El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente en funciones Pedro Sánchez, respaldado por todo el establishment político, desde los derechistas Partido Popular (PP) y Ciudadanos hasta Podemos, está intensificando las medidas de Estado policial contra las protestas de masas en Cataluña y en España.

El viernes pasado, más de medio millón de personas protestaban en el centro de Barcelona por la liberación de nueve presos políticos nacionalistas catalanes sentenciados a un total conjunto de 100 años de cárcel. La región fue paralizada por una huelga general. La protesta movilizó a capas significativas de la población que se oponen al independentismo, pero que apesar de ello se oponen también a la encarcelación de los nacionalistas catalanes por celebrar el referéndum pacífico por la independencia en 2017. Amplios sectores de la juventud y de los trabajadores se oponen al Estado policial que se está conformando en España y en Europa.

Al día siguiente, 4.000 manifestantes antifascistas marcharon en Madrid, demandando la liberación de los presos políticos y coreando, “Madrid será la tumba del fascismo”, “Solidaridad con los pueblos de Cataluña”. La policía dispersó violentamente la protesta, dejando más de 26 personas heridas. Hubo protestas similares en Valencia, Oviedo, Palma de Mallorca, San Sebastián y Bilbao.

La clase gobernante está aterrorizada porque surjan protestas en toda España y más allá, que vinculen la defensa de los derechos democráticos con el recrudecimiento creciente de la clase trabajadora en defensa de la educación pública, la sanidad, las jubilaciones y el empleo. Uno de cada dos españoles gana menos de €900 y uno de cada cinco niños no tienen satisfechas sus necesidades más básicas, mientras la cantidad de millonarios se multiplicó por cinco en los últimos nueve años, según Credit Suisse.

De manera significativa, la Unión Europea (UE) está apoyando la represión de Madrid, negándose públicamente a adoptar una posición respecto a la crisis catalana. Se votó rechazar por 229 votos a 118 una petición para examinarla en el Parlamento Europeo.

El domingo, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), exigió al delegado del gobierno responsable del orden público que prohibiera las manifestaciones procatalanas en Madrid “hasta que la violencia cese completamente en las calles de Cataluña”. Ayuso terminó su declaración apoyando la represión por parte de la policía y la paramilitar Guardia Civil en Cataluña.

Los titulares de los medios glorifican histéricamente a los policías como víctimas de violencia salvaje. Están llenos de titulares favorables a la policía: “Los disturbios en Barcelona, desde un furgón policial” (El País); “¿Violencia policial? Es al revés, nos están masacrando y nos estamos conteniendo” (El Confidencial ); “Flores, pizza, jamón y bebidas energéticas para la policía en Barcelona: ‘No estáis solos’” (El Mundo); “La policía se quedó sin balas de goma: ‘Fue lo único que funcionó anoche’” (El Confidencial); “Los audios por WhatsApp de la policía en los disturbios de Barcelona: ‘es un puto infierno, nos atacan con motosierras’” (20 Minutos); “El gesto que entusiasma a la Policía en Cataluña: flores tras seis días de violencia y 300 agentes heridos” (El Español); y “La carta de un menor a los agentes de la policía desplegados en Cataluña: ‘Espero que se termine esta pesadilla’” (Antena 3).

Los canales de televisión españoles están promocionando intensamente a Santiago Abascal, el jefe del partido profascista Vox. En las últimas semanas, salió en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, uno de los programas matinales más vistos de España. También lo invitaron al popular programa de Pablo Motos que sale por las noches, El Hormiguero, un programa de televisión con comedia, ciencia y entrevistas a invitados. La entrevista a Abascal obtuvo un 23,5 por ciento de cuota de pantalla y 4 millones de televidentes.

Asqueadas, millones de personas en España y en todo el mundo están empezando a consultar las páginas de redes sociales como Facebook y Twitter para entender lo que está pasando. Según informes oficiales, ha habido más de 600 personas heridas, cuatro personas han perdido un ojo por balas de goma, más de 194 han sido arrestadas y 28 encarceladas sin fianza.

