Las diatribas racistas de Donald Trump contra el congresista demócrata Elijah Cummings y la ciudad de Baltimore marcan una escalada calculada en sus esfuerzos para arraigar su campaña de reelección en la incitación de un movimiento abiertamente fascistizante.

El sábado, Trump tuiteó que el distrito de Cummings, el cual cubre la mitad de toda la ciudad de Baltimore, es “una pocilga infestada de ratas y roedores”, un “lugar asqueroso y sucio” y “un desastre corrupto”. Concluyó, “Ningún ser humano quisiera vivir ahí”.

El sábado, Trump compartió una declaración en Twitter de una columnista fascistizante del diario británico Sun, Katie Hopkins, refiriéndose a Baltimore como un “agujero de mierda”, una referencia a sus declaraciones previas que denigran los países africanos con el mismo insulto. Hopkins es famosa por sus ataques viciosos contra los inmigrantes, incluyendo una declaración en 2015 de que “los migrantes son como cucarachas” y “están hechos para sobrevivir una bomba nuclear”.

Las diatribas inmundas de Trump se producen tras sus ataques contra cuatro legisladoras demócratas hace dos semanas, cuando escribió que las cuatro deberían “volver” a “los lugares infestados de crimen de dónde vinieron”. Declaró que las cuatro congresistas, quienes son ciudadanas estadounidenses, “odian nuestro país” y apoyan el “terrorismo”. En abril de 2018, Trump denunció las “ciudades santuario” en California por promover un “concepto ridículo, de infestación de crimen y criadero”.

Trump no solo está diciendo tales cosas. Sus últimas declaraciones suceden en medio de una intensificación de los ataques de su Gobierno contra los inmigrantes, amenazando con redadas masivas por todo el país y abarrotando a miles en campos de concentración a lo largo de la frontera con México.

Las palabras tienen un significado y consecuencias. La denuncia de una ciudad estadounidense y sus ciudadanos por un presidente en funciones en términos tan explícitamente racistas no tiene precedente en la historia del país. Trump está jugando con fuego y lo sabe. Él y sus asesores creen que sus comentarios racistas no solo envalentonarán y movilizarán a sus simpatizantes en la ultraderecha. Trump también calcula que sus provocaciones explícitas recrudecerán un ambiente político ya inestable, con un potencial inmenso de generar violencia y crear condiciones que le permitirán invocar facultades dictatoriales para mantener la “ley y el orden”.

El presidente también escaló sus denuncias contra la política socialista y de la “izquierda radical” durante el fin de semana. Tuiteó el domingo por la mañana que “Se está considerando declarar a ANTIFA [antifascistas], los cobardes Chiflados de la Izquierda Radical que andan golpeando a gente [solo a los que no pelean] en la cabeza con bates de beisbol, como una Organización Terrorista (junto a la MS-13 y otras). ¡Le haría más fácil el trabajo de la policía!”. Esto significa que el Gobierno está preparando medidas directas para criminalizar puntos de vista izquierdistas.

Dada la magnitud de la provocación, la respuesta del Partido Demócrata ha sido una combinación típica de cobardía y evasión. A pesar de que el testimonio ante el Congreso del ex fiscal especial, Robert Mueller la semana pasada fuera un desastre para los demócratas, esto no les ha prevenido intensificar sus denuncias obsesivas y neomccarthistas sobre “injerencia rusa” e “interferencia extranjera” en la política estadounidense.

La premisa de la narrativa de los demócratas de un complot ruso es que la verdadera amenaza a la democracia estadounidense proviene del Kremlin y no de la Casa Blanca. Más allá, la pretensión de la oposición de los demócratas a Trump queda expuesta por el hecho de que él puede contar con su apoyo cuando lo necesita.

El grado de acuerdo de todas las facciones de la élite política fue expresado en la aprobación abrumadora la semana pasada por la Cámara de Representantes de un presupuesto respaldado por el Gobierno de Trump, que incluye un récord de $738 mil millones en gasto militar. Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) y una de las cuatro congresistas atacadas por Trump, votó a favor del proyecto de ley.

