Siete meses después de proclamarse “presidente interino” de Venezuela y obtener el reconocimiento inmediato de Washington y sus aliados, el político derechista y previamente desconocido, Juan Guaidó, anunció el miércoles la creación de un nuevo “Centro de Gobierno” que contará con una colección de reaccionarios políticos respaldados por Estados Unidos.

Esta pretensión de establecer una Administración paralela o “gabinete en la sombra” sigue a una serie de fiascos políticos de la operación de cambio de régimen orquestada por los Estados Unidos en Venezuela, que culminó en un intento de golpe fallido el 30 de abril que no logró obtener ningún apoyo significativo de los militares del país.

Mientras tanto, Washington ha aumentado constantemente las sanciones económicas unilaterales e ilegales contra Venezuela, con Trump firmando una orden ejecutiva el 5 de agosto, imponiendo un congelamiento de todos los activos venezolanos en los Estados Unidos y amenazando a cualquier empresa que haga negocios con el Estado venezolano, su banco central y su empresa petrolera estatal económicamente crítica, PDVSA, con sanciones secundarias.

Esto se ha combinado con amenazas no disfrazadas de intervención militar. El comandante del Comando Sur, el almirante Craig Faller, declaró recientemente que las fuerzas armadas estadounidenses “permanecen en la punta de los pies” dispuestos a llevar a cabo órdenes de acción militar contra Venezuela. Hubo informes simultáneos que Trump ha presionado repetidamente a sus asesores sobre la posibilidad de imponer un bloqueo naval directo a Venezuela, evitando militarmente que entren o salgan productos del país.

El anuncio de Guaidó el miércoles se llevó a cabo en coordinación directa con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual hizo su propio anuncio el día anterior, señalando que está estableciendo una “Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU)” que operará desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

Subrayando que esta unidad se había creado con el “apoyo bipartidista del Congreso de los Estados Unidos”, el Departamento de Estado declaró su misión de trabajar con “el Gobierno legítimo de Venezuela”—es decir, el títere estadounidense Guaidó—“para la restauración de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano”.

La preocupación de Washington por la “democracia” y el “orden constitucional” en Venezuela ha encontrado expresión concreta en sus intentos de fomentar un golpe militar. En cuanto a su dedicación al “bienestar del pueblo venezolano”, esto se ha logrado en la práctica a través de un régimen de sanciones que ha cortado los suministros de alimentos y medicamentos e intensificado drásticamente el empobrecimiento masivo de los trabajadores. Según un informe reciente preparado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), unas 40.000 muertes en Venezuela pueden atribuirse directamente a las sanciones de Estados Unidos.

El individuo nombrado por Guaidó como su “comisionado presidencial para asuntos exteriores” es el político de derecha y fundador del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, un exdiputado que vive en el exilio en Bogotá bajo la protección del Gobierno colombiano. La policía venezolana busca a Borges por su presunto papel en la organización de un intento fallido en agosto de 2018 para asesinar a Maduro con un avión no tripulado armado.

El llamado Grupo de Lima, formado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, reconoció de inmediato a Borges como el representante “legítimo” de Venezuela.

El nombrado como el “coordinador del Centro de Gobierno” es Leopoldo López, el líder del partido Voluntad Popular de extrema derecha al que pertenece Guaidó. Salió del arresto domiciliario impuesto en conexión con su condena por cargos relacionados con manifestaciones violentas en 2014 para unirse a Guaidó en una base aérea fuera de Caracas el 30 de abril, donde los dos emitieron su infructuoso llamado a un levantamiento militar.

Después del fracaso del golpe, López encontró refugio en la embajada española en Caracas, donde ha permanecido desde entonces. Está lejos se ser claro qué será capaz de coordinar bajo esas condiciones. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, declaró que su Gobierno “limitaría” las actividades de los políticos de derecha y no permitiría que su embajada se convirtiera en un “centro de activismo político para la oposición”.

Sin embargo, el Gobierno del primer ministro del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se doblegó ante Washington y reconoció a Guaidó como el “presidente legítimo” de Venezuela, cooperando con la Administración de Trump para promover planes para derrocar a Maduro.

