La foto de un joven trabajador salvadoreño y su hija de 23 meses muertos en la orilla del río Bravo se ha vuelto viral en las redes sociales y ha provocado indignación mundial contra el ataque sádico contra los inmigrantes llevado a cabo por Trump, con la asistencia plena del Partido Demócrata.
La foto de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Angie Valeria capturada el lunes por la periodista Julia Le Duc evidencia el costo humano de las políticas fascistas y dictatoriales llevadas a cabo por la Administración de Trump. Ambas víctimas sucumbieron a las poderosas corrientes del río lleno un día después de haber solicitado asilo, junto con la esposa de Oscar, Tania Vanessa Avalos, en el puerto de entrada legal entre Matamoros, México, y Brownsville, Texas.
El padre y su hija estaban entre los muchos miles de trabajadores centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza en sus países de origen,s el legado de un siglo de subversión y explotación imperialista de los Estados Unidos. A la joven familia se le impidió solicitar asilo como resultado de la política de "dosificación" de Trump, que efectivamente despoja a los inmigrantes de sus derechos de asilo garantizados por el derecho internacional, obligándolos a esperar en México semanas o meses en campamentos sórdidos, como prisioneros. La familia decidió entonces el arriesgado cruce del río. Vanessa Avalos solo podía mirar con horror desesperado de la orilla mexicana cuando su esposo y su hija se ahogaron.
La imagen ha sido publicada en periódicos de todo el mundo, intensificando el odio popular, incluso entre los trabajadores y jóvenes estadounidenses, por el Gobierno de Trump.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió una denuncia al Gobierno de Trump, comparando la foto con la foto del niño refugiado de tres años Aylan Kurdi, quien se ahogó en el Mediterráneo y cuyo cuerpo se vio en una playa de Turquía en 2015. La comparación subrayó el carácter internacional del ataque a inmigrantes que realizan los Gobiernos capitalistas en toda Europa y en otros lugares. Esto incluye a México, donde el presidente mexicano, López Obrador, ha movilizado a 20.000 miembros de la guardia nacional para que actúen como ejecutores antiinmigrantes de Trump en el lado mexicano de la frontera.
El comisionado Filippo Grandi dijo: "La muerte de Oscar y Valeria representa un fracaso para abordar la violencia y la desesperación que empuja a las personas a emprender viajes peligrosos por la posibilidad de una vida segura y digna".
También durante el fin de semana, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EUA encontraron cuatro cadáveres a lo largo del río Grande en el valle del río Grande de Texas, a unos 88 kilómetros al oeste de Brownsville: un niño pequeño, dos bebés y una mujer de 20 años.
En el año fiscal más reciente, hubo 283 muertes en la frontera sur de los EUA, según las autoridades estadounidenses. La cifra real es mucho mayor. Los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han detenido a 664.000 personas a lo largo de la frontera sur en lo que va de este año, un aumento del 144 por ciento con respecto al año pasado. Unos 14.000 niños inmigrantes no acompañados permanecen en los campos de concentración de Estados Unidos.
El Partido Demócrata ha respondido a la creciente guerra contra los inmigrantes votando abrumadoramente a favor de otorgarle a Trump otros $4,5 mil millones de dólares para construir más centros de detención, apuntalar la presencia militar de EUA en la frontera y fortalecer las agencias antiinmigrantes propias de la Gestapo, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El mismo día en que se publicó la foto de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley de financiamiento de $4,5 mil millones que asigna $788 millones para las nuevas instalaciones de la CBP para albergar a familias y niños que buscan asilo. Proporciona $866 millones para instalaciones administradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), donde se envía a los niños no acompañados después de salir de las cárceles de la CBP. También incluye $128 millones para ICE.
En la votación sobre el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, todos menos cuatro demócratas votaron "sí". Los cuatro supuestos "progresistas" que votaron "no", Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, lo hicieron solo después de asegurarse de la aprobación de la medida votando a favor de presentarla a votación en el plenario. De los cuatro miembros de la Cámara que no votaron, tres eran candidatos demócratas a la Presidencia, Tulsi Gabbard (Hawái), Eric Swalwell (California) y Tim Ryan (Ohio), que rechazaron votar por razones electorales burdas.
De manera similar, en el Senado, que aprobó su versión del proyecto de ley valorada en $4,59 mil millones el miércoles por un voto bipartidista de 84 a 8, con ocho senadores que no votaron, los demócratas dieron un apoyo abrumador al Gobierno de Trump. Sólo seis demócratas votaron en contra del proyecto de ley.
Siete de los ocho no votantes eran candidatos presidenciales demócratas, entre ellos Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Michael Bennet, Amy Klobuchar y Kirsten Gillibrand. Ninguno estaba preparado para registrar su oposición a las prácticas que han rechazado millones de trabajadores y jóvenes que nunca pensaron que tales métodos parecidos a los de los nazis se verían en los Estados Unidos y que, a diferencia de los políticos de grandes empresas de ambos partidos, mantienen un profundo compromiso de defender los derechos democráticos.
El proyecto de ley del Senado es aún más abiertamente represivo que la versión de la Cámara de Representantes, que incluye menos restricciones simbólicas sobre brutalizar a los inmigrantes y $145 millones adicionales para las operaciones militares de EUA en la frontera: una legitimación tácita del despliegue ilegal e indefinido de Trump de tropas en servicio activo para asistir en acciones policiales dentro de las fronteras de Estados Unidos.
