El martes 9 de septiembre, representantes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Administración de Trump y del Departamento de Justicia se reunieron con funcionarios de la oficina del alcalde demócrata de Los Ángeles, Eric Garcetti, para discutir cómo librar a la ciudad de las personas sin hogar, particularmente aquellos que viven en tiendas de campaña en las cercanías del Ayuntamiento, llamado "Skid Row" y en los barrios más ricos de Los Ángeles.

Alrededor de 5.000 personas colocan carpas en el centro de Los Ángeles todas las noches; miles más viven y duermen en las aceras de moda de Hollywood y West Los Angeles. Muchos otros viven en ciudades de carpas a lo largo de los ríos y autopistas de Los Ángeles.

Aunque las conversaciones entre el Gobierno federal y los funcionarios de Los Ángeles se han descrito como "fluidas", lo que se está discutiendo es la demolición de los campamentos urbanos de tiendas de campaña y el alojamiento de familias e individuos sin hogar en "instalaciones gubernamentales", un eufemismo para los campos de internamiento, como los utilizados para familias japonesas en la Segunda Guerra Mundial y, actualmente, para familias inmigrantes que buscan asilo.

A pesar de la ostensible enemistad del presidente republicano, Donald Trump, con los demócratas de California, en los informes de prensa no había indicios de que su gira y sus conversaciones fueran nada menos que cordiales, y los funcionarios de Los Ángeles estaban ansiosos por que la Casa Blanca les quitara de las manos a las personas sin hogar.

En una entrevista en julio con Tucker Carlson de Fox News, Trump denunció las condiciones en San Francisco: "Podemos hacer algo para limpiar todo eso. Es inapropiado ", declaró. “Ahora, tenemos que llevarnos a la gente y hacer algo. Tenemos que hacer algo".

Lejos de ver a las personas sin hogar como una crisis humanitaria, el problema para Trump es que los turistas y los empresarios "no pueden ver eso".

En California y Estados Unidos, las personas sin hogar han sido deshumanizadas y demonizadas, vistas como un problema para deshacerse de ellas, más que como seres humanos marginados por la desigualdad social y económica producidas por el fracaso del sistema capitalista.

Esto se hizo evidente el 30 de julio cuando el Ayuntamiento, controlado por el Partido Demócrata, endureció las regulaciones que prohíben que las personas vivan en sus vehículos en áreas residenciales y en las cercanías de escuelas, guarderías, lo que sugiere que las personas sin hogar representan una amenaza para los niños. Según un informe de prensa, cuando el Ayuntamiento votó 13-0 a favor de la medida, los presentes comenzaron a corear "¡Qué vergüenza!".

Esta semana, los funcionarios de la Administración de Trump recibieron un recorrido por la iniciativa de vivienda "Flyaway Homes" de $4,5 millones, que consiste en "casas" construidas a partir de pilas de contenedores de envío, así como el ruinoso proyecto de vivienda pública Jordan Downs en el vecindario de Watts.

Originalmente construido durante la Segunda Guerra Mundial para albergar a trabajadores de fábricas, Jordan Downs se convirtió en viviendas de bajos ingresos en la década de 1950. Ahora, después de décadas de abandono, la Administración de Garcetti planea agregar otras 115 unidades y transformar el proyecto en una "aldea urbana", en palabras del alcalde. Supuestamente, la ciudad también planea expandir, en solo 200 espacios, estacionamiento público para vehículos de personas sin hogar.

Estos esfuerzos mínimos, promocionados cínicamente por los funcionarios del Gobierno a sus visitantes de fuera de la ciudad, no han podido seguir el ritmo del aumento de las personas sin hogar en Los Ángeles y en todo California.

El último recuento de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles reportó 58.936 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles, un aumento del 35 por ciento desde 2017. El recuento es de 36.165 en la ciudad propiamente dicha, un 45 por ciento más que en 2017.

Si bien la capacidad de refugio y los hogares para las personas sin hogar se han expandido, el crecimiento de la población de personas sin hogar está siendo alimentado por un aumento en el número de desalojos en todo el estado, un producto del costo cada vez mayor de las rentas que supera con creces los aumentos en los salarios reales. para la mayoría de los angelinos. Una de cada cuatro personas sin hogar en los Estados Unidos (unas 600.000 personas) vive en California; uno de cada diez reside en el condado de Los Angeles.

El Washington Post informó que el presidente había firmado una orden ejecutiva en junio que creaba "un nuevo consejo de la Casa Blanca para eliminar las ‘barreras reguladoras’" para garantizar ganancias a los constructores que construyen nuevas viviendas, que se quejan de que las compañías inmobiliarias "suben los precios de las viviendas y limitan la oferta".

De hecho, no hay problema de oferta. Junto con el aumento de las personas sin hogar en California, más del 8 por ciento de los hogares en el estado permanecen vacantes, incluidas 140.000 unidades en el área de la Bahía de San Francisco y al menos 110.000 en Los Ángeles. El número de viviendas y apartamentos vacíos en todo el estado podría albergar a toda la población sin hogar de los Estados Unidos. Vinculada a ese exceso de oferta generosa hay una política agresiva en todo el estado de desalojar rápidamente a las familias sin hogar que ocupan hogares vacantes.

El mercado está controlado en interés de los monopolios inmobiliarios. Esto no es nada nuevo. En 2009, en medio de la Gran Recesión, cientos de miles vieron con consternación un video que documentaba la destrucción de casas recién construidas para asegurar las ganancias de los constructores y los bancos.

Cualquier medida tomada por la Administración de Trump protegería las ganancias de los oligarcas inmobiliarios en California y en otros lugares. El gobernador Gavin Newsome y los demócratas estatales no tienen ningún desacuerdo fundamental con el residente multimillonario de la Casa Blanca. La semana pasada, el consejo legislativo estatal aprobó una ley que garantiza el aumento anual de las rentas de los monopolios inmobiliarios del 5 por ciento más la tasa de inflación, una medida que garantiza que las rentas reales se duplicarán cada 14 años en dólares ajustados por precio.

El gobernador no propone tal garantía para que los salarios de los trabajadores se mantengan al día con el aumento de los costos. En Los Ángeles, la mitad de todas las viviendas son alquileres, lo que desproporcionadamente sobrecarga a las familias trabajadoras y jóvenes; un tercio de las familias gastan más del 50 por ciento de sus ingresos en costos de vivienda; y 721.000 están recargados por el costo de las rentas y a una crisis, como un despido o una emergencia de salud, de distancia de ser desalojados y quedarse sin vivienda.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de septiembre de 2019)