El Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha respondido con un servilismo abierto ante el imperialismo estadounidense después de la amenaza el jueves pasado de Donald Trump de imponer un arancel de 5 por ciento sobre todas las importancias mexicanas a partir del 10 de junio. Trump afirmó que los aranceles aumentarían cada mes hasta 25 por ciento a menos que México bloquee el paso de los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

Trump siguió su anuncio con una serie de tuits fascistizantes, con uno llamando a México a detener “la invasión de nuestro País de Narcotraficantes, Carteles, Traficantes de Personas, Coyotes e Inmigrantes Ilegales”.

El jueves, López Obrador envió una carta abierta a Donald Trump firmada por “su amigo” declarando su deseo de evitar un enfrentamiento. El viernes, anunció que enviaría una delegación a Washington encabezada por el secretario de exteriores, Marcelo Ebrard, para convencerlos de que están escalando su represión contra los inmigrantes.

“Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”, afirmó, prometiendo “reforzar estas medidas sin violar derechos humanos”.

Desde entonces, Trump ha rechazado las súplicas y promesas de López Obrador como meras “palabras” y ha demandado “acción”. Sus asesores le han mencionado a la prensa que Trump tiene toda la intención de imponer la primera ronda de aranceles el próximo lunes.

Los aranceles —cuyo objetivo es movilizar a la base de apoyo ultranacionalista y derechista de Trump en respuesta a los llamados cada vez más amplios a destituirlo— pondrían enormes presiones sobre las empresas exportadoras en todo México para intensificar la explotación de una clase trabajadora que ya está emprendiendo huelgas y protestas militantes exigiendo mejoras en sus condiciones de vida.

Esto amenaza con las ganancias de los intereses empresariales y financieros que representan López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La clase gobernante mexicana se ha enriquecido enormemente en las últimas décadas imponiendo recortes sociales, privatizaciones y desregulación a fin de convertir a México en una plataforma de mano de obra barata para inversores extranjeros.

Los dictados de Trump se utilizarán, ante todo, para militarizar más el país, atacar los derechos democráticos y dividir a la clase obrera a fin de contener las hirvientes tensiones sociales, mientras Morena persigue su agenda económica antiobrera.

El viernes, el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade, le comentó a Reuters que el Gobierno busca intensificar sus medidas para frenar los flujos migratorios. El sábado, López Obrador aplaudió la “disponibilidad de parte de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos”, describiendo esto como un buen “primer paso”.

En cuanto al nuevo tratado comercial norteamericano, que involucra importantes concesiones a EUA como la prohibición de un acuerdo de libre comercio con China, López Obrador dijo que, pese a las amenazas arancelarias, “una amplia mayoría de legisladores de todos los partidos se pronunciarán a favor haciendo a un lado las banderas partidistas”.

Tales declaraciones siguieron demandas hechas el jueves por el secretario en funciones de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, quien pidió a México que selle su frontera con Guatemala y se designe como un “tercer país seguro”, lo que imposibilitaría que los migrantes de otros países soliciten asilo en EUA.

En su carta el jueves, López Obrador declaró: “recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios”. Combinó esto con una invocación de su propia versión mexicana de la demagogia de Trump de “Hacer grande a Estados Unidos otra vez”, prometiendo que los aranceles no detendrían el ascenso de México al estatus de “una potencia”.

El mandatario mexicano manifestó: “Va a ayudar mucho que los mexicanos nos unamos, que haya unidad nacional, que todos independientemente de posiciones políticas, ideológicas, de corrientes de pensamiento, defendamos a México”.

Pese a subordinarse a las demandas estadounidenses, buscó aplacar la amplia simpatía y apoyo a los migrantes entre los trabajadores y campesinos mexicanos, muchos de los cuales han migrado personalmente o tienen parientes en EUA. Reiteró su promesa de campaña de adoptar una política “humanitaria” hacia los inmigrantes, basada en incentivar inversiones y desarrollo económico en Centroamérica y el sur de México, lo que equivale en la práctica a subsidios para las corporaciones que buscan explotar mano de obra superbarata.

Su política de promover el “desarrollo económico” en Centroamérica es, en realidad, una política para subordinar más firmemente a los trabajadores en la región al afán de lucro del capital financiero globalizado. Esto va de la mano con ataques más profundos a sus condiciones sociales y medidas policiales-estatales para reprimir toda oposición en la región.

Los primeros seis meses de López Obrador en el cargo hablan por sí mismos con respecto a su “humanitarismo”. Entre diciembre y mayo, el número de deportaciones de México se triplicó a 15.600.

