Gobierno de Costa Rica impone prohibición de huelgas políticas

por Chris Marsden
6 septiembre 2019

Miles de trabajadores públicos, incluyendo maestros, doctores, enfermeros, electricistas, recolectores de basura, entre otros, realizaron una huelga nacional en Costa Rica el martes para oponerse a la ley antihuelgas promovida por el Gobierno derechista del presidente Carlos Alvarado y su Partido Acción Ciudadana.

Mientras miles marchaban en las afueras, la Asamblea Legislativa votó a favor del proyecto de ley, prohibiendo toda forma de huelga política e imponiendo restricciones draconianas a todas las huelgas. Constituye un ataque histórico contra un derecho democrático consagrado en la Constitución de 1948 y que solo puede aplicarse por medio de una represión de Estado policial.

La ley estipula, “Serán ilegales las huelgas políticas de cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono”. Al mismo tiempo, limita a 48 horas las huelgas contra políticas que “afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores” y proscribe más de una huelga contra la misma política.

La ley anula la disposición existente de que los huelguistas deben seguir recibiendo sus ingresos por los días perdidos hasta que la huelga sea declarada ilegal. También expande la prohibición de huelgas del Código Laboral en cuanto a “servicios esenciales”, incluyendo 10 categorías como salud, tráfico aéreo, migración, policías, bomberos y transporte de medicinas, equipo médico y comida perecedera. Estos últimos productos constituyen dos terceras partes de las exportaciones, amenazando con criminalizar las huelgas de los trabajadores del sector privado involucrados en su producción y cultivo.

Se crearon dos otras categorías para servicios “trascendentales” y “estratégicos”. La primera incluye recolección de basura, puertos, elecciones, bancos y cortes, limitando sus huelgas a 10 días durante los cuales se deben prestar “servicios mínimos”. Los servicios “estratégicos” incluyen a los docentes, limitando sus huelgas a 21 días y prohibiendo ocupaciones de escuelas. La legislación también establece un proceso expedito y oral para que los tribunales laborales declaren las huelgas ilegales. Asimismo, toda línea de piquete queda proscrita.

Ante difamaciones contra los huelguistas en la prensa corporativa y una orientación nacionalista de los sindicatos y la pseudoizquierda hacia una élite política totalmente podrida, la vasta mayoría de los trabajadores no están políticamente preparados para este bandazo hacia formas autoritarias de gobierno.

La medida se produce en medio de la intensificación de las preparaciones para dictaduras en todo el mundo, con el primer ministro británico suspendiendo el Parlamento, el presidente estadounidense gobernando cada vez más por decreto de emergencia, el presidente francés desplegando tropas contra las protestas de los “chalecos amarillos” y la coalición gobernante alemana promoviendo a la derecha fascistizante.

Ahora, cualquier intento de la mayoría obrera en Costa Rica de utilizar su poder social bajo el capitalismo —retener su trabajo— sea para defender y avanzar sus derechos democráticos o para oponerse a guerras, invasiones, golpes de Estado y toda forma de agresión y dictados del imperialismo y de tiranía en casa e internacionalmente, será considerado ilegal por un Gobierno presentado como “progresista” y una “democracia firme” por parte de los medios occidentales.

El WSWS habló con varios trabajadores en huelga mientras marchaban en San José, el martes, la mayoría de los cuales prefirió permanecer anónimo. Una trabajadora de farmacia en la institución estatal de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, declaró: “Es inconstitucional: nos están robando un derecho para expresarnos. Tenemos que ser conscientes de que ahorita se nos está quitando la posibilidad de manifestarnos mientras los salarios no alcanzan, viene lo del IVA [impuesto al valor agregado], han cerrado montones de empresas. Nos disminuyen el salario, nos aumentan el agua y la luz. Son cosas que, si el pueblo no se pellizca, vamos a ser como ‘caballos y carretones’—lo que ellos dicen no más—.

“No es solo Costa Rica. Se ve que, a nivel latinoamericano y centroamericano, toda la gente se está manifestando porque la presión económica nos está llevando hacia abajo y la gente trabajadora se está quedando sin trabajo, y la riqueza es solamente para los de arriba”.

Una técnica de laboratorio añadió: “Se está notando que el pueblo se está uniendo, viendo cómo está la situación del país, no solo los que trabajamos en la Caja o que sean maestros. Simple y sencillamente, nos están callando”.

