Una carta oficial dirigida al gobierno sueco por el Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, ofrece una exposición exhaustiva de la campaña de nueve años por parte del poder judicial suecoy el estado para difamar al editor de WikiLeaks, Julian Assange, como un delincuente sexual y privarlo de los derechos legales y democráticos fundamentales

La carta, enviada el 12 de septiembre, fue publicada la semana pasada. Melzer había escrito por primera vez al gobierno sueco, junto con los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador, a fines de mayo. Esa correspondencia siguió a la reunión de Melzer con Assange en la prisión de Belmarsh en Gran Bretaña, y su conclusión de que el fundador de WikiLeaks estaba siendo sometido a "tortura psicológica" como resultado de la persecución estatal y el "acoso público".

Las autoridades suecas respondieron a Melzer el 12 de julio y sumariamente rechazaron su conclusión de que la investigación preliminar de un año referente a las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Assange había estado marcada por la arbitrariedad judicial, junto con violaciones flagrantes de sus derechos al anonimato y al debido proceso. El gobierno sueco buscó protegerse detrás de las invocaciones de la independencia del poder judicial, a pesar de la evidente interferencia política en el caso incluida en la documentación de Melzer

La respuesta de Melzer del 12 de septiembre es una exposición documental meticulosa de esas evasiones y de toda la trama que se ha perpetrado contra Assange. Debe ser examinado en su totalidad por todos los defensores de los derechos democráticos, y por cualquiera que desee saber la verdad sobre la "investigación" sueca.

En su conclusión, Melzer señaló el papel crucial desempeñado por la búsqueda sueca de Assange en toda la venganza liderada por Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks desde 2010.

Él escribió: "La evidencia médica, fáctica y circunstancial a mi disposición muestra que la forma en que Suecia llevó a cabo su investigación preliminar contra el Sr. Assange, incluida la difusión y perpetuación sin restricciones y sin reservas de la narrativa del 'sospechoso de violación', fue el factor principal que desencadenó, permitió y alentó la posterior campaña de acecho público y persecución judicial sostenida y concertada contra el Sr. Assange en varios países, cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica".

A pesar de nunca haber sido acusado de un delito, la investigación de Suecia proporcionó el pretexto pseudojudicial para involucrar a Assange en el sistema legal. El apoyo de Gran Bretaña a la solicitud sin precedentes de Suecia, de que Assange sea extraditado simplemente para "responder preguntas", lo obligó a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en Londres el 2 de junio.

La investigación sueca proporcionó la falsa justificación del asedio de Gran Bretaña a la embajada y sus amenazas de que arrestaría a Assange ponían los pies fuera del edificio.

En términos más generales, las acusaciones suecas sirvieron para difamar a Assange y para ocultar las verdaderas razones por las que estaba siendo perseguido.

Se utilizaron para alistar a una capa completa de feministas de clase media alta, pseudo izquierdistas y autodenominados defensores de las libertades civiles en una campaña para demonizar y abandonar cualquier defensa de Assange. Esto fue en condiciones en las que el aparato del estado estadounidense estaba trabajando para silenciar a WikiLeaks debido a la publicación de documentos filtrados que exponen crímenes de guerra estadounidenses, operaciones de vigilancia masiva e intrigas diplomáticas mundiales, que afectan la vida de cientos de millones de personas.

Esta campaña de "acoso público" fue esencial para crear el clima político en el que el gobierno ecuatoriano podría violar el asilo de Assange y entregarlo a la policía británica. Fomentó el entorno político en el que la administración estadounidense del presidente Donald Trump podría presentar 18 cargos contra Assange, explícitamente por sus actividades de publicación legal.

En la sección tres del documento, Melzer presentó punto por punto su evaluación de que toda la investigación sueca estuvo marcada por la arbitrariedad y una violación de las normas legales fundamentales. Esos puntos se enumeran a continuación, junto con ejemplos de algunas de las pruebas citadas por Melzer:

● Desprecio por la confidencialidad y la precaución: a las pocas horas de que las dos denunciantes se acercaran a la policía únicamente para solicitar que Assange fuera obligado a tomar una prueba de ITS, los fiscales suecos ordenaron su arresto bajo sospecha de violación y filtraron las noticias a Expressen, el principal periódico del país. La propia declaración de Assange, el 30 de agosto de 2010, también se proporcionó a los medios, en violación de la ley sueca. Aparentemente se abandonó una investigación sobre las infracciones.

● Desprecio por la evidencia exculpatoria: las autoridades suecas ignoraron la evaluación del primer fiscal que revisó el caso, quien declaró "No creo que haya razón para sospechar que ha cometido una violación" y que la "conducta alegada" por SW, uno de los demandantes, "no reveló ningún delito en absoluto". Los mensajes de texto de SW a una amiga, indicando que ella nunca tuvo la intención de presentar una queja por un delito penal y que "fue la policía quien hizo los cargos", fueron igualmente ignorados.

