El lunes, un tribunal hondureño condenó a siete hombres por el asesinato de Berta Cáceres, una activista ambiental y de derechos indígenas reconocida a nivel mundial, ocurrido en marzo de 2016.

El fallo sigue al veredicto de noviembre de 2018 de que la empresa DESA le pagó a sicarios esperando que el asesinato selectivo de Cáceres suprimiera las protestas que ella encabezaba contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Roberto David Castillo, presidente de DESA, está siendo sometido a un juicio aparte, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato.

Castillo, un oficial de inteligencia militar graduado de la Academia Militar West Point en EE. UU., presuntamente coordinó el asesinato con el ejecutivo Sergio Ramón Rodríguez, el antiguo director de seguridad de DESA, Douglas Geovanny Bustillo —un exteniente entrenado en EE. UU.— y Mariano Díaz Chávez, un mayor de fuerzas especiales entrenado en EE. UU. que sirvió con las fuerzas estadounidenses en Irak.

Contrataron al exsargento de las fuerzas especiales hondureñas Henry Javier Hernández para que liderara un equipo de tres sicarios para el crimen. Los siete recibieron penas de cárcel de 30 años y seis meses por asesinar a Cáceres, mientras que los últimos cuatro fueron condenados a 20 años más por el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, quien recibió un disparo en la oreja y fingió estar muerto durante el ataque.

En el contexto de las masivas huelgas y manifestaciones contra la privatización de la educación y salud en Honduras y el resurgimiento de la lucha de clases en todo el continente, el resultado del juicio solo puede describirse como una parodia de justicia, según el imperialismo estadounidense y sus títeres locales se preparan para intensificar su represión a la oposición social.

Ante el fallo, el hijo de Cáceres, Salvador Zúñiga, declaró el martes: “La idea que se quiere dar ahora es que hay justicia porque están en la cárcel los más pobres. Quienes tienen el poder económico es la familia Atala Zablah”.

La más rica de “Las cinco familias” oligárquicas de Honduras, los Atala nunca fueron citados a testificar pese a ser dueños de Inversiones Las Jacarandas SA de CV, el mayor accionista de DESA.

Sin embargo, más ampliamente, el fallo del lunes da una fachada a las formas de gobierno autoritarias y militarizadas puestas de relieve por el caso de Berta Cáceres y que fueron impuestas por el golpe de Estado de 2009 respaldado por el Gobierno de Obama.

La propia Cáceres declaró en una entrevista de 2014 que, “La propia Hillary Clinton, en su libro Decisiones difíciles, prácticamente describió lo que iba a suceder en Honduras”. En una sección luego eliminada de su libro, Clinton escribió: “Desarrollamos u plan para restaurar el orden en Honduras y garantizar que se celebraran elecciones libres y justas rápido y de manera legítima que silenciarían la cuestión de [el presidente depuesto Manuel] Zelaya…”.

Desde 2009, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el presupuesto militar hondureño se ha triplicado, llegando a una proporción del producto interno bruto no vista desde 1990.

Hoy día, el Gobierno de Trump está siguiendo los mismos pasos para consolidar el golpe respaldado por EE. UU. en Bolivia. Así como en Honduras en 2009, Washington está promoviendo elecciones en Bolivia presididas por el mismo régimen fascistizante empleando una represión militar y asesina contra la resistencia de masas.

Cáceres encabezó protestas contra el golpe y denunció el hecho de que, poco después de tomar poder, el régimen instalado por EE. UU. había entregado docenas de concesiones para minas y presas hidroeléctricas. Esto incluyó un permiso de 20 años para que DESA desarrollara el proyecto Agua Zarca y otros embalses en el río Gualcarque, el cual es considerado como sagrado y un medio de vida indispensable para el pueblo Lenca, el grupo indígena más grande del país.

En mensajes presentados ante la corte, Daniel Atala Midence, director financiero de DESA, les dijo a otros ejecutivos en abril de 2013 que habían contactado al ministro de seguridad y otras autoridades para “eliminar a esos indios”. Tres meses después, varios soldados hondureños dispararon balas vivas contra una manifestación organizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) liderado por Cáceres, matando a Tomás García. DESA pagó por el abogado del soldado acusado por el asesinato.

Atala Midence luego envió un mensaje de texto en julio de 2014 indicando que había “gastado mucho dinero y capital político para q salgan esas 3 ordenes de captura [ sic ]” contra Cáceres y otros dos líderes del COPINH que fueron rechazadas por una corte de apelaciones.

Después del asesinato de Cáceres, Atala Midence le reaseguró a Rodríguez sobre el encubrimiento: “Sergio, relájate... No caigas en pánico… ministro de seguridad le dijo hoy a pedro [Atala] que era ‘lío de faldas’… Solo tenemos que seguir trabajando normal”. Pedro Atala, uno de los accionistas de DESA, es hermano de Camilo Atala, el millmillonario dueño del banco Ficohsa que, según los mensajes de texto (pese no a los registros oficiales), también financiaba DESA.

Los hermanos Jacobo Nicolás y José Eduardo Atala Zablah son ambos miembros de la junta ejecutiva de DESA. El primero encabeza el banco BAC de Honduras, mientras que el segundo es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana y exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otro inversor de DESA.

El Guardian reportó en junio de 2016 que una lista para asesinatos que incluía a Cáceres había sido distribuida a la policía militar de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la cual es armada y entrenada por el Pentágono y el FBI.

FUSINA no solo reprimió violentamente a los miles que protestaron el asesinato en la capital Tegucigalpa, sino que mensajes de texto del equipo de seguridad de DESA —que mató a Cáceres— muestran que coordinó directamente con FUSINA para atacar a dolientes que viajaron al río Gualcarque para una procesión.

Como lo reportó Counterpunch, Sergio Ramón Rodríguez también firmó un contrato con USAID tres meses antes para comprar el apoyo local ostensiblemente por medio de asistencia técnica agrícola.

Aquellos que financiaban abiertamente el proyecto Agua Zarca durante el asesinato incluían a las empresas alemanas Siemens y Voith-Hydro, la Compañía de Financiamiento para le Desarrollo de Holanda, el Fondo Finés y el BCIE.

La empresa estatal china Sinohydro y el Banco Mundial estuvieron involucrados desde 2006 en los planes más amplios de construir los embalses en el río Gualcarque sin el consentimiento de las comunidades indígenas lencas. Ante las protestas por la flagrante represión en 2013, Sinohydro y el Banco Mundial se vieron obligados a abandonar el proyecto, ganándole a Cáceres el Premio de la Fundación Ambiental Goldman en 2015.

Las manifestaciones de masas contra su asesinato y la ira social general contra las privatizaciones, concesiones, recortes de impuestos corporativos y austeridad social impuestos por el régimen títere de EE. UU. ahora liderado por el presidente Juan Orlando Hernández fueron encauzados detrás de apelaciones a agencias imperialistas como la Organización de Estados Americanos (OEA) y negociaciones con el régimen de Hernández a través del Partido Libre fundado por Manuel Zelaya, los sindicatos y el Frente Nacional de Resistencia Popular.

Los asesinatos de Cáceres e incontables otros activistas y manifestantes desde 2009 han buscado imponer políticas regresivas para atraer capital extranjero a Honduras. Estas mismas políticas esenciales son aceptadas por toda la élite política y los sindicatos. Rendir cuentas con los asesinos en el Estado hondureño y la oligarquía solo es posible por medio de la movilización de la clase obrera con base en un programa socialista contra el capitalismo y el sistema de Estado nación.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de diciembre de 2019)