El miércoles, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, telefoneó a Trump para asegurarle que los demócratas de la Cámara de Representantes estaban dispuestos a aceptar la mayoría, si no todas, las disposiciones del proyecto de ley del Senado para evitar una amenaza de veto presidencial. Los demócratas están ansiosos por lograr un acuerdo antes del receso del 4 de julio, que comienza el jueves
Mientras el Senado aprobaba su versión bipartidista, Pelosi dijo a los reporteros: "Hay algunas mejoras que creemos que pueden reconciliar". El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, dijo: "Podríamos celebrar una conferencia rápidamente, hablar sobre esos cuatro cambios, tratar de insertarlos en la legislación, terminar esto rápidamente y espero que eso sea lo que suceda".
Los demócratas se apresuran a darle a Trump su dinero ensangrentado con el pretexto absurdo de que la medida es un esfuerzo "humanitario" para ayudar a los niños y las familias atrapados en su campaña contra los inmigrantes. El domingo, Pelosi telefoneó a Trump para rogarle que demorara su plan de llevar a cabo redadas de deportación contra 2.000 inmigrantes en ciudades estadounidenses, asegurándole que ella aprobaría un proyecto de ley de fondos fronterizos en la Cámara de Representantes.
Ella y el resto del Partido Demócrata están petrificados ante la perspectiva de que este tipo de incursiones militares en Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades desencadene protestas masivas y resistencias que podrían salirse de control.
Trump acordó esperar dos semanas, mientras que Pelosi y Schumer aplicaban sus órdenes en el Congreso. Luego de la llamada del domingo, Pelosi dijo: "Como miembros del Congreso y como estadounidenses, tenemos la responsabilidad moral sagrada de proteger los derechos humanos y las vidas de niños y familias vulnerables". Agregó que su proyecto de ley brindaba una "protección fronteriza fuerte".
Esta melaza de "derechos humanos" para justificar los ataques de la Gestapo contra trabajadores y niños extranjeros indefensos refleja las justificaciones utilizadas para apoyar una guerra neocolonial tras otra en Oriente Medio y África: guerras que han destruido países enteros, han matado a millones y creado las condiciones para la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
Trump no perdió el tiempo en desmentir sus pretextos mentirosos sobre la defensa de los derechos humanos, dejando en claro lo que ya saben millones de personas en todo el mundo: que no tiene intención de utilizar un centavo del dinero asignado por el Congreso para dejar de brutalizar a los inmigrantes. Por el contrario, pretende intensificar el ataque como parte central de su campaña de reelección y el eje de sus esfuerzos para movilizar su base de apoyo fascistizante.
El martes, el CBP anunció que había devuelto a 100 niños a las instalaciones de detención en Clint, Texas, que había evacuado el día anterior después de que los informes de condiciones escuálidas y enfermedades desenfrenadas provocaran una indignación masiva.
El mismo día, mientras los demócratas de la Cámara de Representantes se preparaban para votar a favor del dinero para la guerra en la frontera, el comisionado en funciones de la CBP, John Sanders, renunció y los funcionarios de Trump informaron que la Casa Blanca había seleccionado al director interino de ICE, Mark Morgan, para reemplazarlo.
Morgan, que desempeñó como asistente del comisionado de la CBP bajo Obama, no ha hecho ningún comentario sobre su odio a los inmigrantes indocumentados y el deseo de expulsarlos del país. Como jefe interino de ICE, Morgan fue el autor del plan para redadas masivas en ciudades de EUA que Trump pospuso. Según informes, se enfrentó con el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, cuando este último instó a Trump a detener las redadas.
Morgan pasó 11 años en la infantería de la Marina y 20 años en el FBI. Una fuente del Gobierno dijo al medio pro-Trump, el Washington Examiner: "En última instancia, es decisión de Trump. McAleenan ganó la última pelea, y ahora parece que [Stephen] Miller ganará esta pelea”. El fanático y fascista antiinmigrante Miller dirige la política de inmigración en la Casa Blanca.
Mientras estaba fuera del Gobierno, Morgan apareció regularmente en Fox News. En una aparición, dijo sobre el encarcelamiento de niños, "no son jaulas. Son realmente muy buenas instalaciones".
Dijo acerca de las milicias de vigilantes en la frontera: "¿Por qué lo están haciendo? Porque están allí y ven lo que vemos el resto de nosotros, que la frontera suroeste está siendo invadida. La Patrulla Fronteriza y otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley allí están abrumadas y sienten que no tienen otra opción".
También se jactó de mirar a los ojos de los niños detenidos y de ver que son "los futuros pandilleros de la MS-13".
La defensa de Morgan de los vigilantes ultraderechistas de la frontera que han detenido ilegalmente a cientos de inmigrantes apunta al crecimiento de un aparato policial contra inmigrantes en la sombra, respaldado por la Administración Trump y secciones del Estado.
El exdirector de cumplimiento de ICE, Thomas Homan, quien ha sido ampliamente promocionado para convertirse en el "zar de la inmigración" de Trump, pero ha estado fuera del Gobierno desde junio de 2018, recientemente dio una entrevista a "Fox & Friends" desde el sótano de su casa. En la entrevista, denunció al secretario de Seguridad Nacional en funciones McAleenan, describiéndolo como desleal a Trump. Hablaba mientras estaba sentado frente a un sello del Departamento de Seguridad Nacional para dar la apariencia de ser un funcionario del Gobierno.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2019)