● Manipulación proactiva de la evidencia: el día después de que el fiscal inicial abandonara la investigación contra Assange, "el oficial de policía IK, que había cuestionado formalmente a SW el 20 de agosto de 2010, modificó y reemplazó el contenido de la declaración original de SW en la base de datos de la policía, siguiendo instrucciones de su oficial superior MG y sin consultar a SW".’

● Desprecio por conflictos de interés: esto incluyó el hecho de que el oficial de policía investigador, IK, que entrevistó a SW y modificó su declaración, era amiga de AA, el otro denunciante, y había expresado hostilidad hacia Assange en Facebook. Claes Borgström, el abogado que trató de revivir la investigación después de que se suspendiera, había administrado una oficina de abogados con el ex ministro de justicia, quien había colaborado con operaciones ilegales de entrega en Estados Unidos dentro de Suecia.

● Desprecio por los requisitos de necesidad y proporcionalidad: esto incluyó la decisión sin precedentes de los fiscales de emitir una orden de detención europea y “alerta roja” de Interpol para Assange, simplemente por el hecho de que deseaban interrogarlo. Además, los fiscales se negaron, en el transcurso de casi “alerta roja” cinco años, a interrogar a Assange a través de un enlace de video o en Londres, como se hace regularmente en otros casos.

● Desprecio por el derecho a la información y la defensa adecuada: incluso después de que ordenaron su detención en ausencia, los fiscales se negaron a proporcionar a los abogados de Assange detalles precisos de las acusaciones en su contra.

● Desprecio por el derecho de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: después de que el Tribunal Supremo británico rechazó la impugnación de Assange a la extradición a Suecia, los fiscales suecos supuestamente solicitaron que su oportunidad de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se redujera a "cero horas”.

● Desprecio por el acuerdo de Asistencia Legal Mutua: Melzer nuevamente señaló la negativa de los fiscales suecos a entrevistar a Assange, y señaló que esto "plantea serias dudas sobre la motivación de buena fe de la fiscalía sueca".

● Complacencia o complicidad con la interferencia de terceros : Melzer citó correspondencia secreta entre el Servicio de Fiscalía de la Corona Británica (CPS) y los fiscales suecos. Lo más condenatorio, esto reveló que cuando, en 2013, los fiscales suecos estaban considerando abandonar la investigación sobre Assange, los funcionarios británicos exigieron que continuara. Los correos electrónicos entre los fiscales suecos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. sobre el caso supuestamente se habían perdido, y nadie podía recordar su contenido.

● Negativa a garantizar la no devolución: Melzer señaló que la negativa de la autoridad a garantizar que no enviarían a Assange a los EE. UU. si fuera extraditado a Suecia viola la práctica internacional generalizada", la "prohibición perentoria de la devolución al riesgo de tortura y malos tratos" y el "temor creíble de Assange a la extradición extrajudicial hacia adelante por parte de Suecia a los Estados Unidos, particularmente dada la historia de Suecia de entregar arbitrariamente a las personas bajo custodia de la CIA y la posterior tortura".

● Diligencia procesal generalizada: Melzer señaló que “entre 2010 y 2019, la investigación preliminar llevada a cabo contra el Sr. Assange en Suecia fue abierta por un fiscal, cerrada por otro, reabierta y luego cerrada por un tercero, solo para volver a abrirla por un cuarto, sin que se haya logrado ningún progreso decisivo en el procedimiento durante casi una década”. Los fiscales aún no han acusado a Assange. El plazo de prescripción de una de las quejas de las mujeres ya expiró y la otra expirará el próximo año.

En las últimas secciones de su carta, Melzer señaló el rechazo abierto de Suecia a las resoluciones internacionales, incluso por parte de los organismos de las Naciones Unidas, que Assange había sufrido años de detención arbitraria y que sus derechos legales habían sido violados.

En una conclusión condenatoria, Melzer escribió: "Hay pruebas convincentes de que los funcionarios suecos han contribuido activa y conscientemente a la tortura psicológica u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes infligidos al Sr. Assange, ya sea a través de la perpetración directa, o por complicidad o participación, cualquiera de los cuales es suficiente para desencadenar la obligación internacional de Suecia de investigar, procesar y proporcionar reparación y rehabilitación ...” Exigió que los responsables de la persecución de Assange sean investigados y llevados ante la justicia.

El documento, de un experto en tortura reconocido internacionalmente y un funcionario de la ONU, constituye una acusación irrefutable del carácter ilegal de la persecución de Assange dirigida por Estados Unidos.

Subraya el hecho de que, en su persecución al fundador de WikiLeaks, los estados involucrados, incluida Suecia, no solo han pisoteado los derechos legales y democráticos de Assange, sino también de todos los ciudadanos, sentando un precedente para más asecho y persecución estatal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de noviembre de 2019)