El viernes, las calles fuera de la residencia del gobernador de Puerto Rico, llamada “La Fortaleza”, se llenaron nuevamente de manifestantes para celebrar la salida del gobernador Ricardo Rosselló y oponerse a la instalación de su sucesor. Uno de los muchos carteles decía, “Ustedes traen corrupción, el pueblo revolución”.

A las 5 p.m. sin dejar el edificio rodeado por docenas de policías fuertemente armados, Rosselló publicó una declaración transfiriendo la gobernación a este nuevo secretario de estado nominado, Pedro Pierluisi.

Por primera vez en la historia del territorio estadounidense y, si vamos al caso, en la historia de Estados Unidos, manifestaciones masivas en Puerto Rico tumbaron a un gobernador del poder. Las protestas crecieron continuamente por dos semanas hasta que más de medio millón de personas de una población de 3,2 millones marchó el 22 de julio en el centro de San Juan. Dos días después, el gobernador Rosselló anunció que dimitiría el 2 de agosto a las 5 p.m.

La transición de poder sin precedentes el viernes estuvo dominada por un nerviosismo extremo dentro de la élite política de la isla, temiendo una explosión social incluso mayor.

Dos horas después de ser nombrado gobernador, esperando y viendo la respuesta popular a su instalación inconstitucional, Pierluisi aceptó la nominación en una conferencia de prensa en la que llamó a la “unidad” y declaró que “no queremos una crisis constitucional”.

Pierluisi es un títere de los intereses capitalistas estadounidenses responsables de la crisis social en la isla. Renunció hace apenas tres días del principal bufete de abogados que representa a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF), una agencia federal creada por el Gobierno de Obama y conocida popularmente como la Junta, la cual ha operado como una dictadura financiera sobre la isla para presidir su saqueo por parte de Wall Street.

La multitud en San Juan, la cual siguió manifestándose pacíficamente con un humor celebratorio hasta tarde en la noche del viernes, cantó la consigna, “¡Pierluisi renuncia y llévate a la Junta!”. Un manifestante llevaba un cartel que decía, “No al golpe de la Junta y Pierluisi”

Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump y la aristocracia financiera parasítica por la que habla han buscado explotar la crisis para escalar sus ataques contra los niveles de vida e imponer una mayor austeridad. El jueves, la Casa Blanca anunció que suspendería la transferencia de $8 mil millones como parte de ayuda para desastres naturales debido a la “inestabilidad política e irregularidades financieras”. La semana pasada, el Wall Street Journal pidió que la JSF “imponga disciplina” y ponga fin a los “regalos”.

En este contexto, la nominación de otro agente político de Wall Street, lejos de proveer un nuevo equilibrio político, pregona un choque de frente entre el movimiento popular contra la austeridad, la JSF, y el imperialismo estadounidense. La respuesta agresiva del Gobierno de Trump constituye una advertencia para la clase obrera y los jóvenes en Puerto Rico y todo Estados Unidos de que están en marcha preparativos para emplear la fuera total del Estado estadounidense para aplastar la creciente explosión social.

Ante todo, el mayor peligro proviene de la falta de un programa claro y la ausencia de una dirección y organización políticas e independientes de ambos partidos patronales en EUA y sus representantes en Puerto Rico. El Partido Demócrata y su sus agentes sindicales y políticos en Puerto Rico están trabajando para desarmar políticamente y suprimir las protestas, por medio principalmente de la creación de ilusiones en las maniobras antidemocráticas dentro del aparato político podrido y colonial puertorriqueño.

El presidenciable demócrata Bernie Sanders, por ejemplo, tuiteó el viernes por la noche: “El pueblo puertorriqueño… nos mostró lo que la gente ordinaria puede lograr cuando nos organizamos. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que consigan una representación justa y receptiva. Puerto Rico merece democracia, no austeridad”. Ni una sola palabra sobre los llamados a la disolución de la dictadura de los banqueros de la JSF, la principal demanda de los manifestantes.

El viernes, la Cámara de Representantes puertorriqueña realizó una audiencia y voto para confirmar a Pierluisi como secretario de Estado, el primer cargo sucesorio para la Gobernación. Este procedimiento apurado acabó con un voto a favor alrededor de las 4 p.m., una hora antes del límite anunciado para la renuncia de Rosselló. Sin embargo, el presidente del Senado puertorriqueño, Thomas Rivera Schatz, quien también tiene aspiraciones para convertirse en gobernador, pospuso la audiencia hasta el próximo miércoles.

