Aproximadamente 100.000 empleados universitarios realizaron un paro nacional el miércoles en México para protestar la quiebra impuesta por el Gobierno federal a nueve universidades públicas y para exigir mayores fondos para la educación pública.

Al menos 30 universidades se unieron a la huelga, la cual fue convocada por la Confederación de Trabajadores Universitarios (CONTU). Los administradores de las universidades en quiebra les han informado a los trabajadores que pronto verán el impago de salarios y prestaciones indefinidamente ya que no han recibido el dinero para nóminas desde agosto. Algunas universidades podrían verse obligadas a cerrar antes de que finalice el año.

En su rueda de prensa matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la huelga como “chantajes” para apropiarse del “dinero sagrado del pueblo”. Declaró, “Todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral”, citando los recortes presupuestarios para la Presidencia y altos funcionarios.

Mientras que prometió un aumento presupuestario para las universidades en 2020, López Obrador buscó utilizar a los educadores en huelga como chivos expiatorios por cualquier política regresiva en el futuro. “Tenemos que actuar con disciplina”, añadió, “porque si se da dinero a diestra y siniestra, entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos; crear impuestos nuevos; decretar gasolinazos, como antes; pedir prestar y aumentar la deuda, como era antes”.

Esta táctica inmunda de López Obrador es de la misma índole que la llamada “reforma educativa” implementada por su predecesor, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y efectivamente continuada bajo el partido Morena de López Obrador. La legislación estableció un sistema de evaluaciones para culpar a los docentes de “bajo rendimiento”, utilizándolos como chivos expiatorios por la crisis social en el país y justificando mayores recortes y privatizaciones.

El enojo social contra las políticas educativas de López Obrador ha escalado desde principios del año. En enero y febrero, los docentes en los estados sureños de Michoacán y Oaxaca hicieron paros y bloquearon líneas férreas clave para protestar el impago de prestaciones. En febrero, miles de trabajadores de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM) hicieron huelga exigiendo aumentos salariales y en financiamiento y fueron acompañados poco después por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y las Universidades de Oaxaca, Coahuila y Chapingo.

Todas estas huelgas fueron traicionadas por los sindicatos pese a coincidir con paros masivos en Matamoros y huelgas de decenas de miles de docentes en Estados Unidos y América Latina. La CONTU está haciendo lo mismo, como lo demuestra su paro “Hollywood” de un día para liberar tensiones. Al mismo tiempo, el dirigente de la CONTU, Enrique Levet, es un enemigo probado de los maestros y toda la clase obrera. Como legislador del PRI en Veracruz, Levet hizo campaña vehementemente a favor de la reforma educativa de Peña Nieto en 2012-13.

La bancarrota de las universidades y la respuesta de López Obrador exponen el carácter antiobrero del Gobierno de Morena, así como la farsa de su “austeridad” para altos funcionarios. Dos semanas después de su elección el 1 de julio de 2018, López Obrador presentó su plan de “austeridad republicana” a la mayoría entrante de congresistas de Morena. El programa fue vendido como una serie de medidas para eliminar privilegios y puestos de altos cargos burocráticos e involucraba 222,600 despidos. La gran mayoría de los empleados despedidos, sin embargo, han sido trabajadores operativo y técnicos.

Por ejemplo, dos terceras partes de los 16.000 empleados despedidos a principios de este año de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron trabajadores de base. Estos despidos masivos provocaron en febrero una huelga espontánea de un día en la Semarnat que se expandió a nivel nacional.

López Obrador no solo está continuando sino intensificando la vasta transferencia de riqueza a la aristocracia financiera mexicana y a Wall Street bajo el Pacto por México —que incluye la reforma educativa, la privatización del petróleo y recortes sociales masivos— implementada bajo Peña Nieto. Cuando cayeron los precios petroleros, Peña Nieto utilizó prácticamente el mismo lenguaje de López Obrador, declarando en septiembre de 2015, “El Gobierno de la República se compromete con la austeridad presupuestal. Frente al actual entorno económico, al Gobierno de la República le toca apretarse el cinturón”.

