El gobierno de Trump firmó el viernes un acuerdo de inmigración con El Salvador, como parte de los objetivos de Washington para evitar el flujo de migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos al aumentar la patrulla fronteriza en América Central y México, convirtiendo a esos países en guardias fronterizos de facto para la inmigración estadounidense.

Aún se desconocen los detalles del acuerdo, pero probablemente reflejarán los acuerdos firmados a comienzo de este año con Guatemala y Honduras, para obligar a los migrantes que pasan por el llamado “tercer país seguro” a solicitar asilo en ese país primero y dar autoridad a los Estados Unidos para enviar de regreso a los migrantes que viajan por el país ahora designado como “seguro”.

El intento de etiquetar a El Salvador como un “tercer país seguro” es una medida profundamente sádica que socava los derechos de asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en 1948. La designación está totalmente en desacuerdo con la realidad de la vida en El Salvador, donde la violencia del estado policial ha sido cultivada por décadas de explotación por parte del imperialismo estadounidense.

En 2018, unos 46,800 salvadoreños solicitaron asilo en todo el mundo, clasificando el país en el sexto lugar del mundo para los nuevos solicitantes de asilo. Adicionalmente, según un estudio del gobierno apoyado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 71,500 salvadoreños han sido desplazados internamente por la violencia. En total, unos 150,000 salvadoreños se han convertido en refugiados o han solicitado asilo en los últimos años.

La mayoría de los migrantes que viajan al norte desde América Central y desde el Sur evitan pasar por El Salvador, el cual se ha convertido en sinónimo de ejecuciones extrajudiciales, violencia de pandillas y brutalidad policial.

El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2015, el país registró 103 homicidios por cada 100,000 residentes, más de 20 veces la tasa en los Estados Unidos. Es el país con mayor mortalidad para jóvenes menores de 19 años, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Casi el 25 por ciento de los niños menores de 5 años viven en la pobreza extrema.

El Informe Mundial de 2019 de Human Rights Watch detalla la estrecha conexión entre las brutales pandillas del país y el establecimiento político, señalando que hay al menos 60,000 miembros de pandillas en los 262 municipios del país, y que “todos los partidos políticos han negociado con pandillas para realizar campañas, votación y operaciones diarias.” Las pandillas extorsionan y recopilan información sobre la población, centrándose en los mercados, las escuelas y las áreas alrededor del transporte público.

Un informe investigativo de 2017 de la publicación salvadoreña Revista Factum, describió la existencia de escuadrones de la muerte dentro de unidades de élite de la policía de El Salvador, las cuales participan habitualmente en asesinatos, agresiones sexuales de adolescentes, robos y extorsiones.

La mayoría de los migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos hoy, huyen de estas mismas condiciones en los países del Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde agosto, los funcionarios fronterizos de Estados Unidos han detenido 86,312 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos, así como 258,635 guatemaltecos y 244,928 hondureños.

El Secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, declaró en una conferencia de prensa el viernes que el acuerdo evitará que los solicitantes de asilo que pasan por El Salvador soliciten asilo en los Estados Unidos.

McAleenan elogió el viernes la administración salvadoreña de Nayib Armando Bukele Ortez, y dijo que el número de migrantes salvadoreños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido en más del 62 por ciento desde que Bukele asumió el cargo en junio.

Esta disminución del número de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos ha sido el resultado directo de la brutalidad de la nueva agencia de la Patrulla Fronteriza de El Salvador, la cual adicionará 300 agentes de inmigración y 100 más para la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional.

La agencia—que ha sido comprada y pagada por los millones de dólares de ayuda de Washington—llevará a cabo las ordenes de Trump y evitará que miles de personas desesperadas huyan.

“Bukele ha declarado que tiene la intención de poner fin a la migración forzada en su mandato”, dijo McAleenan. “El Salvador ha dado un paso adelante y ha cumplido con esos esfuerzos”.

Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados, habló en contra del acuerdo y declaró que “si Estados Unidos declara refugios seguros a los países [centroamericanos], será el fin del antiguo símbolo de la civilización: la ley de asilo,” Egeland agregó enfatizando que Guatemala, Honduras y El Salvador no son seguros. “Esto alentará una nueva ola de refugiados en barco. Personas que toman una lancha para llegar a California o Texas. Imagínelo.”

“Todas estas reglas, acuerdos y obstáculos procedimentales están creando un muro de papel en la frontera sur, uno que es tan inhumano, inmoral e ilegal como uno hecho de metal o ladrillos”, dijo Eric Schwartz, presidente de la organización de apoyo Refugees International. “Cuando la historia mire hacia atrás en este período en los Estados Unidos, el juicio será duro e implacable”.

Washington busca convertir a todos los países del sur en agentes de la política de inmigración de Estados Unidos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado unidades de la Guardia Nacional para detener a los migrantes en su frontera sur con Guatemala.

La administración Trump persigue tanto la fuerza bruta a lo largo de la frontera sur, como medios extralegales para socavar el derecho de asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.

La semana pasada, las autoridades de inmigración confirmaron a CBS News que los agentes de la Aduana y Patrulla Fronteriza—a cambio de oficiales de asilo —están entrevistando ahora a los solicitantes de asilo quienes expresan temor de regresar a sus países de origen.

Inicialmente introducida por un memorando de la Casa Blanca en abril de 2019, los agentes de CBP han comenzado a reemplazar a los oficiales de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para realizar entrevistas de “miedo creíble”. Una vez que los reclamos se consideren “creíbles” se les permite a los migrantes presentar sus casos de asilo ante un juez de inmigración.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de agosto de 2019)