Los apagones forzados que están afectando a más de dos millones de personas y a innumerables negocios en los 34 condados del norte de California ponen de relieve la irracionalidad del sistema capitalista.

Las condiciones de vida de la clase obrera en California, el hogar del Silicon Valley y algunos de los individuos más pudientes del planeta han sido lanzadas, en un chasquido, de vuelta al siglo diecinueve. El apagón por causa humana expone la inmensa brecha que separa a los milmillonarios y millonarios poco incomodados por los apagones y el 90 por ciento al fondo que sufrirán las consecuencias.

El monopolio de electricidad de la parte norte del estado, Pacific Gas and Electric (PG&E), está implicado en más de 2.000 incendios forestales en California tan solo durante la última década. Esto incluye el incendio Camp del año pasado, que destruyó la ciudad de Paradise y cuyas 85 bajas lo hicieron el más mortífero en la historia del estado. La empresa cortó la electricidad en la mayor parte de la región de 181,300 kilómetros cuadrados que controla para evitar la responsabilidad legal de otra catástrofe social.

La empresa afirma que los apagones, que causarán una miseria indescriptible para las áreas afectadas, son necesarios para preservar la vida humana previniendo más incendios forestales. La nefasta decisión se deriva del derecho de la empresa para desviar el dinero que debería ir a mejorar la infraestructura a los bolsillos de sus adinerados inversores.

Mientras que la prensa corporativa se ha mantenido en gran parte en silencio sobre este hecho, PG&E está siguiendo el guion de la Comisión de Utilidades Públicas de California (CPUC) del estado, la cual ha permitido oficialmente por los últimos siete años la práctica de “desenergización”, un eufemismo para los apagones deliberados.

Estas medidas se producen según PG&E continúa sus juicios de bancarrota federal. Son una maniobra calculada para demostrarles a los tribunales y los políticos estatales que la empresa pondrá a millones de personas en riesgo para acatar la política estatal y garantizar su solvencia fiscal y rentabilidad.

Después de evaluar su decisión por varios días ante la advertencia roja del Servicio Meteorológico Nacional de altos vientos, PG&E anunció públicamente el martes en la tarde que los apagones comenzarían a la medianoche ese mismo día. Podrían prolongarse hasta una semana, obligando a los cientos de miles de residentes notificados a apurarse a comprar las baterías, generadores, comida enlatada y los otros bienes esenciales que quedaran en las tiendas.

A las 12:00 a.m. del miércoles, miles de personas de mayor edad o incapacitados en todo el norte de California se despertaron jadeando por falta de aire, ya que sus aparatos médicos se quedaron sin electricidad. Las intersecciones comenzaron a congestionarse al llegar la hora pico en la mañana debido a los semáforos apagados, resultando además en innumerables colisiones innecesarias. La mayoría de los hospitales grandes emplearon sus generadores, pero los proveedores de servicios médicos más pequeños se han visto obligados a cerrar durante el apagón.

La mayoría de las universidades en la región, incluyendo la Universidad de California, Berkeley, se quedaron sin luz, poniendo en peligro las muestras congeladas y apagando los incubadores, potencialmente destruyendo millones de dólares y décadas en investigaciones científicas. Al menos 18 distritos escolares dentro de las áreas afectadas se verán obligados a cerrar algunas o todas las escuelas.

El brutal afán de PG&E de aumentar el valor de las acciones para sus inversores ha obligado a miles de negocios a cerrar sus puertas. La producción se ha visto en gran medida obligada a detenerse en la mitad de un estado que por sí solo sería la quinta economía más grande del mundo. Los economistas han estimado que los apagones causarán más de $1 mil millones en costos económicos acumulados por día.

Dada la inmensa escala de esta crisis social fabricada, es necesario examinar sus raíces históricas y políticas. Es el más reciente de una serie larga de crímenes por los cuales el monopolio energético y sus patrocinadores financieros y políticos son los culpables.

