El sexto día de protestas masivas en Puerto Rico involucró a más de 100.000 personas el jueves. Estas estallaron después de que casi 900 páginas filtradas de mensajes de texto que implicaban al gobernador de Puerto Rico y a su camarilla de funcionarios expusieran el desprecio del establishment político hacia los 3,2 millones de isleños que han sufrido a causa de las constantes medidas de austeridad dictadas por Wall Street, encima de la devastación causada por el huracán María en 2017.

La movilización de trabajadores y estudiantes contra el gobernador Ricardo Rosselló es una de las más grandes en la historia de este territorio estadounidense. Las protestas se han extendido a ciudades estadounidenses del continente donde hay grandes poblaciones de puertorriqueños, incluyendo Florida, Nueva York, Washington D.C. y California.

A pesar de la inmensa presión, Rosselló, un dirigente de 40 años de edad del Nuevo Partido Progresista (NPP), se ha negado a renunciar y a abandonar la mansión de gobernador, conocida como “La Fortaleza”. En vez de eso, el gobernador ha enviado a la policía, con noticias de que han disparado balas de goma y arrojado gas lacrimógeno a las multitudes, hiriendo a muchos.

El desafío a esta represión estatal y la extensión continua de las protestas ha generado miedo en la clase gobernante de la isla y de otras partes. El presidente Trump tuiteó, “Están pasando muchas malas cosas en Puerto Rico”, y dijo que el “gobernador está asediado”.

En un artículo titulado “Puerto Rico está en caos, y a algunos les preocupa que la inestabilidad continuada sea una gran amenaza”, el Washington Post cita al presidente de la asociación de abogados de Puerto Rico, Edgardo Román, quien apunta a que “la supervivencia del sistema político tal como lo conocemos está en juego”.

Rosselló es un político educado en la universidad MIT y fue delegado de Obama en la convención del Partido Demócrata de 2012 que nombró a un republicano como comisionado residente de la isla, o miembro sin voto de la Cámara de Representantes de los EUA. Se congració con Trump tras el huracán, sin criticar la visita para sacarse fotos del presidente a la isla donde Trump tiró con desprecio toallas de papel a las víctimas del huracán y les dijo que no habían sufrido una “catástrofe de verdad” como el huracán Katrina en 2005. El presidente después elogió a Rosselló por “no jugar a la política”.

En el tuit de Trump del jueves el presidente afirmó, “El Congreso de los Estados Unidos dio tontamente 92 mil millones de dólares para socorro por el huracán, de los cuales gran parte fue despilfarrada o malgastada, y nunca se la ha vuelto a ver”. Señaló a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para denunciarla como “una persona despreciable e incompetente en quien yo no confiaría en ninguna circunstancia”. Cruz, quien es miembro del Partido Demócrata Popular (PDP), criticó la respuesta inepta de la Administración de Trump, diciendo que el Gobierno federal “nos está matando con la ineficacia” y advirtió de un “genocidio”.

Aunque todo el establishment político de la isla, incluyendo a Cruz, comparte la responsabilidad del desastre continuado, la afirmación de Trump de que el Gobierno estadounidense envió $92 mil millones a la isla es ficción. Washington aprobó solo $42 mil millones, y de eso solo una fracción, $13 mil millones, fue entregada. Como resultado, murieron casi 5.000 puertorriqueños, según un estudio de la Universidad de Harvard. Hasta el día de hoy, cientos de miles de personas siguen sufriendo por la falta de elementos necesarios básicos, incluyendo una protección adecuada de los elementos, al ser incapaces muchos de reparar sus tejados.

Aunque el escándalo de los textos filtrados de Rosselló y otros 11 miembros de su Administración fuera el catalizador para las protestas masivas, las tensiones sociales en la isla se venían acumulando desde hacía años. Lo que hizo que las masas populares se volcaran a las calles no es simplemente la “corrupción”, mucho menos los mensajes de texto homófobos. Como los trabajadores de todas partes del mundo, los trabajadores de la isla se están rebelando contra la austeridad implacable y la desigualdad social.

Están luchando contra la Junta de Supervisión Fiscal, una dictadura financiera impuesta por la Administración de Obama, y la privatización de bienes públicos, incluyendo la compañía eléctrica, así como escuelas públicas, por lo que abogó la secretaria de educación de Trump, Betsy DeVos.

Justo antes de la filtración de los textos, otro escándalo de corrupción estalló cuando la antigua secretaria de Educación de la isla Julia Keleher y varios de sus socios cercanos fueron arrestados por el FBI, a los que se les imputó del lavado de $15,5 millones de dinero federal entre 2017 y 2019.

Keleher fue responsable del cierre de más de 263 escuelas públicas —el 20 por ciento de las escuelas públicas de la isla— y su reemplazo con escuelas concertadas, que eran ilegales hasta 2018. Declarando a la isla un “laboratorio” para los planes de privatización de DeVos, Keleher supervisó el despido de 5.000 docentes y el desplazamiento de más de 75.000 estudiantes mientras amasaba una fortunita de $250.000 al año, que era más de lo que gana cualquier funcionario del Gobierno en Puerto Rico y más que el salario de la propia Betsy DeVos. Tras el huracán María, usó la donación de una fundación a la isla para aumentarla aún más, a $400.000 al año, que equivale al salario del presidente de los EUA.

De la misma manera, una facción del Gobierno local explotó el huracán para imponer la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).

El Partido Demócrata en el continente está intentando contener las protestas, centrándose solamente en la corrupción personal del gobernador y el carácter homófobo y sexista de los tuits publicados. Los demócratas esperan explotar el odio a Rosselló y a Trump para mejorar sus perspectivas electorales. Muchos candidatos presidenciales demócratas han visitado la isla, incluyendo a Elizabeth Warren y Julián Castro, y Bernie Sanders nombró a la alcaldesa Cruz su codirectora de campaña.

En este esfuerzo, los demócratas y el PDP, su partido afiliado en la isla, están consiguiendo el apoyo total de las organizaciones pseudoizquierdistas como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés). Un artículo publicado el miércoles en Jacobin, órgano alineado con el DSA, comentaba, “los movimientos y organizaciones que fueron denigrados en el chat fueron elegidos porque amenazaban a este sistema”, y que “es nuestro deber apoyar y construir sobre los esfuerzos de esos movimientos, que resisten ataques, la precariedad y el agotamiento en su lucha”. Dicho de otra manera, DSA hará cuanto pueda para promocionar a Cruz, al PDP y los demócratas.

Bernie Sanders tuiteó el jueves, “Apoyo al pueblo de Puerto Rico que se ha volcado a las calles para exigir responsabilidades al gobernador y poner fin a la corrupción”. Continuó, “Los puertorriqueños tienen derecho a la democracia y al pleno respaldo federal para salir de esta crisis”.

Fue el propio Partido Demócrata de Sanders que bajo el anterior presidente Barack Obama promulgó leyes para crear Junta de Supervisión Fiscal y empezar el proceso de saqueo de la economía puertorriqueña para beneficio de Wall Street.

Solo rechazando a todos los partidos de la clase gobernante y uniéndose a la clase trabajadora del continente y del mundo podrán romper los trabajadores de Puerto Rico el dominio de los bancos de Wall Street y librar una lucha común por el socialismo internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de julio de 2019)