Al mismo tiempo, la campaña en torno a la “injerencia extranjera” en la política estadounidense, que no ha sido corroborada por ninguna evidencia seria, ha sido utilizada para implementar un régimen de censura en línea y ataques contra la libre expresión. Los demócratas han sido la punta de lanza de la campaña contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por exponer los secretos del imperialismo estadounidense mientras mantienen un silencio completo sobre la continua encarcelación de la denunciante Chelsea Manning por rehusarse a testificar contra Assange.

La preocupación subyacente de los demócratas es bloquear el desarrollo de cualquier movimiento independiente de la clase obrera. La oposición masiva al Gobierno de Trump, expresada en las protestas iniciales que estallaron inmediatamente después de su inauguración, ha sido encarrilada detrás de la agenda derechista y militarista del Partido Demócrata.

Como parte de este esfuerzo, los demócratas, junto con las organizaciones de la clase media-alta que los orbitan, se han dedicado a representar toda problemática social de modo que se magnifican las líneas raciales, de género e identidad sexual, no de clase. Por medio de la promoción incansable de su propia marca de política racialista y de identidades —la cual argumenta que Trump es el vocero de los trabajadores blancos reaccionarios— los demócratas le han concedido a Trump un marco político para llevar a cabo sus invectivas fascistizantes.

Definir quién está a la “izquierda” y quién está a la “derecha” dentro del marco del conflicto dentro del aparato estatal es políticamente insignificante. Todas las facciones quieren guerra, censura, ataques contra los derechos democráticos y la supresión de la lucha de clases.

El Gobierno de Trump debe ser expulsado del poder, pero la cuestión es cómo y por medio de cuáles métodos. Por ahora, debe quedar claro que la política de los demócratas ha buscado mantener a Trump en su cargo. Incluso si fueran a deponerlo por medio de algún tipo de golpe palaciego, esto dejaría la política básica de la clase gobernante intacta. La consecuencia inmediata sería una escalada de las amenazas de guerra contra Rusia.

La tarea urgente de la clase obrera es librarse de la camisa de fuerza política de ambos partidos capitalistas e intervenir de manera independiente.

La lucha contra el Gobierno de Trump debe desarrollarse como un movimiento de masas desde abajo. La oposición a los ataques fascistizantes del Gobierno de Trump contra los inmigrantes y sus apelaciones racistas deben conectarse a los problemas sociales grandes que están motivando el crecimiento de luchas de la clase obrera internacionalmente: la lucha contra la desigualdad, los ataques contra los trabajos y los salarios, la censura y la guerra.

Los acontecimientos en Puerto Rico desmienten cualquier afirmación de que dicha perspectiva sea irrealista. Ahí, las protestas de masas forzaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, como parte de una creciente ola de oposición social que incluye el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, las manifestaciones continuas en Hong Kong y las protestas masivas en Argelia. Mientras que el estallido de protestas en Puerto Rico, independiente de los partidos de la élite política y los sindicatos, ha logrado expulsar a Rosselló, las fuerzas sociales y políticas detrás de él —tanto en Wall Street como en Washington— permanecen.

Sin embargo, lo que los eventos en Puerto Rico demuestran que no solo es posible un movimiento de masas, sino que es el camino al desarrollo más posible.

El derrocamiento de Gobiernos no vendrá por medio de maniobras dentro de las instituciones políticas establecidas, sino a través de la intervención de la clase obrera. Esto exige nuevas organizaciones de lucha. El Partido Socialista por la Igualdad hace un llamado a formar una red de comités populares en los lugares de trabajo y comunidades, independiente de todos los partidos políticos burgueses y sindicatos, para conectar cada lucha separada en una ofensiva común contra la élite gobernante capitalista. Esto debe estar conectado con un programa anticapitalista, antiimperialista y socialista claro.