Todo el establishment político está cerrando filas tras la campaña policial. Los partidos de la derecha, el PP, Ciudadanos y el ultraderechista Vox, han exigido que el PSOE envíe más policías, que tome el control de la policía regional catalana mediante la Ley de Seguridad Nacional y destituya al gobierno catalán aplicando el Artículo 155 de la constitución. Vox está exigiendo que se declare el estado de emergencia y que se envíe al ejército.

El domingo, el ministro del interior en funciones de España, Fernando Grande-Marlaska, dijo que 288 agentes de policía resultaron heridos en la violencia callejera del fin de semana. Exigió que el presidente regional catalán Quim Torra condenara la violencia y que diera su apoyo público a las fuerzas policiales.

El lunes, el presidente del gobierno en funciones Sánchez hizo un viaje relámpago a Barcelona para visitar las sedes de la policía y el hospital donde los agentes de policía heridos se estaban recuperando. Allí Sánchez fue abucheado y el personal del hospital le gritó, coreando “libertad para los presos políticos”, “debería darte vergüenza” y “vete, vete”. Sánchez se negó a visitar a ninguno de los manifestantes heridos en los disturbios.

Sánchez también se negó a reunirse con Torra. Desde el sábado, Torra ha estado intentando hablar por teléfono con Sánchez, y este último ha decidido no atender las llamadas. Tanto la prensa como el gobierno español acusan a Torra de no condenar la violencia, y de ser por lo tanto cómplice de los enfrentamientos.

Estas son señales tempranas de que el gobierno español no reconoce a Torra como un cargo legítimo del gobierno catalán, un indicio de que Madrid está preparando más medidas represivas, como el Artículo 155.

El partido pseudoizquierdista Podemos también está participando de la histeria en defensa de la policía. El viernes, el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, acusó a los manifestantes jóvenes de violentos. Ayer, Alberto Garzón, líder de la estalinista Izquierda Unida, uno de los principales partidos en la alianza parlamentaria de Podemos, tuiteó a un agente de policía hospitalizado: “Qué barbaridad. Ojalá este agente de policía mejore y se recupere totalmente. Es intolerable que esta violencia descontrolada y sin horizonte ponga en peligro la vida de las personas. Hay que acabar ya con esta situación y solo la Política puede hacerlo”.

Madrid también ha intensificado la represión a los nacionalistas catalanes, cuyo objetivo en última instancia es la clase trabajadora. La Policía Nacional española hizo una redada en la sede de la Asociación Catalana de los Ayuntamientos por la Independencia —una organización de ayuntamientos y otras entidades creadas para lograr la independencia catalana— por lavado de dinero. El mismo día, la casa de Gonzalo Boye, el abogado del autoexiliado expresidente regional Carles Puigdemont, fue registrada bajo cargos de tráfico de drogas.

La Audiencia Nacional también está investigando las acusaciones de terrorismo de Tsunami Democratic, la plataforma de redes sociales utilizada por los manifestantes para coordinar sus acciones.

A pesar de su histeria, la campaña de elogio de la policía ha tenido poco efecto en Cataluña. El domingo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apenas pudo congregar a 1.500 simpatizantes en el centro de Barcelona para una manifestación nacionalista española de derechas. Allí, Rivera dijo que quiere ser presidente del gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre para “encarcelar a los que quieren romper el país”.

Tres semanas antes de las elecciones del 10 de noviembre, amplios sectores de la población están expresando su desilusión con el establishment político. Según los últimos sondeos del diario derechista La Razón, un porcentaje récord, el 35 por ciento, se abstendría. Un sondeo de El Mundo de la semana pasada muestra que el PSOE obtendría 121 escaños de los 350 que tiene el parlamento y el 27 por ciento de los votos, dos escaños menos que en las elecciones del 28 de abril. Podemos obtendría 32 escaños con el 12,5 por ciento de los votos, perdiendo 10 escaños.

Los más beneficiados electoralmente serían los partidos de la derecha. El Partido Popular recibiría 97 escaños, 31 más que en las elecciones anteriores, y el 21 por ciento de los votos. El ultraderechista Vox conseguiría 36 parlamentarios, 12 más que en abril, con el 11,5 por ciento de los votos. Esto haría de Vox el tercer mayor partido en el parlamento.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2019)