Los eventos el jueves en la embajada venezolana, localizada en el barrio exclusivo de Georgetown en Washington D.C., reflejaron un microcosmo de la criminalidad y el desdén hacia el derecho internacional que caracterizan las operaciones imperialistas de Estados Unidos en todo el mundo.

Agentes del Servicio Secreto, la policía metropolitana de Washington y agentes del Servicio de Seguridad Diplomático del Departamento de Estado, sumando cientos de hombres armados, irrumpieron para desalojar a cuatro activistas contra la guerra, todos pacíficos, que eran parte de un contingente más grande que ese ha estado quedando en la embajada durante el último mes a invitación del Gobierno venezolano.

Las unidades desplegadas incluían agentes con uniformes militares, cascos y arietes para forzar su entrada en la embajada. Muchos llevaban chalecos antibalas.

Tal fuerza militarizada y abrumadora no era nada necesaria dado el pequeño número de activistas en el edificio y sus previas garantías a las autoridades estadounidenses de que no se resistirían ante lo que consideraban un arresto ilegal. En cambio, fue escenificado como una muestra de poder del Estado de EUA, un acto de intimidación a cualquier que se oponga a sus maquinaciones, tanto internas como internacionales, así como una declaración gráfica de que impera la fuerza y no vale nada el derecho.

El Gobierno venezolano ha denunciado la invasión de su embajada como una violación descarada de la Convención de Viena sobre relaciones consulares firmada por EUA en 1963 y respetada por prácticamente todos los países del mundo. Afirma que las embajadas y las otras instalaciones diplomáticas son “inviolables” y no pueden ser ingresadas por agentes del Gobierno local sin el permiso explícito del líder de la misión diplomática. De este modo, requiere que el Gobierno receptor proteja los edificios diplomáticos “contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.

Washington le ha pasado por encima a estas disposiciones desde todo ángulo en cuanto a la embajada venezolana. Antes de invadir el edificio, permitió que una turba de matones fascistizantes y derechistas se movilizara a las afueras de la embajada, colocando carpas en el terreno y asaltara físicamente a los que apoyaban a los activistas dentro o que intentaban llevarles comida. Estos elementos intentaron ingresar varias veces en la embajada, haciendo daño al edificio y amenazaron a los que estaban adentro con asesinato y violación. Cuando un policía intervino para detener los actos ilegales más flagrantes, dejaron ir a los atacantes inmediatamente, lo que facilitó y atizó la atmósfera enardecida de la turba.

Por décadas, Washington ha tratado a Irán —amenazándolo ahora con una guerra— como un “Estado canalla” por los eventos de noviembre de 1979. Durante los espasmos de una revolución, estudiantes militantes irrumpieron en la embajada estadounidense en Teherán y tomaron como rehenes al personal estadounidense. Washington denunció al Gobierno iraní ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención de Viena al no haber repelido el ataque.

El Gobierno iraní no participó en el proceso. En cambio, insistió en que la acción debía verse en el contexto del cuarto de siglo previo de crímenes imperialistas estadounidenses en Irán, a partir del golpe de Estado orquestado por la CIA en 1953 que tumbó el Gobierno nacionalista de Mohammad Mosaddeq, por medio del apoyo de Washington a la dictadura del sha y los asesinatos y la tortura de su odiada política secreta Savak. El Gobierno iraní aseveró que la cuestión de la embajada solo podía resolverse por medio de la extradición estadounidense del sha de vuelta a Irán y el regreso de la vasta riqueza que se llevó consigo.

Seis años después de ir a la corte en La Haya por el caso de la embajada estadounidense en Irán, Washington renunció a la jurisdicción de la corte para prevenir un enjuiciamiento por su guerra terrorista contra Nicaragua.

Cuando se trata de “Estados canallas”, no existe otro Gobierno en el planeta que pueda rivalizar a los Estados Unidos de América.

Al invadir la embajada venezolana, afirma estar actuando a instancias del “Gobierno” de Juan Guaidó, el operador político ultraderechista y respaldado por la CIA que se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en enero, con el respaldo de Washington. Casi cuatro meses después, la operación de cambio de régimen iniciada con la “autojuramentación” de Guaidó se ha desvanecido. Un intento el 30 de abril para consumar el golpe de Estado con un llamado a un derrocamiento militar directo del Gobierno de Maduro fracasó miserablemente, sin provocar una revuelta militar ni inspirar un apoyo significativo de la población.

La toma de la embajada es parte de una apelación cada vez más abierta a favor de una intervención militar directa de EUA para llevar a cabo el deseado cambio de régimen.

