El lunes, la Guardia Civil española lanzó una operación policial “antiterrorista” ampliamente publicitada contra los activistas nacionalistas catalanes, con el nombre en clave de “Operación Judas”. Los arrestos llegan mientras se espera el veredicto del juicio farsa a los nacionalistas catalanes del Tribunal Supremo para octubre, y días antes del segundo aniversario del referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre de 2017. Se esperan protestas masivas.

El martes, el ministro del interior en funciones Fernando Grande-Marlaska ordenó el despliegue de 200 policías antidisturbios a la región en vísperas del segundo aniversario del referéndum. Ayer, el ministro anunció planes de enviar a más de 600 policías allí.

Durante la redada “antiterrorista” la Guardia Civil desplegó a 500 agentes fuertemente armados y un equipo de antiexplosivos (TEDAX) para arrestar a nueve supuestos miembros de los Comités por la Defensa de la República (CDR) cerca de Barcelona, en ciudades como Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, y Vicenç de Torelló. Los Guardias Civiles buscaron en 10 propiedades. Las nueve personas arrestadas están acusadas de terrorismo, posesión de explosivos y rebelión por el Tribunal Supremo —heredero del infame Tribunal de Orden Público bajo la dictadura fascista de Francisco Franco.

La Fiscalía General del Estado los acusa de “un avanzado estado de preparación de proyectos terroristas con fines separatistas”. Durante la operación, según una declaración de la Guardia Civil, se incautó “abundante material informático y documentación”, incluyendo “material y sustancias, considerados precursores para la preparación de explosivos”.

La declaración dice que la operación era necesaria, ya que los Guardias Civiles están “seguros” de que “se iban a cometer acciones, aprovechándose del período incluido entre el aniversario del referéndum ilegal por la autodeterminación del primero de octubre de 2017 y el anuncio de la sentencia del tribunal”. La operación era por lo tanto necesaria para “abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables debido al estado avanzado de los preparativos”.

El caso está sellado, pero fuentes del interior de la operación han filtrado información a la prensa antiindependentista, que la publicado noticias sensacionalistas de la operación.

Los CDR son una red de asambleas a nivel local y regional en Cataluña que se formaron en 2017, primero para defender el referéndum sobre la independencia de Cataluña y luego para exigir una República Catalana. Están integrados principalmente por nacionalistas catalanes de la clase media rural vinculados a partidos políticos de todo el espectro político —el derechista Junts per Catalunya, Equerra Republicana de Catalunya, y el pseudoizquierdista Candidaturas de Unidad Popular— o asociaciones independentistas como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

La mayor parte de sus acciones han consistido en manifestaciones no violentas, cortes de ruta, y alterar peajes en Cataluña, levantando las barreras para dejar pasar gratis a los coches. Los principales medios y partidos burgueses de España, sin embargo, han estado utilizando a los CDR como excusa para intensificar la represión de Estado policial contra los nacionalistas catalanes. También han usado a los CDR para justificar las acusaciones fraudulentas contra los dirigentes catalanes en el juicio farsa.

Toda la operación “antiterrorista” hiede a provocación policial con objeto de desmovilizar la oposición creciente a los ataques a los derechos democráticos y justificar la represión policial. Las declaraciones de los Guardias Civiles y la Fiscalía General del Estado no brindan pruebas de que se hayan incautado de explosivos.

En un vídeo, Guardias Civiles fuertemente armados irrumpen en un garaje que tenía un coche viejo, ollas y sartenes y una bolsa de basura. Con una cuchara, un agente revuelve despreocupadamente el contenido de una de las ollas —una curiosa decisión, dado que están afirmando que esas sustancias podrían ser explosivos.

Según versiones oficiales, la operación fue un arresto preventivo. Las búsquedas se realizaron para “localizar y, si procede, incautarse de pruebas que demuestren el grado de preparación de acciones violentas”. De manera significativa, de esta manera parece que la policía estaba buscando pruebas de que sus blancos podrían estar preparando acciones violentas, y no actuando para detener acciones violentas de las que tuvieran pruebas de que estaban siendo planificadas.

Dentro de un hogar en Sabadell, los Guardias Civiles encontraron ácido sulfúrico, parafina, polvo de aluminio, y nitrato de amonio. Estos últimos tres pueden encontrarse en material pirotécnico, sado regularmente en celebraciones en la región. Describiendo los supuestos “explosivos”, los Guardias Civiles dicen que “se encontró material abundante y sustancias que se considera que son precursores para la manufactura de explosivos, susceptibles (falta la confirmación de los especialistas) de ser utilizados en la fabricación de artefactos”.

El informe sobre la propia investigación señalaba que estas sustancias podrían ser utilizadas para hacer bombas caseras, “pero no Goma 2”. Goma 2 es un poderoso explosivo industrial que usaba regularmente el grupo terrorista vasco ETA en los '80 y los '90. Según algunas noticias, el sótano de la cada de Sabadell era utilizado como almacén de material pirotécnico en las celebraciones locales que terminaron el 9 de septiembre. Los Guardias Civiles también se incautaron de urnas supuestamente utilizadas en el referéndum del primero de octubre.

Aún más notable fue la reacción de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Asistiendo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo “me acabo de enterar por los medios”.

Es difícil creer que Sánchez no tenía conocimiento de una gran redada policial a una supuesta célula terrorista en Cataluña. No solo Cataluña ha estado siendo el centro de la represión policial en España, sino que no habido actividad terrorista por parte de nacionalistas catalanes desde hace décadas —desde la actividad de Terra Lliure (Tierra Libre) a principios de los '90.

Incluso una asociación de jueces vinculada al PSOE denunció la operación. Ignacio González Vega, portavoz del grupo Jueces por la Democracia, cuestionó la “brusquedad” del fiscal, que describió como inapropiada para una fase inicial de una investigación. Vega expresó “sorpresa” por la cantidad de información puesta a disposición del público en una investigación sellada, insistiendo en que lo más importante era la presunción de inocencia de los “sospechosos”.

La operación antiterrorista es la más reciente de una larga serie de operaciones que en última instancia no llegaron a nada en los tribunales. En 2018, el Tribunal Supremo cerró los procesos judiciales en la prosecución de anarquistas en la Operación Piñata y la Operación Pandora, por falta de pruebas. Esto vino después de 33 arrestos, tres años de investigación durante los cuales cientos de documentos fueron analizados, y allanamientos por toda España, horas de conversaciones telefónicas grabadas, cuentas bancarias congeladas, y después de someter a algunos de los acusados a meses de encarcelamiento.

El año pasado, la activista de los CDR Tamara Carrasco fue arrestada por la policía española. Adrià Carrasco, otro activista de los CDR escapó y se autoexilió en Bélgica antes de ser arrestado. Ambos fueron acusados de “rebelión” y “terrorismo”. Actualmente, el caso está en punto muerto, después de que el Tribunal Supremo español descartara los cargos iniciales de terrorismo y rebelión. Los tribunales catalanes se están peleando por su jurisdicción para manejar la investigación, pero Carrasco sigue confinada en la ciudad catalana de Viladecans —una medida que restringe su libertad de movimiento fuera de la ciudad hasta que un nuevo tribunal se encargue de su caso.

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[25 de septiembre de 2019]

(Publicado originalmente en inglés el 26 de septiembre de 2019)