Ahora, Morena, cuya popularidad creció durante las protestas contra el Pacto por México, ha defendido las políticas de los Gobiernos previos y se ha comprometido a pagar la enorme deuda incurrida. Bajo Morena, México ha aumentado sus pagos de la deuda a Wall Street y a los financistas mexicanos 21,7 por ciento en 2019, dedicando un 13 por ciento del presupuesto federal pagar la deuda.

Más allá, la primera política importante del Gobierno de Morena fue la creación de lo que López Obrador presumió como “la zona libre más grande del mundo” en la frontera norte, recortando los impuestos al valor agregado de 16 a 8 por ciento y los impuestos sobre la renta de 30 a 20 por ciento, privando al Gobierno federal de 41 mil millones de pesos o US$2,1 mil millones al año. La mayor parte de este dinero irá a impulsar los dividendos y precios de las acciones de los inversores de las transnacionales en la región.

Este monto más que cubriría el déficit de 16,7 mil millones de pesos o US$850 millones de las universidades públicas amenazadas.

Para cuando se acabe el término de seis años de López Obrador, la reducción de impuestos en la frontera equivaldrá el total de exenciones de impuestos bajo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entre 2007 y 2015. De hecho, el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) expone aún más el carácter de clase de Morena. En 2013, Peña Nieto le dio una amnistía tributaria a la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, de 16 millones de pesos o US$817.000. Le tomaría a un trabajador de tiempo completo 290 años para ganar eso con el nuevo salario mínimo en la frontera.

El decreto de la nueva zona libre fronteriza también duplicó el salario mínimo dentro de sus límites a unos miserables 176 pesos o US$8,78 por día, lo que no benefició a la vasta mayoría de trabajadores que ya gana un poco más. Mientras tanto, el Gobierno les permitió a las empresas “compensar” esto con la eliminación de bonos. Este engaño, llevado a cabo en coordinación con los sindicatos patronales o “charros”, desató los paros espontáneos de 70.000 trabajadores de maquiladoras en la ciudad fronteriza de Matamoros entre enero y abril.

Ante el resurgimiento de la lucha de clases en México e internacionalmente contra la austeridad y la creciente desigualdad social, la clase gobernante mexicana y el imperialismo estadounidense le han encargado a Morena suprimir la oposición.

Este papel político ha tomado dos formas. En primer lugar, Morena creó una Guardia Nacional para perpetuar el despliegue interno de los militares y ha escalado los ataques contra los derechos democráticos en preparación para una represión masiva.

López Obrador ya movilizó a 21.000 tropas de la Guardia Nacional para atacar a inmigrantes bajo órdenes directas del Gobierno de Trump. Estas son las mismas fuerzas armadas que participaron en el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 por protestar la “reforma educativa” y en su encubrimiento posterior; o en el asesinato y su encubrimiento en 2010 de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey como lo documenta el reciente documental en Netflix, “Hasta los dientes”.

El 1 de agosto, Morena aprobó una ley que impone sentencias de seis a trece años de cárcel por participar en marchas y otras protestas en el estado de origen de López Obrador, Tabasco, principalmente en respuesta a las marchas masivas y bloqueos de calle de los maestros desde diciembre, protestando el impago de salarios.

En segundo lugar, ante la rebelión en marcha contra los sindicatos patronales asociados con el PRI, Morena aprobó una reforma laboral en abril para promover una facción supuestamente “democrática e independiente” de la burocracia sindical alineada con Morena y con la burocracia AFL-CIO de Estados Unidos.

Los sindicatos universitarios, sean aquellos alineados con el PRI o Morena, se han dedicado a derrotar cualquier señal de resistencia aislando a los trabajadores del resto de la clase obrera en México e internacionalmente que se enfrentan al mismo enemigo: el capitalismo.

Esto ha demostrado que el verdadero objetivo de la reforma laboral es encadenar a los trabajadores a organizaciones corporativistas que subordinen los derechos sociales de los trabajadores al “derecho” de los capitalistas a explotar México como una fuente de mano de obra barata, bajos impuestos y otros incentivos.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2019)