La Administración Trump ha anunciado una nueva ley destinada a privar a varios cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de críticos beneficios de los cupones de alimentos. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés) actualmente brinda asistencia federal crítica a más de 36 millones de estadounidenses.

Según las normas vigentes, todos los adultos aptos sin dependientes pueden recibir beneficios de SNAP solo durante tres meses durante un período de tres años, a menos que estén trabajando o inscritos en un programa de educación o capacitación durante al menos 20 horas a la semana. Sin embargo, los estados han podido renunciar al requisito de trabajo y garantizar el acceso a los beneficios de SNAP más allá del límite de tiempo dadas las desafiantes condiciones económicas. La nueva ley limita severamente la capacidad de los estados para aplicar tales exenciones.

A partir de abril de 2020 en adelante (cuando la nueva ley entrará en vigencia), solo los estados que tienen una tasa oficial de desempleo del 6% o más pueden solicitar exenciones laborales. A modo de comparación, en el sistema actual, las regiones con tasas de desempleo tan bajas como 2.5% fueron incluidas en las áreas exentas. Se anticipa que la nueva regla afectará a aproximadamente el 7% de los destinatarios de SNAP, aquellos designados como “Adultos capaces sin dependientes” (ABAWD, siglas en inglés).

La ley destinada a limitar las exenciones laborales está ligada a otras dos propuestas—una, que limita las deducciones de las asignaciones para servicios públicos y la otra, destinada a reducir los beneficios de SNAP para las familias de la clase trabajadora. Un estudio del Urban Institute estima que estas tres propuestas combinadas quitarían a 3.6 millones de personas los beneficios de SNAP por mes, reducirían los beneficios mensuales para millones más y conducirían a 982,000 estudiantes a perder el acceso a comidas escolares gratuitas o de costo reducido.

Cada una de estas propuestas ha sido presentada por la administración de Trump y sus partidarios como un recorte esencial de un presupuesto federal inflado y un gesto de respeto a los contribuyentes que trabajan duro. Dado que fue aprobado el más grande presupuesto del Pentágono en la historia, enormes cantidades han sido gastadas en la guerra contra los inmigrantes y fueron otorgados masivos recortes de impuestos a las corporaciones, este argumento carece de toda solidez.

Al discutir la ley con los periodistas en una conferencia telefónica, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, usó la lógica típica de la derecha: “Los estadounidenses”, declaró, “eran personas generosas que creen que es su responsabilidad ayudar a sus conciudadanos cuando se encuentran con dificultades”. “Sin embargo, era hora de restaurar” la intención original de los cupones de alimentos ... mover a los estadounidenses más aptos a la autosuficiencia”.

Perdue reiteró esta afirmación en un artículo de opinión publicado ayer en el Arizona Daily Star. Titulado “La dignidad del trabajo y el sueño americano”, la pieza se lee como una grotesca caricatura de la realidad que enfrentan millones de estadounidenses de la clase trabajadora. La economía, afirma Perdue, está en auge principalmente debido a “las políticas del presidente Trump ... [que están] haciendo regresar a la gente a trabajar y aumentando los salarios”.

Si hubo algún problema, insistió Perdue, es simplemente que “hay más vacantes de trabajo que personas para llenar esos puestos gracias a las acciones del presidente Trump para reducir los impuestos y eliminar las regulaciones de estrangulamiento”. Por lo tanto, limitar las exenciones otorgadas a los beneficiarios de SNAP serviría el propósito muy importante de llenar esas vacantes y “restaurar la dignidad del trabajo a un segmento considerable de nuestra población, al tiempo que respetamos a los contribuyentes que financian el programa”.

Casi todas las declaraciones hechas en el artículo de opinión—enmascaradas en repugnantes reafirmaciones de la “excepcional generosidad de los estadounidenses”, por quienes Perdue dice hablar —son una tergiversación premeditada y flagrante de los hechos. Las afirmaciones de una economía en auge provocada por el visionario presidente sonarían huecas para la mayoría de la población, excepto para los extremadamente ricos que sin duda se han beneficiado de las políticas de la administración Trump. La cifra de desempleo del 3,6 por ciento, promovida hasta la saciedad por la administración y sus partidarios, es altamente cuestionable, ya que excluye a aquellos que simplemente han renunciado a cualquier esperanza de encontrar trabajo. Y si bien empleos han sido agregados a la economía estadounidense, éstos han tendido a ser de salarios más bajos, posiciones con salarios por hora y sin beneficios, obligando a los adultos de la clase trabajadora a realizar múltiples trabajos para obtener una precaria existencia.

Brandon Lipps, subsecretario adjunto para nutrición y servicio al consumidor, del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), dijo a los periodistas que la nueva ley no afectaría a niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y personas mayores de 50 años. Su objetivo era el ABAWD, el grupo de edad de 18 a 49 años, el 74 por ciento estima USDA no está trabajando. En cuanto a por qué este podría ser el caso, Lipps, siguiendo el guión de su jefe, parecía sugerir que era una ausencia del deseo de “entrar y volver a entrar en la fuerza laboral”. La nueva ley, afirmó, se basaba en la creencia que esta la situación puede ser cambiada “para que [los desempleados actuales] puedan conocer la dignidad del trabajo”.

La afirmación que los trabajadores necesitan desesperadamente una red de seguridad social—debido principalmente a las políticas depredadoras impulsadas por la clase dominante— y de alguna manera necesitan que se les enseñe sobre la “dignidad del trabajo” es quizás la más ofensiva de todas las falsificaciones presentadas por el USDA. Perdue concluyó su artículo de opinión afirmando que las personas que reciben asistencia “deben asumir la responsabilidad de sí mismas”. Viniendo de un miembro de una administración que encarna la codicia irresponsable y rapaz de la clase capitalista en su forma más cruda, este consejo sería risible, pero no lo es por el hecho que está vinculado a un nuevo asalto contra la ya precaria seguridad alimentaria de casi 700,000 adultos de clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de diciembre de 2019)