La embajada está siendo actualmente ocupada por Carlos Vecchio, un compañero de Guaidó en el partido ultraderechista y patrocinado por EUA, Voluntad Popular. Vecchio se exilió después de ser acusado con fomentar la violencia en Venezuela. Pese a ser proclamado por Guaidó como “embajador” de Venezuela, tanto él como el propio “presidente interino” no representan ni al pueblo venezolano ni a ningún Gobierno real. Su “embajada” no puede emitir pasaportes ni visas, ni realizar otras tareas comunes de las misiones consulares.

En cambio, tanto él como Guaidó son agentes pagados de Washington. Son títeres de la marcha estadounidense para tomar el control irrestricto de los yacimientos petroleros venezolanos, los más grandes del planeta, para los conglomerados energéticos estadounidenses, así como para expulsar la creciente influencia de China y Rusia en Venezuela y América Latina en general, que el imperialismo estadounidense ha visto como su “patio trasero”.

Una de las primeras acciones de Vecchio como “embajador”, apenas instalado por el Servicio Secreto de EUA, será reunirse el lunes con los titulares del Comando Sur del Pentágono, el cual preside las operaciones militares de EUA en América Latina y el Caribe. En una carta al Comando Sur, el bando pro-Guaidó dijo que su objetivo era emprender “el planeamiento estratégico y operacional para poder… restaurar nuestra democracia”.

Esta “democracia” será entregada por una guerra de cambio de régimen por parte del ejército estadounidense para instalar a los representantes más derechistas de la oligarquía venezolana, traspasando la riqueza petrolera del país a Exxon Mobil, Chevron y otras petroleras estadounidenses. Tal régimen solo puede imponerse por medio de una sangrienta guerra y una represión salvaje de la clase obrera venezolana.

Con su invasión de la embajada venezolana, Washington está marcando un precedente. Se arroga el derecho a derrocar cualquier Gobierno del mundo, seleccionar su propio títere como reemplazo e instalar su representante en la embajada del país en Washington para asistir en la coordinación y legitimación de la intervención militar estadounidense.

Esta acción criminal ha sido en gran parte ignorada por la prensa corporativa estadounidense y los pocos reportes que han aparecido la justifican. Cabe notar la cobertura del New York Times, que afirma, “La disonancia del hecho de que el complejo diplomático venezolano estaba siendo ocupado por un grupo de activistas predominantemente blancos, estadounidenses, y antiintervencionistas fue la causa de resentimiento entre los manifestantes predominantemente venezolanos alrededor de la embajada”.

¡Qué porquería sin sentido! El “resentimiento” de los matones fascistas acorralando la embajada no se trataba de ninguna identidad racial o nacional de aquellos opuestos a la operación de cambio de régimen estadounidense, sino por ponerse en el camino del regreso al poder de los derechistas exiliados y oligarcas con el ejército estadounidense. Como de costumbre, el Times utiliza la derechista política de identidades para justificar la criminalidad imperialista.

Tampoco ha habido ni una pizca de oposición de parte de los supuestos oponentes políticos de Trump en el Partido Demócrata, todos de los cuales —desde Biden hasta Sanders— se han alineado con la operación de cambio de régimen en Venezuela.

El sitio de la embajada venezolana, con la movilización de una fuerza policial masiva junto a turbas derechistas para lograr objetivos ilegales que avanzan los intereses de la élite gobernante estadounidense constituye una advertencia para la clase obrera en EUA y todo el mundo.

En cara al resurgimiento de la lucha de clases y las contradicciones irresolubles del sistema capitalista global, las élites gobernantes capitalistas en EUA y en cada otro país se están deshaciendo de incluso el fingimiento de defender principios y procesos democráticos, girando cada vez más hacia un gobierno autoritario y la promoción de fuerzas fascistizantes y derechistas.

La invasión de la embajada venezolana en Washington sigue la irrupción en la embajada ecuatoriana en Londres por parte de un escuadrón de secuestros de la policía británica, a instancias de fiscales estadounidenses, que buscan castigar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange por exponer los crímenes de guerra estadounidenses, fabricando cargos en su contra que podrían resultar en su extradición.

La defensa de los derechos democráticos y la lucha contra la amenaza de guerra en Venezuela dependen de la clase obrera internacional, cuyos intereses están diametralmente opuestos a aquellos de los belicistas en la clase gobernante estadounidense y sus lacayos en el Partido Demócrata y la prensa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de mayo de 2019)