacer a México una plataforma de inversión menos lucrativo para las corporaciones transnacionales e incrementar la “competitividad” de las empresas estadounidenses.

Líderes del Partido Demócrata han tratado de superar a Trump desde la derecha sobre el comercio, declarando que T-MEC solo será ratificado cuando haya evidencia que las reformas están siendo implementadas.

Esto incluye al nacionalista “socialista democrático” Bernie Sanders, quien se ha formado detrás de esfuerzos para enfrentar a los obreros mexicanos y estadounidenses los unos contra los otros y alinearlos detrás de sus propias clases dirigentes. “El tratado de NAFTA que Trump renegoció con México dejará que las empresas como General Motors envíen nuestros trabajos a México”, dijo Sanders el 13 de abril. “Por una vez en tu vida”, dijo Sanders, “cumple tus promesas de campaña… vuelve a la pizarra de planeamiento”.

La asimilación de las lecciones de la rebelión de los obreros de Matamoros es requerida urgentemente para entender el camino a seguir. Los trabajadores deben luchar no por nuevos sindicatos, sino por un poder obrero independiente que tiene su punto de partida las necesidades objetivas y la fuerza social de la clase obrera. Esto no será otorgado por AMLO o cualquier otro político capitalista, sino que debe ser conquistado por la clase obrera internacional, unida bajo un programa y perspectiva socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de mayo de 2019)