La represión intensificada contra los políticos y activistas nacionalistas catalanes en las semanas recientes está exponiendo rápidamente el “preacuerdo” entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos para formar un gobierno de coalición, promocionado ampliamente como un intento por construir un gobierno de la “izquierda progresista”.

En su acuerdo, firmado por el secretario general de Podemos Pablo Iglesias y el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez del PSOE, los dos partidos se comprometieron a “hacer una prioridad de garantizar la paz social en Cataluña y la normalización de la vida política”. El acuerdo también compromete a Podemos con la austeridad social, estimada en aproximadamente €10 mil millones según las exigencias de la Unión Europea, para obtener “justicia fiscal y presupuestos equilibrados”.

Como advirtió el WSWS, promesas del PSOE y Podemos de imponer la “paz social” en Cataluña significa intensificar la represión en Cataluña como parte de la campaña más amplia de la clase gobernante por construir un régimen autoritario.

La semana pasada, el presidente regional catalán Quim Torra, se enfrentaba a acusaciones de “desobediencia” por no acatar una orden de la Junta Electoral Central de quitar un cartel del balcón de la sede del gobierno catalán en apoyo a los dirigentes catalanes encarcelados. Torra reconoció haber desobedecido la orden, argumentando que la junta electoral “no tiene derecho a emitir tal orden”, añadiendo que “era imposible acatar una orden ilegal”.

El juicio ha sido acelerado, en un intento por prohibirle a Torra ocupar el cargo. En palabras de Torra, “Desafié las cartas de la Junta [Electoral Central]. Esos recursos están ahora en el Tribunal Supremo. Me sorprende que estemos haciendo este juicio sin que haya terminado el otro proceso. Pero a veces la justicia funciona muy rápido y otras en absoluto”.

Torra solo respondió a las preguntas mediante su abogado, para decir que no respondería al servicio de la fiscalía pública ni al partido fascista Vox, que llevó sus propias acusaciones por separado. Torra dijo que no respondería a un “partido franquista”. El juez interrumpió para defender a Vox, denunciando “muestras de palabras ofensivas o descalificadoras a los partidos” en la sala de juicio, y añadió “no voy a permitir tales descalificaciones”. Consta el apoyo de Vox al golpe fascista de Francisco Franco de 1936, sus acciones durante la Guerra Civil de 1936-1939, y el régimen franquista de 1939-1978.

Madrid está intentando destituir al presidente regional de su cargo. Esto haría de Torra el tercer presidente regional al que se le prohibiera ocupar cargo público, tras sus dos predecesores, Artur Mas y Carles Puigdemont. Torra sería, sin embargo, el primero al que se le prohibiera ocupar cargo público mientras lo ejerce.

Muy probablemente el caso vaya a terminar en el Tribunal Supremo, el mismo tribunal que sentenció a nueve activistas y políticos catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por cargos fraudulentos de “sedición”. El alto tribunal tendrá por lo tanto en la práctica la capacidad de decidir acerca del calendario electoral en Cataluña, ya que la destitución de Torra acarrearía elecciones inmediatas. Esta sería la segunda vez que se celebraran elecciones en Cataluña sin que sean convocadas por el presidente regional, como estipula la ley.

Los cargos contra Torra representan otra embestida por parte de la clase gobernante para repudiar las concesiones democráticas hechas tras la muerte del general Francisco Franco en 1975. Durante la transición al régimen parlamentario, el establishment de Madrid aceptó hacer concesiones sustanciales a las burguesías regionales para asegurar su lealtad a la maquinaria estatal. A los nacionalistas catalanes se les permitió tener cierto nivel de autogobierno, y se permitió el uso generalizado y público del idioma catalán. A cambio, la burguesía catalana aceptó que no perseguiría la separación y apoyaría el impulso de Madrid para entrar en la Unión Europea, adoptaría el euro, se integraría en la OTAN e impondría los programas de reestructuración masiva que devastaron a la clase trabajadora.

