En una celebración de Janucá en la Casa Blanca el miércoles, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a suprimir las críticas al Gobierno israelí en los campus universitarios de los Estados Unidos.
La acción está dirigida en particular a silenciar los derechos de la Primera Enmienda de estudiantes, profesores y otros activistas con sede en los Estados Unidos involucrados en el movimiento propalestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), al clasificar la oposición a las políticas del Estado de Israel como antisemitismo.
La orden de Trump amplía la interpretación del Gobierno federal del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la financiación de las instituciones que discriminan o permiten la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional, para incluir el antisemitismo.
Trump declaró que su orden deja en claro que el Título VI "prohíbe la financiación de instituciones que propagan el odio antisemita". Luego proclamó que si las universidades financiadas con fondos públicos "quieren aceptar la enorme cantidad de dólares federales que obtienen cada año deben rechazar el antisemitismo".
El presidente se jactó de su tremendo apoyo a Israel como prueba de su apoyo a los judíos, citando sus decisiones de trasladar la Embajada de EE. UU. a Jerusalén, reconocer el control de Israel sobre los Altos del Golán en disputa y romper el acuerdo nuclear con Irán negociado por la Administración de Obama.
Si bien no especificó cuáles instituciones son el blanco de la orden, sí mencionó explícitamente al movimiento BDS, cuyos partidarios buscan presionar a Israel a través de protestas y cabildeo para que ponga fin a su ocupación de Cisjordania, otorgando la plena igualdad a los ciudadanos árabes-palestinos de Israel y reconociendo el derecho al retorno de los refugiados palestinos. A los líderes del movimiento BDS se les ha bloqueado la entrada a Israel y los partidarios son habitualmente acusados de ser antisemitas simplemente por abogar en nombre del pueblo palestino.
En respuesta a los primeros informes, la Administración Trump insistió en que las medidas contra la discriminación no tenía la intención de redefinir a los judíos como una nacionalidad o raza, en sí mismo un vil tropo antijudío presentado por los nazis, el Ku Klux Klan y otros antisemitas.
"La orden ejecutiva no define a los judíos como una nacionalidad", escribió el yerno de Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, en un artículo de opinión en el New York Times el miércoles. "Simplemente dice que en la medida en que los judíos sean discriminados por sus características étnicas, raciales o nacionales, tienen derecho a protección por la ley contra la discriminación".
Críticamente, la orden ejecutiva alienta a los departamentos que hacen cumplir el Título VI a utilizar la definición de antisemitismo presentada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), alineando la política con los más firmes defensores de la derecha de Israel.
La definición de la IHRA describe las críticas a Israel como antisemitismo, enumerando una serie de ejemplos, incluida la descripción de la cúpula del Estado de Israel como un "esfuerzo racista" debido a la expulsión de los ciudadanos palestinos que ya vivían en la región o comparar la "política israelí contemporánea con la de los nazis" al establecer un régimen de apartheid que limita a los palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza.
El esfuerzo por ampliar la definición de antisemitismo para incluir las críticas a Israel es apoyado por demócratas y republicanos por igual. Según el New York Times, la iniciativa para la orden ejecutiva provino de David Krone, quien se desempeñó como jefe de gabinete del senador Harry Reid cuando dirigió a los demócratas en el Senado.
Reid había ayudado a aprobar en el Senado un proyecto de ley que habría redactado leyes similares, la Ley de Concienciación sobre Antisemitismo de 2016, pero finalmente murió el proyecto en la Cámara de Representantes. Krone presionó exitosamente a Kushner, quien había sido demócrata hasta 2015, para que la orden fuera redactada por la Casa Blanca y firmada por Trump.
Entre los bienvenidos por Trump en la plataforma se encontraba el profesor de derecho de Harvard, Alan Dershowitz, un demócrata, que proclamó que la orden ejecutiva "convertiría a las universidades lejos de ser bastiones de discriminación y odio" y "pasaría a la historia como uno de los eventos más importantes en la batalla de 2.000 años contra el antisemitismo”. Otros demócratas en la plataforma detrás de Trump cuando firmó la orden fueron los representantes Max Rose de Nueva York, Elaine Luria de Virginia y Josh Gottheimer de Nueva Jersey.
A uno de los ministros evangélicos favoritos de extrema derecha de Trump, Robert Jeffress, también se le dio tiempo para hablar, asegurando a los reunidos que Dios "bendeciría a los que bendicen a Israel y maldeciría a los que maldicen a Israel" y que el presidente estaba del "lado derecho de Dios". Los evangélicos son fervientemente proisraelíes, no debido a su amor por los judíos, sino porque creen que el establecimiento de un Estado judío en Oriente Próximo ayudará a marcar el comienzo de la segunda venida de Cristo. De hecho, Jeffress, quien habló en la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, ha declarado que tanto judíos como musulmanes, hindúes y mormones están condenados a un castigo eterno en el fuego del infierno.
Por su parte, Trump ha hecho repetidamente llamamientos a los antisemitas de extrema derecha, algo que no es incompatible con los llamamientos a los sionistas de extrema derecha. Su asesor fascista en política de inmigración, Stephen Miller, es judío. Al principio de su Presidencia, Trump declaró que los neonazis que se amotinaron en Charlottesville, Virginia, matando a una manifestante, eran "buenas personas".
(Publicado originalmente en inglés el 12 de diciembre de 2019)