Reino Unido: GCHQ/MI5 admiten espiar ilegalmente a millones

por Trevon Johnson
5 julio 2019

La agencia de espionaje nacional MI5 y la unidad de recopilación de información de la Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés) se vieron obligadas a admitir ante un tribunal que están actuando ilegalmente en su uso de datos recolectados entrometiéndose en la vida de millones de personas inocentes. MI5 "ha estado reteniendo ilegalmente datos de personas inocentes durante años".

Sus admisiones fueron el resultado de un caso judicial presentado por la organización de derechos civiles Liberty. La base del caso de Liberty contra las agencias de espionaje es que las prácticas de vigilancia del Gobierno violan las leyes de derechos humanos.

A principios de 2018, el Gobierno se había visto obligado a aceptar que las cláusulas de la Ley de Poderes de Investigación (IPA, también conocida como la Carta de los fisgones) debían modificarse para ajustarse a la legislación europea sobre derechos humanos. Pero también redefinió lo que se entendía por "delito grave" para dar a las agencias de espionaje la mayor libertad posible.

La IPA fue la respuesta del Gobierno al hecho de que el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Edward Snowden, había hecho público que los servicios de seguridad británicos estaban coludiendo en la vigilancia masiva ilegal y la recopilación de datos.

GCHQ trabajó con la NSA en PRISM, monitoreando las comunicaciones de Internet a través de Google, Yahoo, etc., y ejecutó Tempora, almacenando la mayoría de las comunicaciones de Internet realizadas a través de cables de fibra óptica desde 2011. El Reino Unido, como uno de los "cinco ojos", tenía acceso a Xkeyscore, una herramienta analítica que permite recopilar casi toda la actividad de Internet.

El programa MILKWHITE de GCHQ para almacenar datos sobre los metadatos de las personas sobre el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes se puso a disposición del MI5, así como de la Policía Metropolitana y otras fuerzas y, sin duda, de la agencia internacional de espionaje MI6.

En lugar de poner fin a este comportamiento ilegal, la respuesta del Gobierno fue ampliar el mandato de las agencias de espionaje por medio de la IPA. La IPA hace legal un nivel de intrusión en las vidas de personas inocentes que no se consideró necesario en el transcurso de dos guerras mundiales, las problemáticas en Irlanda y otras crisis domésticas.

Ahora se ha confirmado que desde el día en que la IPA se convirtió en ley, las actividades de las agencias de espionaje continuaron operando fuera de sus límites y por lo tanto son ilegales. Esto supuestamente se “ocultó” durante años a la Oficina del Comisionado de Poderes de Investigación (IPCO), que se encarga de supervisar sus actividades.

La IPCO afirma que la recopilación masiva de datos se habría detenido si se hubiera informado de antemano que las agencias de espionaje actuaban ilegalmente. Sin embargo, esta afirmación es sospechosa. Las órdenes se siguen autorizando y siguen ocultando el alcance de la ilegalidad y quién es el responsable.

Se hace la afirmación habitual de que estos detalles no podrían revelarse sin impedir las actividades de los organismos contra delitos graves, aunque no se trata de delincuentes graves cuyos derechos se hayan infringido, sino de millones de personas inocentes.

El MI5 sabía que había violado la ley durante tres años antes de informar a los encargados de su supervisarlo. Afirmó haber perdido el control de sus operaciones de almacenamiento de datos y que había "espacios sin gobernar" en sus computadoras en los que aparentemente no sabía qué se estaba reteniendo.

El secretario de Interior, Sajid Javid, quien perdió la disputa de la dirección conservadora, sostuvo de manera extraña que la infracción de la ley era una razón para confiar en que todo estaba bien: "Por supuesto, es fundamental que las agencias de inteligencia del Reino Unido demuestren el pleno cumplimiento de la ley. En ese contexto, el intercambio entre el comisionado y el MI5 sobre este tema demuestra que el sistema de supervisión líder en el mundo establecido por la ley está funcionando como debería”.

El comisionado de investigación de los poderes, lord Justice Fulford, cuya posición fue creada para dar a los fisgones una delgada apariencia de supervisión "independiente", también afirmó que estaba "seguro de que el MI5 ha tomado medidas inmediatas para introducir una serie de acciones de mitigación a luz de esa minuciosa revisión...".

Liberty condenó al Gobierno y a las agencias de espionaje por negarse a revelar detalles de la violación, cuál fue la información expuesta y por cuánto tiempo. Megan Goulding, una abogada que representa a Liberty, dijo que el caso muestra cuán "fatalmente defectuoso es el sistema de supervisión de los servicios de seguridad".

"Al crear la carta de los fisgones, el Gobierno del Reino Unido ha intentado legitimar los poderes de vigilancia masiva más intrusivos y de gran alcance que se encuentran en cualquier parte del mundo democrático. Estas facultades permiten al Estado recopilar los mensajes, la ubicación y el historial de navegación de personas inocentes y comunes" sin ninguna justificación.

El notario Martin Chamberlain explicó que la IPA “proporciona una amplia expansión de los poderes de vigilancia secreta masiva” que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual protege la privacidad y la libertad de expresión. Advirtió sobre los "peligros inherentes" de los poderes masivos de hacking, por medio de los cuales los servicios de inteligencia podrían tomar el "control remoto de un dispositivo, por ejemplo, para convertir los teléfonos móviles con cámaras en dispositivos de grabación...".

Las vulnerabilidades incorporadas en el software para permitir el acceso a las fuerzas policiales causan “riesgos reales e importantes” que terceros podrían explotar.

Todas las afirmaciones de que la supervisión judicial restringirá a las agencias de espionaje cuando la IPA pasaba por el Parlamento eran solo para consumo público. Sir James Eadie, un notario que representa al Gobierno, dijo en una comunicación por escrito: “Los poderes en cuestión son de importancia crítica y son efectivos para garantizar la protección del público de una serie de amenazas serias y sofisticadas que surgen en el contexto del terrorismo, actividad de Estados hostiles y crimen grave/organizado”.

La experiencia reciente ha demostrado, por el contrario, que las autoridades miran hacia otro lado cuando se enfrentan no solo con amenazas, sino con el ataque a personas comunes y corrientes por parte de terroristas y otras personas cuya presencia se usa repetidamente para justificar la introducción de un aparato policial de vigilancia estatal. Los reclamos de "actividad de Estados hostiles" por parte de potencias extranjeras son en gran medida invenciones del Gobierno y sus agencias, utilizadas para justificar el arrogamiento de poderes cada vez mayores para el aparato estatal y el impulso al militarismo y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2019)