Tras su debacle en las elecciones europeas, Podemos está intensificando sus llamamientos a formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, a pesar de que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez del PSOE está preparando ataques históricos a la clase trabajadora e intensificando la represión a los nacionalistas catalanes.

La semana pasada, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, declaraba, “Nuestra posición es firme y, aunque consultaremos a nuestros miembros, el gobierno de coalición es la garantía” de que el PSOE cumpla sus promesas electorales. Insistió en que una coalición era el único arreglo que aceptaría Podemos, y rechazó la idea de apoyar al PSOE en el parlamento sin tener ministerios en un gobierno del PSOE.

Echenique dio a entender que la participación de su partido en el gobierno era necesaria para empujar al PSOE a adoptar políticas más izquierdistas. “Vemos lo que pasa cuando el PSOE gobierna solo”, dijo, declarando que el PSOE “está de acuerdo con nosotros en no subir los alquileres y después no cumplen”. Añadió, “Tenemos que hablar sobre el programa y de algunos artículos de la Constitución que no están siendo implementados”.

Esto es un fraude político. Podemos está pidiendo entrar en un gobierno de austeridad y militarista que planea intensificar sus ataques a los derechos democráticos y a las condiciones sociales de los trabajadores. El principal asunto para Podemos, que refleja los intereses de las capas de clase media alta de académicos y personalidades de los medios que controlan el partido, es conseguir cargos en la maquinaria estatal para llevar a cabo esos ataques.

Esta es la respuesta de Podemos a su colapso en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Sus votos para el parlamento europeo cayeron desde el 18 por ciento al 10 por ciento (de 11 escaños a 6). En las autonomías, Podemos perdió dos tercios de los escaños que ganó en 2014, perdiendo 860.000 votos, del 13,7 al 6,7 por ciento. De los ocho “ayuntamientos del cambio” que controlaba Podemos —Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago, Ferrol, A Coruña, Valencia y Cádiz— mantiene el control solo de los dos últimos.

Podemos está respondiendo acercándose más al PSOE, a pesar de que el PSOE está desvelando profundos ataques a los derechos sociales y democráticos y posibles alianzas con los partidos de la derecha. El miércoles, el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos dijo, “La única posibilidad de que el partido Ciudadanos tenga su propio perfil político distintivo es no subordinarse a los intereses del PP [Partido Popular]... e incluso ser capaz de aspirar a tener alguna representación en algunas de las instituciones” bajo el PSOE.

El PSOE está preparando una redoblada austeridad contra los trabajadores, con ataques draconianos a las jubilaciones y las prestaciones de desempleo. En su informe “Programa de Estabilidad 2019-2022” que delinea reformas económicas futuras y su “Programa de Reforma Nacional” que delinea futuras leyes y decretos, el PSOE expone planes de gran alcance.

Se propone abolir al aumento anual automático de las jubilaciones basado en el índice de precios al consumidor (IPC). Hasta 2022, las jubilaciones aumentarán de acuerdo con el IPC, pero de entonces en adelante el aumento será de solo el 0,25 por ciento —lo que quiere decir que el valor real de las jubilaciones se desplomará en los próximos años. El anterior gobierno del Partido Popular (PP) reveló este plan pero tuvo que retirarlo en medio de las protestas de los jubilados.

El PSOE también subirá los impuestos a lo largo de los próximos cuatro años, con el objetivo de recaudar 26 mil millones de euros. Su advertencia de que afectaría a las grandes empresas y a los ricos ya ha provocado oposición desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. De manera previsible, estas instituciones no se oponen al plan de Sánchez de aumentar los impuestos al petróleo, lo que afectará desproporcionadamente a la clase trabajadora. Haciéndose eco de las afirmaciones del presidente francés Emanuel Macron que desataron las protestas de los “chalecos amarillos”, el PSOE afirma de manera fraudulenta que tiene por objetivo no “ir tras la recaudación de impuestos en sí, sino proteger el medio ambiente”.

