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Perspectiva

Los nuevos cargos contra Julian Assange bajo la Ley de espionaje criminalizan el periodismo

En un ataque histórico contra la libertad de prensa, el Departamento de Justicia de EUA, anunció el jueves que el editor de WikiLeaks, Julian Assange, había sido imputado por 17 cargos bajo la Ley de espionaje.

Assange está siendo perseguido por el Gobierno estadounidense por llevar a cabo actividades periodísticas protegidas bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La imputación alega que Assange, “desautorizadamente estando en posesión, teniendo acceso y controlando documentos relacionados a la defensa nacional, causó e intentó causar deliberada e ilegalmente que tales materiales fueran comunicados, entregados y transmitidos a personas no autorizadas para recibirlos… publicándolos en el internet”.

Los nuevos cargos van más allá que la acusación publicada en abril contra Assange, relacionada con un presunto hackeo y que no conllevaba más de cinco años de cárcel. Estos cargos simplemente eran una hoja de parra para darle al Gobierno ecuatoriano la cobertura para expulsar a Assange de la embajada en Londres.

La nueva imputación involucra un combinado de 170 años en prisión. Sin embargo, no hay nada que prevenga que las autoridades estadounidenses presenten cargos adicionales que involucren la pena de muerte tras extraditarlo a Estados Unidos desde su encarcelamiento actual en Reino Unido.

El enjuiciamiento de Assange es la punta de lanza de la campaña de la clase gobernante estadounidense para eviscerar la Primera Enmienda y desmantelar los derechos democráticos. Si Assange es sentenciado, significaría la criminalización efectiva de la publicación de documentos que evidencien las actividades ilegales del aparato militar y de inteligencia estadounidense.

Chelsea Manning, la exoficial de inteligencia del Ejército que filtró los documentos publicados por WikiLeaks, condenó la imputación, declarando que los oficiales del Gobierno “utilizan la ley como una espada y han demostrado su disposición a utilizar todo el poder del Estado en contra de la misma institución que debe protegernos de tales excesos”. Manning sigue en prisión por desacato después de que se rehusara valientemente a rendir testimonio ante un gran jurado en el caso contra Assange.

Cabe notar que varios de los cargos tienen que ver específicamente con obtener y publicar documentos relacionados con la tortura del Gobierno estadounidense en la bahía de Guantánamo y otros sitios por todo el mundo. Assange buscó publicar, según la imputación, “procedimientos operativos e interrogatorios en la bahía de Guantánamo, Cuba, documentos relacionados a los detenidos de Guantánamo” y “videos de interrogatorios de detenidos por parte de la CIA”.

Aquellos que perpetraron estos crímenes nunca han sido castigados y, en muchos casos como el de la directora de la CIA, Gina Haspel, permanecen en los niveles más altos del Estado de EUA.

El paso marca la primera vez en la que un periodista ha sido acusado bajo la Ley de espionaje de 1917.

Los fiscales estadounidenses intentaron sentenciar bajo dicho acto a Daniel Ellsberg, un contratista de la RAND Corporation que fotocopió reportes internos sobre la Guerra de Vietnam y los distribuyó a la prensa en forma de los Papeles del Pentágono. Con base en alegaciones de que Ellsberg había violado la ley cuando obtuvo los documentos, la Casa Blanca de Nixon intentó prevenir que el New York Times y el Washington Post los publicaran.

En 1917, el fallo de la Corte Suprema para el caso New York Times Co. vs. Estados Unidos defendió el derecho del Times a publicar los documentos secretos robados, declarando “Solo una prensa libre y sin restricciones puede exponer efectivamente los engaños en el gobierno. Y una de las responsabilidades esenciales de una libre prensa es el deber de prevenir que ninguna parte del Gobierno engañe al pueblo y los envíe a tierras distantes a morir de fiebres extranjeras y disparos y minas en el exterior”.

El enjuiciamiento de Assange por publicar “documentos relacionados a la defensa nacional” no solo representa un intento para revertir este fallo, sino para criminalizar la difusión misma de documentos por parte de periodistas.

El New York Times publicó un editorial el jueves por la noche declarando que la imputación “es una escalada significativa en el esfuerzo para enjuiciar al Sr. Assange, una que podría tener un efecto escalofriante para el periodismo estadounidense en la forma en que ha sido practicado por generaciones. Su blanco es directamente el corazón de la Primera Enmienda”, que protege “la habilidad de los editores para proveerle al público la verdad”.

El editorial concluye que “el caso ahora representa una amenaza a la libre expresión y, junto a ello, la resiliencia de la propia democracia estadounidense”.

Sin embargo, durante la última década, la cobertura del Times de la persecución de Assange se ha visto comprometida por su hostilidad maligna hacia el editor de WikiLeaks. De hecho, en el mismo editorial criticando el ataque contra la Primera Enmienda”, el Times concede credibilidad al caso del Departamento de Justicia, declarando que “hay mucho de qué preocuparse en cuanto a los métodos y motivos del Sr. Assange, los cuales siguen siendo turbios”.

En el artículo “noticioso” acompañando el editorial, el Times afirma como si fuera un hecho que Assange se ha “transformado” en “una herramienta de la injerencia electoral rusa” y que WikiLeaks “publicó correos electrónicos demócratas robados por Rusia como parte de sus esfuerzos encubiertos para ayudar a elegir al presidente Trump”. La narrativa antirrusa promovida por el Partido Demócrata y la prensa no solo ha sido utilizada para justificar la persecución de Assange, sino también para crear el marco para la censura del Internet y otros ataques contra la libre expresión.

Por años, tanto el Times como el Post le han dado credibilidad a la campaña fraudulenta del Gobierno estadounidense contra Assange y las acusaciones manufacturadas de abuso sexual. Cuando Assange fue arrastrado por la policía británica fuera de la embajada ecuatoriana el mes pasado, el Times dio su apoyo al manejo del caso por parte de la Casa Blanca, declarando, “El Gobierno ha comenzado bien al acusar al Sr. Assange con un crimen indisputable”. El Post también aplaudió su arresto, afirmando que Assange “ha tenido pendiente por demasiado tiempo rendir cuentas personalmente”.

Según el reporte del Times, Assange no es un “periodista convencional”. Esto es cierto. No es “convencional” porque hace lo que la prensa corporativa no se atreve a hacer: exponer valientemente los crímenes del Estado en EUA. Durante las últimas dos décadas, la prensa, encabezada por el Times, se ha transformado en una apologista y propagandista de las guerras interminables de Estados Unidos.

Esta realidad fue resumida por el editor antiguo del Times, Bill Keller, cuando presumió en 2010 que “La libertad de prensa incluye la libertad para no publicar y esa es una libertad que ejercemos con bastante regularidad”. Assange y un pequeño número de otros periodistas se han rehusado a tomar ese camino.

Todos los involucrados en el ataque contra Assange —desde el Gobierno de Trump, el cual ha emitido cargos en su contra, la prensa y el Partido Demócrata, que han apoyado su persecución y ofrecido municiones políticas, hasta las organizaciones pseudoizquierdistas de la clase media-alta que han justificado su arresto o han permanecido en silencio— son responsables de esta trágica situación y del estado precario de la Primera Enmienda y los derechos democráticos en su conjunto.

La clase obrera es la única fuerza social comprometida con la defensa de los derechos democráticos y es la clase obrera, movilizada con base en una perspectiva socialista, la que liberará a Assange. Es urgente que la lucha por la libertad de Julian Assange y Chelsea Manning se extienda y se conecte con las luchas cada vez más amplias por todo el mundo contra la desigualdad, la guerra, el autoritarismo y el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de mayo de 2019)

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