Hubo un debate acalorado entre comentaristas de la prensa y legisladores —y dentro de la Casa Blanca, de donde sin duda vino la decisión final— sobre si llevar a cabo la instalación extraconstitucional de Pierluisi como gobernador interino o elegir a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la próxima en la línea de sucesión, pese ha rehusarse hasta ayer a aceptar el cargo de gobernadora.

El desencadenante de las protestas masiva, la publicación el 13 de julio por parte del Centro de Periodismo Investigativo de grupos de mensajería en línea que involucraron a Rosselló y su círculo cercano no solo expusieron su servilismo pleno a Wall Street, sino también el odio de toda la élite gobernante hacia la clase obrera puertorriqueña.

Estalló la acumulada ira social tras décadas de deterioro social, generando no solo demandas de la salida de Rosselló, pero de toda la élite política. La etiqueta en Twitter que se volvió tendencia el viernes en Puerto Rico fue #NiSchatzNiPierluisiNiWanda.

Además de bromas sobre las víctimas mortales del huracán María, insultos homofóbicos y misóginos, ataques contra periodistas y una declaración sobre dispararle a oponentes políticos, los mensajes filtrados también revelaron evidencia de un vasto anillo de corrupción. El CPI ha enfocado sus exposiciones en Elías Sánchez Sifonte, un exrepresentante del Gobierno ante la JSF y un cabildero cuyos clientes incluyen Microsoft, Walgreens y otras importantes empresas. Los mensajes filtrados muestran que estaba recibiendo información confidencial y que estaba dando órdenes sobre políticas públicas a Rosselló y su camarilla.

Pese a no participar en los chats filtrados, Pierluisi es, por lo menos, más criminal que Rosselló. En 1993, se convirtió en secretario de Justicia por un término bajo el padre de Rosselló y luego se unió al bufete O’Neill & Borges LLC, donde permaneció 11 años. Entre 2008 y 2016, sirvió como comisionado residente (el miembro sin voto de Puerto Rico en el Congreso estadounidense), solo para regresar al mismo bufete como asesor de la JSF.

Como comisionado, promovió el proyecto de ley que creó la JSF, mientras su esposa, cuyo hermano es presidente de la Junta, se enriqueció por medio de un negocio de consultorías para los fondos buitres sobre cómo lucrar de la crisis fiscal de Puerto Rico. La pareja dejó Washington con 27 veces la riqueza que tenían cuando llegaron.

Por su parte, Rivera Schatz y Vásquez han sido acusados de tráfico de influencias y sobornos por concesiones.

Toda la élite política, incluyendo el Congreso local y las autoridades federales, ha quedado expuesta por su subordinación total a los dictados de la élite financiera estadounidense y su hostilidad a los derechos sociales y democráticos de los trabajadores y oprimidos en Puerto Rico.

Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard estimó que 5.740 personas fallecieron por el huracán María en septiembre de 2017. Cuando el presidente Donald Trump visitó la isla un mes después de la tormenta, afirmó que no había ocurrido una “catástrofe de verdad”. El huracán había destruido 70.000 hogares, dejado solo el 5 por ciento de la red eléctrica en funcionamiento, y solo uno de los 69 hospitales en la isla plenamente operativo. Los daños totales superaron los $139 mil millones, según las autoridades locales.

CBS News reportó que, para abril de este año, el Gobierno federal solo había entregado $11,2 mil millones en asistencia a Puerto Rico.

BuzzFeed News reportó en octubre del año pasado que el Gobierno de Rosselló había dado luz verde a los funerales para que cremaran al menos 911 de los cuerpos apilados después del huracán sin examinación médica. El director fiscal de Rosselló bromeó en uno de los mensajes de texto filtrados, “¿no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”.

Fue el Congreso puertorriqueño, que ahora finge indignación moral por los mensajes filtrados, el que aprobó la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico” tres meses después del huracán María, explotando la devastación para concederle a Rosselló poderes vastos para “consolidar” las 118 agencias gubernamentales a 35, recortando $2,75 mil millones de costos anuales para pagar la deuda de la isla de $74 mil millones.

Según la Iniciativa Humanitaria de Harvard, hubo hasta 17.000 tropas estadounidenses en un momento desplegadas en Puerto Rico y las vecinas Islas Vírgenes después de que la intervención federal entera pasara a manos del Comando Norte de Estados Unidos.

A pesar de la miseria de ayuda enviada por Washington, bloqueada aún más por los acuerdos privados y con fines de lucro que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) firmó para proveer diésel, gasolina y agua, este despliegue militar masivo ni siquiera la entregó toda. El martes, AFP publicó im ágenes aéreas de decenas de miles de botellas de agua expiradas en un lote baldío a pocos kilómetros de San Juan.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de agosto de 2019)