El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD, siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido la “liberación inmediata” de cuatro de los presos políticos catalanes que actualmente están a la espera de un veredicto tras el falso juicio por el gobierno español, 20 meses después de su encarcelamiento.

El WGAD de la ONU investiga detenciones arbitrarias que presuntamente infringen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no tiene poderes para hacer cumplir sus decisiones. En el 2016, encontró que las condiciones bajo las cuales el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres equivalían a “detención arbitraria”.

Su informe es una exposición devastadora del juicio a los políticos nacionalistas catalanes en Madrid, luego de la brutal represión contra el referéndum de independencia de Cataluña en el 2017. Los partidos nacionalistas catalanes están a favor de la austeridad, apoyan tácitamente las guerras de la OTAN y la UE, y promueven una demanda de secesión catalana que es reaccionaria y divide a los trabajadores en la península ibérica. Pero la represión de Madrid es un ataque a los derechos democráticos básicos y una amenaza para ilegalizar a cualquier oposición, incluidas las huelgas y protestas de los trabajadores, al Estado. Esto no tiene precedentes desde la caída en 1978 del régimen fascista español establecido por Francisco Franco.

El informe considera que la detención de Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, todos exconsejeros regionales del Gobierno catalán, es “arbitraria” por violar artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre otros, estos artículos regulan los derechos a un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad de expresión o participación política. En su informe, insta a Madrid a emprender una investigación independiente y exhaustiva sobre la violación de los derechos de los detenidos.

Los exconsejeros regionales se encuentran entre los 12 funcionarios catalanes que fueron juzgados en el juicio del Tribunal Supremo, y ahora están a la espera de un veredicto. Nueve de ellos, acusados de rebelión relacionada con el referéndum por la independencia de 2017, se enfrentan a hasta 25 años de prisión. Los otros tres acusados se enfrentan a cargos menores de desobediencia y malversación de fondos públicos.

Se produce meses después de que el WGAD publicara un primer informe sobre los casos de Jordi Sànchez, líder de Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, así como de Oriol Junqueras, vicepresidente de Cataluña en el 2017.

El último informe concluyó afirmando que su detención fue “arbitraria”, ya que “tenía como objetivo reprimir a los miembros de los grupos políticos para silenciar sus afirmaciones a favor de la autodeterminación”. También dijo que las acciones de los políticos encarcelados en torno a las manifestaciones del 20 al 21 de septiembre de 2017 —uno de los argumentos centrales de la acusación contra los líderes catalanes en el juicio— “no fueron violentos ni incitaron a la violencia”.

El Gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha reaccionado frenéticamente ante los informes. En respuesta al primero, en mayo, acusó al cuerpo de no ser imparcial y de falta de “independencia”, y pidió la eliminación de dos de los cinco expertos que componen el WGAD. Al reciente informe, la Ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, rechazó el informe abiertamente y dijo que los informes “contienen información distorsionada sobre la realidad” en Cataluña.

El Gobierno del PSOE en alianza con Podemos ha supervisado el falso juicio que concluyó el mes pasado. El veredicto se espera para antes de noviembre. La reacción del Gobierno del PSOE a las críticas internacionales a la represión de los nacionalistas catalanes sigue la misma línea que su antecesor, el del derechista Partido Popular (PP). Demuestra que la clase dirigente española en su conjunto respalda la campaña contra los nacionalistas catalanes.

El partido pseudoizquierdista Podemos también apoya esta política. Su líder, Pablo Iglesias, actualmente en conversaciones con el PSOE para formar un gobierno de coalición después de las elecciones generales de abril, prometió “lealtad en asuntos de Estado”, como la cuestión catalana. Un miembro de su dirección le dijo al diario El País que en las conversaciones con el PSOE, “No tenemos líneas rojas. Entendemos, debido a la proporción de votos, que el liderazgo del gobierno en la cuestión catalana debe ser dirigido por el PSOE. Vamos a ser leales”.

