Poco más de un año después de que un tribunal distrital ordenó a la administración Trump que cesara su política de separaciones familiares en la frontera entre Estados Unidos y México, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se ha presentado ante el Tribunal Distrital de los Estados Unidos del Sur de California para bloquear la Customs and Border Protection Agency (Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, por sus siglas en inglés) de seguir implementando esta política cruel.

En lo que equivale a secuestros masivos y continuos, la ACLU informa que más de 900 niños, incluidos bebés y niños pequeños, han sido sistemáticamente separados de sus padres y familiares desde la resolución inicial en junio de 2018, el 20 % de ellos menores de 5 años, con razones oficiales dudosas o fabricadas.

Aunque el fallo de 2018 contra la política punitiva de "zero tolerance" de la administración requería que el Gobierno Federal reuniera a todas las familias separadas y que se asegurara de que no hubiera más separaciones, contenía un vacío obvio: CBP, la misma agencia responsable de la práctica aborrecible en primer lugar, se le otorgaría el poder de continuar separando a las familias en función de su propia determinación de si un padre es "no apto o presenta un peligro para el niño", sin una supervisión significativa de ese proceso.

Las justificaciones engañosas para las separaciones continúas dadas por el CBP y citadas en la presentación de ACLU dejan en claro que la administración no tiene intención de poner fin a su cruel política, cuyo objetivo principal es disuadir a los migrantes de buscar asilo en los Estados Unidos. La presentación de la ACLU detalla los absurdos pretextos utilizados para separar a los niños de sus familias.

En un caso, a un padre le quitaron a su hija enferma de un año de edad después de que él la permitió tomar una siesta con un pañal mojado, que fue clasificado por CBP como "negligente". A otro padre le quitaron a su hijo por dañar propiedad con un valor estimado de $5. Otras razones dadas incluyen acusaciones arbitrarias de involucramiento en pandillas, violaciones de tráfico, tener VIH o la Sida, posesión menor de marihuana y muchas otras actividades que no resultarían en que un ciudadano estadounidense fuera separado de sus hijos.

Profundizando de la gravedad de las separaciones es el mantenimiento de registros faltantes, en algunos casos, inexistentes, sobre dónde se colocan a los niños después de ser separados de sus padres. Según los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los sistemas de seguimiento para los niños detenidos eran tan inadecuados e "informales", que es "probable" que el número total de niños detenidos y luego liberados son miles más que los 2.737 identificados en el fallo de 2018, y de hecho puede que nunca se conozca, lo que indica que un número incalculable de niños serán separados permanentemente de sus familias.

En un ejemplo particularmente atroz, se descubrió que el sistema de seguimiento computarizado mantenido por el Departamento de Seguridad Nacional durante la implementación de la política de "Zero Tolerance" había eliminado automáticamente los registros que podrían haberse utilizado para conectar a padres e hijos separados porque no sido "actualizado".

Después del fallo de la corte distrital de 2018 que ordenó que el Gobierno federal reuniera a los niños con sus familias, la administración Trump argumentó que hacerlo podría no estar "dentro del ámbito de lo posible" e hizo la afirmación perversa de que recuperar a los niños de los hogares elegidos por el Gobierno para reunirse con sus familias traumatizarían a los niños, ya que "Interrumpir la relación familiar no es una práctica recomendada de bienestar infantil ..."

Cualquier pretensión de preocupación por el bienestar infantil por parte del Gobierno de los Estados Unidos es un fraude. Las recientes afirmaciones de la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, ante un Tribunal de Apelaciones de los EE UU afirmando que la responsabilidad legal del Gobierno de proporcionar condiciones sanitarias y seguras no da derecho a los niños a usar jabón, cepillos de dientes o colchones, y la cancelación por parte de administración de todas las actividades recreativas y educativas en los centros de detención infantil.

La Administración Trump ha respondido previsiblemente a cada derrota legal en los tribunales con más ataques contra los solicitantes de asilo y la negativa a cumplir con las sentencias. Trump emitió su política de "Permanecer en México" en febrero de 2018, oficialmente conocido como el Programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), en virtud del cual los migrantes deben esperar en México mientras sus casos terminan en los tribunales, un proceso que toma un promedio de 2 años.

Luego, en abril de 2018, se implementó una política de "medición", en virtud de la cual solo unos pocos de solicitantes de asilo, si los hay, pueden solicitar asilo en los puertos legales de entrada. La política anterior permitía a los inmigrantes que llegaron a tres puertos de entrada designados se quedaran en los Estados Unidos mientras esperaron sus apariciones en la corte de inmigración.

La semana pasada, el 26 de julio, Trump firmó un acuerdo bilateral con el Gobierno de Guatemala para conferirle el estatus de "País tercero seguro", requiriendo a aquellos que viajan a través del pequeño país empobrecido, sí mismo siendo una fuente de cientos de miles de refugiados, que soliciten asilo allí antes de solicitar asilo en los Estados Unidos.

Destacando la naturaleza indiferente de este acuerdo es una declaración reciente del Departamento de Estado a través de su consejo asesor de Seguridad en el Extranjero, que informó que Guatemala en 2019 "sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo", con una "tasa de asesinatos alarmantemente alta".

También en la última semana, la administración implementó un esquema para quitarles a los menores de su capacidad de solicitar asilo, incluso después de ser colocados con patrocinadores. De acuerdo con la nueva política, un niño ya no será considerado un menor no acompañado una vez que sea ubicado con un patrocinador, quitándole la protección especial, como una entrevista de asilo con un oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE UU en lugar de discutir su caso en tribunales de inmigración, que rechazan habitualmente la mayoría de las solicitudes de asilo.

El horrible crimen de las separaciones masivas de familias constituye uno de los componentes más bárbaros de los esfuerzos continuos de las sucesivas administraciones de EE UU. Para revertir y eliminar los derechos de los refugiados globales a buscar asilo de las amenazas a su vida en su país de origen. Esta guerra contra los inmigrantes ha sido y sigue siendo un asunto completamente bipartidista.

Solo hay que recordar las fotos de niños enjaulados en almacenes, durmiendo bajo delgadas mantas de aluminio que obtuvieron una condena generalizada en 2014 bajo el presidente Obama, que deportó infamemente a más de 2,5 millones de inmigrantes, más que cualquier otro presidente estadounidense anterior, y supervisó la expansión de la infraestructura física que actualmente se utiliza para albergar refugiados en condiciones inhumanas que mejor se describen como campos de concentración.

La financiación para las agencias fronterizas fascistizantes solo ha aumentado desde entonces, gracias a los votos emitidos por todo el espectro político de ambos partidos de establecimiento, desde figuras arcoreaccionarias como Ted Cruz y Mitch McConnell hasta los miembros nominalmente progresistas del Partido Demócrata como Alexandra Ocasio-Cortes e Ilhan Omar, que emitieron votos cruciales para autorizar un voto para la financiación masiva de $4,6 mil millones para ICE y CBP, que luego fue aprobado en la Cámara y el Senado y firmado por el presidente Trump.

Los métodos fascistizantes del Estado policial utilizados para atacar a los inmigrantes, una de las capas más oprimidas de la clase trabajadora internacional, se aplicarán a todas las secciones de trabajadores en el futuro. Los trabajadores de todos los orígenes étnicos, lingüísticos y nacionales deben unirse para resistir el terrorismo estatal y luchar por un futuro libre de fronteras nacionales, en el que las personas sean libres de buscar seguridad y empleo en cualquier lugar que sea.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de agosto de 2019)