Una docente de Heredia con 30 años de experiencia dijo: “Esta es una lucha entre los que tienen y los que no tiene. En Francia, se hicieron luchas sociales y ¿qué salieron diciendo los políticos en Alemania? Les reprocharon esa lucha que, al final hicieron presiones increíbles. Los políticos no quieren ver eso en nuestro país. Lo que quieren es estandarizarnos a todos para darnos a todos un salario de hambre.

“Eso es algo que nuestros sindicatos nunca hacen, que se nos informe qué pasa en otros países y que podamos tener una comunicación. Necesitamos esos espacios para que los trabajadores puedan compartir experiencias, de qué han logrado, [para] poderse empoderar. Nos reunimos con el sindicato y hablamos solo de nuestro entorno y ya”.

Costa Rica, cuya desigualdad social es la más alta en tres décadas y la novena más alta del mundo según el Banco Mundial, presenció su huelga más larga entre setiembre y diciembre del año pasado, y numerosas huelgas “intermitentes” desde entonces. Cientos de miles de estudiantes y camioneros, pescadores y trabajadores agrícolas del sector privado se han unido a marchas, ocupaciones escolares y bloqueos de calle sin precedentes.

Una ley “fiscal” con impuestos regresivos sobre el valor agregado para la canasta básica, la electricidad y el agua, así como recortes masivos para las anualidades (aumentos anuales), bonos y pensiones de los trabajadores del sector público, desencadenó estas manifestaciones. Los trabajadores y jóvenes en las protestas también alzaron la voz sobre otras problemáticas como el aumento en el desempleo, la pobreza extrema, las escuelas dilapidadas y los precios de la gasolina. En julio, las manifestaciones forzaron la renuncia del ministro de educación.

En contra de esta oposición masiva, el régimen de Alvarado ha impuesto dicha legislación y otras medidas de austeridad a fin de pagar los intereses a los inversores locales e internacionales—el gasto que crece más rápido del Gobierno—, recortar los servicios públicos, acelerando la privatización de la salud y la educación, y reducir los niveles de vida.

“Después de una huelga del año pasado tan larga, tan sufrida, muchos han quedado como curados [desgastados], los sindicatos están haciendo estas huelgas intermitentes”, explicó una docente de primaria de Santa Ana, “por ahora que tenemos derecho a venir a manifestarnos es para hacer entrar en razón al Gobierno, pero es un Gobierno que nunca quiere negociar… que está manejado por las corrientes socioeconómicas que buscan enriquecer a los más ricos y empobrecer a los pobres. Pero tenemos que seguir luchando y haciendo huelga”.

Al preguntarle sobre si los trabajadores, en oposición a los llamados del sindicato hacia el Gobierno, deberían apelar al resto de la clase obrera en Costa Rica e internacionalmente, señaló: “Es una buena estrategia. Mucha gente está cansada de los sindicatos y piensa que los sindicatos se venden. Aunque se trate de luchar por uno u otro lado, la gente siempre quiere sacar ganancias”.

La trabajadora de farmacia también comparte esto, indicando: “Los sindicatos tienen muchos lazos, hacen lo suyo, pero nosotros los trabajadores como pueblo somos los que nos tenemos que despertar. Nos tenemos que levantar. Nos tenemos que manifestar. Los sindicatos están atados porque políticamente tienen puertas”.

Un grupo grande de docentes de colegio de Heredia, afiliados al sindicato APSE, denunciaron a los medios y la propaganda gubernamental por buscar bloquear el apoyo de los trabajadores del sector privado, que constituyen el 86 por ciento de los empleados. “´Los medios son manipuladores, les gusta fomentar el odio, les gusta dividir y poner a todo el mundo a pelear en redes sociales”, dijo un joven maestro. Respondiendo a las difamaciones, una docente dijo, “Los privilegios son de los políticos. La clase trabajadora no tiene privilegios. A nosotros no nos pagan la gasolina, los celulares, las dietas. Todo lo costeamos con nuestro salario”. A esto, un maestro añadió: “No podemos esquivar impuestos y no tenemos pensiones de lujo. Mienten. Yo no recibo 14 millones de colones [$24.400] por mes. Ningún maestro… El dinero compra los medios”.

Otra maestra dijo, “La gente no se da cuenta de la presión psicológica por defender algo que consideramos que es de todos, y ahora nos prohíben manifestarnos por políticas económicas… Lamentablemente, los sindicatos y las luchas siempre terminan en este lado y no llegamos a ellos [al resto de trabajadores]”.

Un compañero de trabajo concluyó: “La UCCAEP [cámara empresarial] puede decir que no nos parece pagar aguinaldo y no hay derecho a la huelga”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de septiembre de 2019)