Una década después del colapso de Wall Street de 2008, este régimen de la postransición se está desintegrando, al volver la élite gobernante hacia las políticas autoritarias del régimen franquista del que emergió la Transición. El PSOE y Podemos están desempeñando un papel fundamental en legitimar y apoyar activamente este proceso y abrirle las puertas al partido fascista Vox, actualmente la tercera fuerza en el parlamento.

La semana pasada, el dirigente de la sección catalana del PSOE, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) dirigido por Miquel Iceta, anunció que presentarían una propuesta para una nueva política lingüística para la educación en Cataluña, que incluye la inmersión lingüística en Catalán. Designada en los '80, después de cuatro décadas de prohibición del idioma catalán por parte del franquismo, y adoptada como política oficial desde 1992, el sistema se basa en la primacía del catalán.

Los objetivos declarados de la política eran evitar segregar a los niños según el idioma que usaban en casa, y estimular el uso del catalán. Se veía como el único sistema que podía garantizar que los niños catalanes aprendieran tanto el catalán como el español de manera competente. Numerosos estudios mostraron que los niños catalanes tenían exactamente el mismo nivel de comprensión oral y escrita y de expresión escrita en español que la media de las otras regiones de lengua española.

Dentro de Cataluña, el sistema gozó de un amplio apoyo entre la población cuando se lo diseñó, de manera significativa en los barrios obreros hablantes de castellano compuestos de inmigrantes de otras regiones de España. Se lo veía ampliamente como un sistema que aseguraba la calidad en la educación. A lo largo de los años, surgió una minoría opositora al volverse claro que los nacionalistas catalanes tenían como objetivo utilizarlo para apoyar el nacionalismo catalán.

El hecho de que el PSC, que durante décadas ha estado apoyando el sistema de la inmersión y que fue clave en brindarle un nivel de legitimidad dentro de las áreas obreras hablantes principalmente de castellano en Cataluña, esté ahora revisando esta política, es significativo. Muestra que los socialdemócratas, respaldados por Podemos, están apoyando activamente la campaña de las fuerzas de la ultraderecha que atacan a las instituciones catalanas y al idioma catalán como parte de una política más amplia de represión en Cataluña.

La represión en Cataluña no goza de apoyo popular. Según las recientes encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) catalán, el 68 por ciento de los españoles quieren diálogo entre los gobiernos catalán y español para resolver la crisis catalana. Solo el 23,4 por ciento de los españoles defiende la “línea dura” del gobierno.

Más de dos años después del estallido de la crisis catalana, como advirtiera el WSWS, la campaña anticatalana ha demostrado ser un intento de la clase gobernante por desplazar las políticas a la derecha para contrarrestar la ira social creciente por la desigualdad después de una década de austeridad de la UE. La campaña, en última instancia, se propone construir un régimen de Estado policial cuyo principal objetivo es la militancia creciente de la clase trabajadora.

Sin embargo, la oposición no se puede montar bajo el control de los partidos gobernantes como el PSOE y Podemos, que están apoyando la campaña, o los nacionalistas catalanes, que están ellos mismos profundamente conectados al PSOE y trabajan políticamente con este partido.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido independentista catalán, tiene el poder con sus 13 escaños en el parlamento español de brindar a la coalición entre el PSOE y Podemos la mayoría parlamentaria y así colocarla en el poder. ERC por lo tanto está en conversaciones con el PSOE. La demanda que están planteando actualmente como precondición para apoyar el PSOE es una propuesta vaga para la “creación de una mesa de negociaciones entre los gobiernos español y catalán sin condiciones ni vetos”.

El PSOE ha reiterado a menudo que ellos no contemplarán ninguna propuesta de cambios que estén “fuera de la Constitución española”, como manera de justificar la política represiva constante en la región. Hoy, ERC está consultando a sus propios miembros respecto a qué política deberían adoptar en el parlamento.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de noviembre de 2019)