AMLO ha mantenido a miles de refugiados centroamericanos que buscan asilo encerrados en campos hacinados e insalubres del lado mexicano de la frontera como parte de su capitulación a las demandas estadounidenses de que los solicitantes permanezcan en México, en violación a las leyes y protocolos de asilo. Un total de 6.748 migrantes centroamericanos ha sido enviado de EUA a México para esperar el trámite de asilo.

México ha dejado de entregar visas “humanitarias” de un año en la frontera con Guatemala. Este documento, apodado la “visa vete”, está en sí diseñado para desincentivar que los refugiados soliciten asilo, lo que los calificaría legalmente para ayuda de vivienda y otros servicios sociales.

En el centro de la política migratoria del Gobierno de Morena está el despliegue de miles de agentes migratorios, policías federales y tropas para llevar a cabo redadas masivas en los estados del sur de México, encerrando a los detenidos en centros abrumados y contrabandeándolos de vuelta a Centroamérica sin concederles el derecho a aplicar para asilo, en violación al derecho internacional.

El martes pasado, en una operación importante en la ciudad fronteriza de Tapachula, estas agencias detuvieron a migrantes como parte de una caravana de alrededor de 100 centroamericanos mientras descansaban en la plaza central. El mismo trato se le otorgó a más de mil migrantes de Haití, África y Cuba que se estaban quedando en carpas y hoteles en distintas partes de la ciudad.

Los refugiados, quienes ya se encuentran aterrados, temen una represión aún más severa después de la amenaza arancelaria de Trump. En un campo de refugiados en el norte de Tijuana, Laura Brenne, quien está escapando Honduras con sus dos hijas después de que su marido fuera asesinado por una mara porque su empleador se rehusó a pagar los “impuestos de guerra”, le comentó a AFP el sábado: “Si México frenara la migración, nosotros no tendríamos ni la posibilidad de entrar a su país. Solo estamos entrando a entrar al otro país [Estados Unidos] para mejorar el futuro de nuestros hijos, más que todo”.

Cabe notar que Trump está basándose en las políticas que buscaban maximizar las detenciones y deportaciones desde México implementadas en 2014 bajo el Plan Frontera Sur del Gobierno de Obama, en colaboración con la Administración de Peña Nieto, estableciendo una red militarizada de puestos de control y campos de internamiento por todo el sur de México.

Como ocurre en todo el mundo, la principal consideración detrás de los ataques contra los inmigrantes del Gobierno de Morena es el temor a explosiones sociales contra los niveles históricos de desigualdad. Esto está empujando a la burguesía mexicana hacia una alianza cada vez más desnuda con el imperialismo en oposición a la clase obrera, especialmente después de la ola de huelgas espontáneas en Matamoros durante los primeros dos meses del año.

El jueves, más de 200 trabajadores de la maquila textil Jobar en Aguascalientes, una ciudad en el centro del país, llevaron a cabo una huelga espontánea después de que les dijeran que no recibirían utilidades anuales. El mismo día, un número similar de trabajadores inició una huelga en la planta de ensamblaje de Volkswagen en Silao por la misma razón.

El Gobierno también se está enfrentando a una resistencia cada vez mayor a un programa agresivo de despidos en las instituciones federales, que potencialmente involucrarían el recorte de 222.600 puestos, principalmente técnicos y en servicios esenciales.

Justo la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que despediría a 1.500 trabajadores. En los primeros cinco meses de este año, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales ha despedido a más de 16.000 trabajadores, de los cuales dos terceras partes eran de nivel de base.

Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevaron a cabo marchas y bloqueos en el centro de la Ciudad de México la semana pasada contra amenazas de despedir a 10.000 trabajadores o 10 por ciento del personal, incluyendo personal médico.

La Administración de López Obrador ha creado una nueva Guardia Nacional militar y consagrado en la Constitución el despliegue interno del ejército. Pese a prometer aumentos en la compensación para los trabajadores en las ciudades fronterizas incrementando el salario mínimo, ha permitido que las empresas más que compensen esto recortando bonos. Además, movilizó a la policía y las cortes federales para que atacaran la rebelión de los trabajadores de Matamoros que hacían huelga en oposición a los sindicatos, y promovió a una sección de la burocracia sindical mexicana no solo vinculada al partido gobernante sino patrocinada y entrenada por la confederación proimperialista AFL-CIO.

En una entrevista el mes pasado con El Universal, el senador de Morena, Napoléon Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero y el principal promotor de la agenda de la AFL-CIO en México, llamó a la élite empresarial a que “se incorporen a esta transformación y dejen de atacar al Presidente, al Gobierno, al sistema; más les vale, por el bien de su fortuna, de sus negocios, también”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de junio de 2019)