Si la represión contra los nacionalistas catalanes goza de un apoyo casi unánime en el establecimiento político, se debe a que, en medio de una creciente ira social después de una década de austeridad de la UE, el problema catalán se ha convertido en el vehículo a través del cual la clase dominante está tratando de atacar los derechos democráticos. y rehabilitar formas autoritarias de gobierno y políticas fascistas.

Después de cuatro meses y el testimonio de 422 testigos sobre los eventos que llevaron al referéndum de independencia unilateral en octubre del 2017 y la posterior declaración de independencia en el parlamento catalán, el caso ha revelado que la fiscalía no tiene pruebas que demuestren que los acusados instigaron la violencia para lograr la independencia.

Desde el principio, el caso ha sido un fraude. El panel judicial está presidido por el juez Manuel Marchena y está compuesto por otros seis jueces, la mayoría de ellos con estrechos vínculos con el PP.

Al carecer de pruebas concretas, la fiscalía ha recurrido a falsificaciones para respaldar las acusaciones de “uso de la violencia” exigidas por los cargos de rebelión y sedición. Varios policías y guardias civiles afirmaron haber visto “el odio reflejado en los ojos” de los manifestantes. Uno incluso llegó a afirmar que “en los años de lucha contra el narcotráfico” no había sentido “tanto miedo” como había sentido ante esos ojos. Como era de esperar, el juez presidente Marchena se negó a permitir que la defensa mostrara vídeos que habrían desafiado la narrativa de los policías.

Los fiscales también intentaron demostrar que los nacionalistas utilizaron a la policía regional, los Mossos d'Esquadra, para respaldar sus objetivos secesionistas. Fueron acusados de reticencia el día del referéndum y de no hacer su parte para hacer cumplir una orden judicial para detener la votación, lo que obligó a desencadenar la violencia de masas que causó más de mil heridos por la policía nacional y guardias civiles.

Una de las sorpresas del juicio fue la afirmación del exjefe de policía catalana, Josep Lluís Trapero, de que estaba listo y dispuesto a arrestar a políticos separatistas después de que el parlamento regional aprobara cualquier declaración de independencia unilateral.

Coincidiendo con el final del juicio, la represión contra los nacionalistas catalanes se ha intensificado. La fiscalía controlada por el PSOE ahora está procesando a varios altos funcionarios de la televisión pública catalana TV3 y Catalunya Ràdio, la principal estación de radio pública de Cataluña, acusada de pertenecer a una organización criminal.

La Abogacía del Estado también ha pedido esta semana que el president de la Generalitat, Quim Torra, sea expulsado del cargo público por un año y ocho meses y se enfrenta a una multa de €30.000 por negarse a quitar lazos amarillos de edificios gubernamentales antes de las elecciones españolas de abril. Estos lazos simbolizan el apoyo a los líderes nacionalistas catalanes exiliados y encarcelados.

Madrid también cuenta con el pleno respaldo de la Unión Europea (UE), que recientemente nombró al ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, como Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE. Borrell, catalán, es un rabioso antiindependentista. El PSOE lo nombró después de participar en manifestaciones contra el nacionalismo catalán convocadas por la Sociedad Civil Catalana, un grupo vinculado a la extrema derecha.

El Parlamento Europeo también ha apoyado de facto prohibir que Puigdemont, Junqueras y el exconsejero regional en el exilio Toni Comin ocupen sus cargos, ya que Madrid no los ha reconocido como miembros del organismo de la UE después de las elecciones de mayo. Todos fueron elegidos. Sin embargo, Madrid les ha prohibido jurar lealtad a la constitución española, un requisito necesario para ser reconocido como miembro del Parlamento Europeo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también rechazó recientemente por unanimidad un caso presentado por políticos separatistas catalanes que alegaban violaciones de su libertad de expresión y reunión durante el referéndum sobre la independencia del 2017. Defendió la suspensión por parte del Tribunal Constitucional español de una sesión plenaria del parlamento catalán, argumentando que “perseguía objetivos legítimos” como “mantener la seguridad pública, defender el orden público y proteger los derechos y libertades de los demás”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de julio de 2019)