Junto con la globalización y el auge exponencial del capital financiero en los años ochenta, los Gobiernos de todo el mundo impusieron medidas vastas de desregulación para maximizar las ganancias de la aristocracia financiera e imponerle medidas de austeridad a la clase obrera internacional.

En los años noventa, esta desregulación llevó a las manipulaciones del mercado energético por parte de Enron y otras empresas, generando apagones enormes que impactaron a cientos de miles de clientes. En 2001, PG&E y Southern California Edison (SCE) [el monopolio en el sur de California] entraron en bancarrota tras acumular un total de $20 mil millones en deuda. El estado intervino, ayudándoles a ambas empresas a reducir su deuda aumentándoles las tarifas a los clientes de California al punto en que hoy día son casi el doble del promedio para EUA.

Más recientemente, PG&E se ganó el odio de la población por causar miles de incendios forestales en California, cuya frecuencia e intensidad ha aumentado debido al cambio climático y sequías devastadoras. A pesar de los avances en el conocimiento científico y en la capacidad para crear sistemas energéticos seguros y sustentables, los monopolios energéticos y sus inversores financieros no han hecho nada para invertir en la modernización de la anticuada infraestructura.

Es conocimiento general que los postes de madera y los tendidos eléctricos necesitan ser cambiados por postes de hierro o líneas subterráneas para garantizar la seguridad pública y prevenir incendios forestales. En vez de utilizar estas tecnologías, los monopolios energéticos están imponiendo apagones masivos.

Mientras que la prensa y PG&E subrayan el costo supuestamente alto de modernizar la red eléctrica, la riqueza neta combinada de los milmillonarios de California, la cual excede los $500 mil millones, es suficiente para colocar más de 650.000 kilómetros de líneas eléctricas seguramente bajo la tierra. PG&E administra actualmente tan solo 160.000 kilómetros de líneas eléctricas.

Pero, en vez de invertir en las mejoras de infraestructura e implementar estas medidas preventivas, PG&E se declaró en bancarrota y ha dejado en claro que pretende intensificar sus recortes de gastos a costa de aquellos que dependen de ellos para tener electricidad.

Durante su historia, incluyendo los años recientes, PG&E ha contado con el respaldo pleno del aparato estatal, el cual ha creado repetidamente leyes y regulaciones que favorecen los monopolios de utilidades. De pies a cabeza, California es controlado por el Partido Demócrata, cuyos candidatos reciben millones en contribuciones de PG&E y los otros gigantes energéticos y que sirven fielmente sus intereses.

En 2018, el exgobernador demócrata, Jerry Brown, promulgó la ley SB 901 que permitió que las empresas de utilidades hicieran pagar a los consumidores por los costos relacionados con incendios a partir de 2019. La legislación permitió que la empresa tome prestados miles de millones de dólares para cubrir los costos de los incendios en 2017 y que pagara los préstamos a través de nuevos cargos a los clientes. En ese momento, Brown declaró, “Las utilidades deben permanecer en el negocio. Tienen que generar suficientes ganancias para ser una corporación rentable”.

Los apagones forzados destacan el conflicto agudo entre los intereses de la clase obrera y la aristocracia financiera. Mientras permanezca en manos de intereses privados, PG&E continuará poniendo las vidas de miles en peligro.

Incluso en el estado más rico del país más rico del mundo, el capitalismo está probando ser incapaz de garantizarle a todos la satisfacción de la necesidad moderna más básica, la electricidad. Los apagones dejan en claro que PG&E debe ser transformado en una utilidad públicamente administrada bajo el control democrático de la clase obrera.

Cubrir las necesidades más básicas de los trabajadores en California, Estados Unidos y todo el mundo exige el desarrollo de un movimiento en la clase obrera que tome el poder y reorganice la vida económica sobre la base de las necesidades sociales y no el lucro privado. La irracionalidad del capitalismo debe ser reemplazada por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de octubre de 2019)