El 3 de junio, un grupo de abogados de derechos humanos presentó una solicitud ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para acusar a la Unión Europea (UE) de crímenes de lesa humanidad por sus políticas de refugiados.

El documento de 244 páginas detalla cómo los funcionarios europeos implementaron conscientemente las políticas que llevaron a más de 14.000 muertes de refugiados en el Mediterráneo en los últimos tres años. Basado en información disponible públicamente, el informe deja en claro que la UE está presidiendo una política de asesinatos en masa.

En 2014, Italia finalizó su programa de protección fronteriza Mare Nostrum, en virtud del cual, a pesar del carácter generalmente represivo del programa, los buques italianos habían rescatado a aproximadamente 150.000 refugiados en el Mediterráneo desde octubre de 2013 hasta octubre de 2014. Los políticos de toda Europa exigieron el fin de las operaciones de rescate, con el Ministerio de Relaciones Exteriores británico declarando que crearía un "factor de atracción" alentando la migración a Europa, mientras que Italia declaró que ya no financiaría los 9 millones de euros necesarios para rescates.

La nueva política, la Operación Tritón, no tiene la tarea de rescatar a los solicitantes de asilo, sino de reforzar las fronteras contra la inmigración "ilegal" y la entrada de refugiados.

El informe dice: "Los funcionarios y agentes de la UE y de los Estados miembros diseñaron cuidadosamente y ejecutaron meticulosamente una operación de control de la frontera naval altamente coordinada, con plena conciencia de las consecuencias letales de su conducta".

Bajo Tritón, la UE "esencialmente escindió toda la parte sur de lo que anteriormente estaba cubierto por Mare Nostrum fuera de su alcance operacional", dice el informe, "dejando cerca de 40 millas náuticas de área de peligro clave" frente a la costa libia "descubiertas".

La presentación detalla cómo los gobiernos de la UE hostigaron a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que aumentaron las operaciones de rescate en el Mediterráneo en respuesta al cambio de política. "Los actores de la UE e italianos lanzaron una amplia persecución política contra las ONG de rescate, incluida la intimidación, la difamación, el hostigamiento y la criminalización formal".

El Gobierno italiano del ministro del Interior de extrema derecha, Matteo Salvini, y el Gobierno pseudoizquierdista de Syriza en Grecia incautaron buques utilizados para realizar misiones de rescate o llevaron procesos penales contra las ONG. El barco Aquarius, mantenido por las ONG SOS Mediterranee y Doctores Sin Fronteras (Medecins Sans Frontieres), fue incautado por fiscales italianos, mientras que todos los Estados de la UE, incluido el Gobierno francés de Macron y el Gobierno del Partido Socialista de España, se negaron a otorgarle una licencia para navegar. Como resultado, Medecins Sans Frontieres, The Migrant Offshore Aid Station, Sea Eye de Alemania y Save the Children cesaron las operaciones de rescate en 2017.

A partir de 2015, la UE proporcionó fondos, capacitación e información a la Guardia Costera de Libia, alentando a los funcionarios libios a detener a los refugiados y devolverlos al país del que huían, en violación del derecho internacional. A través de esta política, como indican las notas de presentación, la UE ha enviado a los refugiados a Libia para que sean retenidos en "instalaciones similares a campos de concentración", donde los agentes y funcionarios de la Unión Europea sabían que los asesinatos, la agresión sexual, la tortura y otros delitos eran comunes".

El informe deja en claro que el objetivo de estas políticas era matar a un gran número de refugiados para aterrorizar a todos los demás para que no intentaran cruzar el Mediterráneo y ejercer su derecho democrático y legal de buscar asilo en Europa.

Las políticas de la UE son doblemente asesinas. Los refugiados que buscan cruzar el Mediterráneo huyen de las condiciones causadas por las políticas del imperialismo europeo y estadounidense, incluida la guerra neocolonial de 2011 en Libia, la guerra del imperialismo francés y alemán en todo el Sahel y el prolongado saqueo económico del continente.

La presentación de la CPI proporciona evidencia clara de que los políticos de la UE sabían que sus políticas podrían causar muertes. Por ejemplo, cita un informe interno producido por Frontex, la notoria agencia de control de fronteras de la UE, que señala que el cambio a la operación Tritón "probablemente resulte en un mayor número de víctimas mortales".

Juan Branco, uno de los abogados involucrados en la presentación legal, dijo al Associated Press, “los políticos de la UE simularon que se trataba de una tragedia contra la que no se podía hacer nada, que no tenían ningún papel en ello. Y demostramos con mucho cuidado que, por el contrario, desencadenaron la llamada tragedia".

La Comisión Europea y varios países europeos han rechazado previsiblemente las acusaciones de la presentación de la CPI y afirman que las políticas de la UE han salvado vidas y son legales. Una declaración de las autoridades del Gobierno francés calificó la solicitud como algo "sin sentido", y el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, insistió en que los campos de concentración de refugiados libios "no pueden ser llamados centros de detención de tortura".

Esto solo subraya la criminalidad absoluta de las potencias imperialistas europeas, y el papel de la UE como herramienta para el brutal asesinato y la persecución de refugiados e inmigrantes. También destaca el hecho de que, en su apoyo a la persecución de los refugiados, las fuerzas de extrema derecha, como Alternativa para Alemania (AfD, siglas en inglés), Salvini de Italia y la Agrupación Nacional de Francia no son diferentes del ostensiblemente "centro" o los Gobiernos socialdemócratas.

La presentación legal no alterará de ninguna manera las políticas de los poderes de la UE. Es poco probable que la CPI incluso presente cargos, ya que sus operaciones básicas consisten en juzgar a los jefes de Estado de los países balcánicos o africanos que han entrado en conflicto con la política exterior de la OTAN.

El hecho de que este informe devastador se compiló utilizando solo información disponible públicamente revela el papel corrupto y criminal de los medios corporativos en el apoyo a los crímenes de la UE. Juan Branco, uno de los abogados principales en la presentación, es una figura legal bien conocida que ha trabajado para la propia CPI.

Sin embargo, respecto a su presentación, los principales medios de comunicación han permanecido en silencio, publicando solo informes breves o generales sin ninguna condena de la política de la UE. Uno puede imaginar el bombardeo mediático de 24 horas y los aullidos de indignación editorial que se producirían si una presentación igualmente devastadora se dirigiera contra los Gobiernos de Rusia, China, Irán, Corea del Norte u otro objetivo del imperialismo estadounidense y europeo y expusiera la muerte de miles y crímenes de lesa humanidad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2019)