Otros “comisionados presidenciales” nombrados por Guaidó incluyen un “fiscal especial” con sede en el extranjero que es buscado por cargos criminales por estafar a la compañía petrolera estatal PDVSA. Destacado como el “comisionado presidencial para el desarrollo económico” es uno de los fundadores de la ONG antigubernamental Súmate —la cual fue financiada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), una agencia estadounidense creada para respaldar las operaciones de desestabilización política, previamente dirigida por la CIA—. Designado como “comisionado presidencial para los derechos humanos” es el director de una ONG venezolana financiada por la ONG Freedom House de Estados Unidos, que a su vez obtiene el 80 por ciento de sus fondos de la NED.

Ni Guaidó ni sus “comisionados” controlan nada en Venezuela. Son simplemente un Gobierno títere en espera, conformado por agentes pagados por los Estados Unidos y dependientes de Washington para tener éxito en su operación de cambio de régimen.

Sin embargo, Maduro anunció esta semana que su Gobierno ha estado en contacto con la oposición y el Gobierno noruego, que ha mediado las conversaciones entre ambas partes. Mientras Caracas interrumpió las charlas a principios de este mes después que Estados Unidos impusiera su conjunto de sanciones más castigadoras hasta ahora, apoyadas por la oposición de derecha, el presidente venezolano indicó que pronto se reanudarían las reuniones.

En una entrevista con la agencia de noticias china Xinhua, Maduro predijo que vendrán “buenas noticias sobre el proceso de diálogo en los próximos días”.

A principios de este mes, Maduro confirmó informes en los medios estadounidenses que había autorizado conversaciones secretas con el Gobierno de los Estados Unidos para “dialogar” con la administración Trump y para “normalizar” las relaciones de Venezuela con el imperialismo estadounidense.

A pesar de todas sus pretensiones antiimperialistas, Maduro y su gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están legitimando una oposición de derecha que no goza de credibilidad entre las amplias masas del pueblo venezolano. Al mismo tiempo busca acomodarse a un Gobierno estadounidense empeñado en el cambio de régimen.

Si bien está preparado para buscar algún tipo de acuerdo negociado con el imperialismo estadounidense y sus títeres venezolanos para defender la riqueza y los privilegios de los estratos gobernantes de financistas, funcionarios estatales corruptos y contratistas del Gobierno—la llamada boliburguesía—este mismo Gobierno ha reprimido despiadadamente las luchas de la clase trabajadora, imponiendo la carga total de la profunda crisis económica del país sobre las espaldas de los trabajadores venezolanos. Los niveles de vida han sido diezmados por una tasa de inflación descontrolada, mientras que la reducción de la economía en aproximadamente un tercio ha elevado el desempleo.

En el contexto de las conversaciones de Washington con el Gobierno de Maduro, el enviado especial de la administración Trump para Venezuela, Elliott Abrams, utilizó una entrevista con el New York Times para apelar directamente al presidente venezolano asegurándole que los funcionarios estadounidenses querían que “él tuviera una salida digna y se vaya”.

“No queremos procesarte; no queremos perseguirte”, agregó Abrams. “Queremos que dejes el poder”.

El Times no se molestó en recordarles a sus lectores que Abrams sabe de qué habla en relación con el un procesamiento. Él mismo fue condenado por mentirle al Congreso sobre una red encubierta e ilegal para financiar las fuerzas terroristas “Contra” organizadas por la CIA para atacar a Nicaragua, pero luego fue perdonado por el presidente George H.W. Bush.

Como una personificación del carácter mentiroso y matón de las políticas del imperialismo estadounidense en América Latina, Abrams aún debe ser procesado por su defensa criminal de las dictaduras respaldadas por Estados Unidos en América Central en la década de 1980, encubriendo sus sangrientas masacres, torturas y asesinatos.

El hecho que el Gobierno de Maduro esté buscando una acomodación con tales elementos es una advertencia sobre los inmensos peligros que enfrenta la clase trabajadora en Venezuela y en toda América Latina.

Estas amenazas solo se pueden enfrentar en la medida en que los trabajadores venezolanos reconozcan que no pueden confiar en Maduro ni en el alto mando de las fuerzas armadas del país para derrotar las conspiraciones de Washington y su títere Guaidó.

La única salida progresista a la crisis cada vez más peligrosa que se desarrolla en Venezuela radica en la movilización política independiente de la clase trabajadora, luchando por armar a las masas, la toma de la propiedad burguesa y las posesiones capitalistas extranjeras y la colocación de la vasta riqueza petrolera del país bajo control popular.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de agosto de 2019)