En relaciones laborales, el PSOE quiere implementar la llamada “mochila austríaca” apoyada por los partidos de la derecha y la asociación de los grandes negocios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Inspirada en una medida impuesta en 2002 en Austria, obligará a los trabajadores a pagar para un “fondo de ahorro personal” para amortiguar el impacto del despido en vez de recibir indemnización de los empleadores.

El objetivo, además de eliminar el coste de los subsidios de desempleo, es recortar el gasto en jubilación. Una parte de las prestaciones para las jubilaciones será cubierta por el Estado y otra por planes de pensión privados generados por la “mochila”. Otro objetivo, según un análisis de Eduardo Luque para la revista El Viejo Topo, es refinanciar los bancos con los fondos liberados por los recortes en el gasto para pensiones, en lo que equivale a una descarada apropiación de dinero por parte de la aristocracia financiera.

Al mismo tiempo, el gobierno en funciones del PSOE está señalando furiosamente su apoyo al establishment policial y militar y planea ataques intensificados a los derechos democráticos. Ha cesado en sus críticas ocasionales a la ley del PP de seguridad pública, apodada la “ley mordaza”, que limita la libertad de expresión, prohíbe reuniones masivas e impone multas por protestar y hacer comentarios en redes sociales. El PSOE también ha acelerado los planes anteriores, con un precio de casi 4 mil millones de euros, para comprar 348 vehículos blindados con ruedas 8x8 “Piraña 5”.

Según el anterior secretario de Estado de defensa, Vicente Conde, estos vehículos blindados serán “especialmente adecuados para las operaciones actuales de baja intensidad, especialmente en África”.

Sobre todo, con el apoyo tácito de Podemos, el PSOE está intensificando su represión a los nacionalistas catalanes. La mesa de la cámara, que está controlada por el PSOE y Podemos, llevó a cabo un acto antidemocrático sin precedentes al suspender los mandatos de cuatro diputados nacionalistas catalanes electos mientras estén en prisión preventiva. Están siendo procesados en un juicio farsa en relación con su papel en el referéndum nacionalista catalán de 2017.

Los miembros de la mesa, que gobierna la cámara baja del parlamento español, fueron nombrados en conversaciones entre Podemos y el PSOE. Podemos se opuso de manera hipócrita a la suspensión, afirmando que la decisión debería haber sido tomada por el Tribunal Supremo, la instancia que está organizando el juicio farsa de los independentistas catalanes. La portavoz de Podemos Irene Montero le dijo a la prensa, “Hemos expresado nuestro desacuerdo, pero aceptamos la decisión adoptada por la mesa por mayoría”.

Esta decisión vino una semana después de que la Fiscalía General del Estado —controlada por el gobierno en funciones del PSOE— anunciara su intención de intentar procesar a altos cargos del gobierno catalán por participar en una organización “criminal” que buscaba la independencia. Los afectados son altos cargos de consejerías catalanas y cuerpos públicos del gobierno regional, las autoridades de la televisión y la radio pública catalana, y destacados hombres de negocios.

Al mismo tiempo, el fiscal general mantiene los cargos contra los nacionalistas catalanes en el juicio farsa que está llegando a su fin ahora en Madrid. Después de casi nueve meses de testimonios de más de 400 testigos y la presentación de cientos de imágenes del otoño de 2017, no apareció prueba alguna de que los nacionalistas catalanes organizaran un levantamiento violento para derrocar el gobierno. El fiscal general, sin embargo, ha declarado que los acusados promovieron una estrategia “perfectamente planificada, concertada y organizada” para romper el orden constitucional de España, llamándola “insurrección patente”.

El gobierno en funciones del PSOE también estuvo tras la decisión de la semana pasada del Parlamento Europeo de impedir al expresidente de la Generalitat exiliado Carles Puigdemont y a Toni Comín, dos parlamentarios catalanes recientemente elegidos, que asuman sus escaños. También atacó al informe de la ONU de esta semana que pedía la liberación de los nacionalistas catalanes presos. El gobierno de Sánchez denunció el informe como “particularmente serio”, diciendo que este “podría ser interpretado como injerencia en un juicio criminal en marcha”.

Estos antecedentes exponen las pretensiones de Podemos de que presionará al gobierno del PSOE hacia la izquierda.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de junio de 2019)