Ayer, el 17 de diciembre, la denunciante Chelsea Manning pasó su cumpleaños 32 sola en la celda de una prisión en Alexandria, Virginia, donde ha estado encarcelada por nueve meses por rehusarse a rendir testimonio ante un gran jurado convocado contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Al encarcelar a Manning, la clase gobernante estadounidense está buscando establecer el principio dictatorial de que la población mundial no tiene el derecho de conocer los crímenes de guerra imperialista ni el derecho de manifestar su oposición a las guerras mismas. El objetivo final es preparar futuras guerras a una escala aún mayor. Por esta razón, la batalla por la liberación de Manning tiene una importancia crítica para miles de millones de personas en todo el mundo.

Manning ha sido perseguida, hostigada y difamada por el Gobierno más poderoso del mundo durante la mayor parte de su vida adulta. A los 23 años, le ayudó a WikiLeaks a hacer públicos cientos de miles de páginas de evidencia de crímenes de guerra estadounidenses. Una década después, las guerras continúan. Sociedades enteras han sido tornadas en escombros, involucrando la muerte de millones de civiles y el desplazamiento de decenas de millones de sus hogares.

En respuesta a la exposición de crímenes de guerra por parte de Manning, el Gobierno de Obama la encerró durante siete años bajo la Ley de Espionaje. Durante esos siete años, fue sometida a tortura por los guardias militares cuyos crímenes ella había expuesto.

Pero, hasta este día, Manning dice que no se arrepiente de nada.

En enero de 2017, la sentencia de Manning fue conmutada y fue liberada de prisión en mayo de ese año, a los 29 años. Pero tan solo un año y medio después, el Departamento de Justicia la citó y amenazó con volverla a encerrar si no le entregaba evidencia al Estado contra Assange.

La respuesta de Manning a la citación fue una muestra histórica de valor político.

“No cooperaré con este ni ningún otro gran jurado”, dijo en una rueda de prensa fuera del tribunal, donde estaba a punto de ser puesta bajo custodia. No cambió su parecer cuando el Gobierno intentó sobornarla con inmunidad legal, y fue enviada de vuelta a prisión el 8 de marzo de 2019.

En mayo, cuando el juez Anthony Trenga amenazó con imponerle masivas multas por cada día que se rehusara a testificar, ella vio al juez en los ojos y dijo que no la podrían hacer rendirse ni intimidarla: “Preferiría morirme de hambre antes que cambiar mis principios sobre esto”, dijo, añadiendo: “El Gobierno no puede construir una prisión lo suficientemente cruel, no puede crear un sistema peor que la idea de que cambiaría mis principios”.

Como un líder de la mafia, el juez Trenga llamó estas declaraciones “lamentables” y le impuso una multa diaria de $1.000 por cada día que Manning guarde silencio. Su sanción total ya superó los $440.000.

El encarcelamiento de Manning es una farsa ilegal que viola tanto la libre expresión como la prohibición constitucional a castigos crueles e inusuales.

El gran jurado fue convocado ilegalmente como parte de la farsa judicial contra Assange, en que le Gobierno estadounidense ha dirigido la tortura del editor de WikiLeaks a manos de las autoridades británicas, limitando su habilidad de reunirse con sus abogados mientras permanece encarcelado en Londres y sus conversaciones confidenciales según el privilegio abogado-cliente están siendo espiadas para aplicar a la fuerza su procesamiento en suelo estadounidense en lo que constituye una entrega extraordinaria del Reino Unido.

Mientras que el propósito de un gran jurado ostensiblemente es definir los cargos contra el sujeto, no puede haber ningún propósito legal para un gran jurado en EE. UU. dado que el sujeto, Assange, ya recibió cargos de violar la Ley de Espionaje.

El propósito final de encarcelar a Manning no tiene nada que ver con ninguna ley. Procura castigar a Manning nuevamente por sus acciones de 2010, infringiendo la prohibición de una doble penalización, En noviembre, Trump denunció a Manning, indicando que fue un error “dejar a esa persona ir” después de “robarse cantidades tremendas de información clasificada”.

La abogada de Maning, Moira Meltzer-Cohen, le explicó al World Socialist Web Site:

“El Gobierno ya acusó plenamente al objetivo de esta investigación; claramente no tienen ninguna necesidad legítima del testimonio de la Srta. Manning en este momento. En cualquier caso, mantenerla en confinamiento coercitivo no la influenciará para que coopere y funciona solo para castigarla de manera inadmisible. Los continuos ataques de Trump en su contra solo fortalecen la apariencia de que su encarcelamiento actual está siendo motivado impropiamente por un deseo explícito de verla sufrir por sus acciones pasadas”.

Su encarcelamiento ilegal es el producto de una conspiración que involucra a toda la élite política y que ha sido encubierta por un silencio total de la prensa corporativa. El New York Times, que publicó muchas de las filtraciones de Manning en 2010, no ha escrito nada sobre su encarcelamiento desde mayo.

Pero el papel más importante en esta operación han sido los autoproclamados “socialistas” en el Partido Demócrata. Al guardar silencio sobre el encarcelamiento de Manning y la persecución de Assange, reforzando así el apagón mediático, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez están previniendo deliberadamente que estos crímenes lleguen a la atención y generen oposición de amplias capas de la población, incluyendo los millones de jóvenes que eran niños cuando Manning fue arrestada por primera vez.

En respuesta a una pregunta sobre la persecución de denunciantes por parte de los Gobiernos de Obama y Trump hecha por Ryan Grim del Intercept en octubre, Sanders se refirió solo al “denunciante” de la CIA fue se quejó sobre la llamada de Trump con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. “La ley es muy clara”, dijo Sanders, “los denunciantes tienen un papel muy importante en el proceso político apoyo mucho a ese denunciante, quién sea él o ella”.

En la isma entrevista, Alexandria Ocasio-Cortez, quien pertenece a los Socialistas Democráticos de EE. UU. (DSA, sigla en inglés), dijo, “No quiero hablar cuando no es mi turno”, cuando se había tocado el tema enjuiciamientos específicos de denunciantes.

Sanders, Ocasio-Cortez y sus partidarios no constituyen una oposición a la élite política, sino un elemento crítico dentro de esta.

Están en juego cuestiones de vida o muerte. La clase gobernante estadounidense ve el encarcelamiento de Manning como una necesidad estratégica, marcando la pauta para detener extrajudicialmente a cualquier que se oponga a las guerras en marcha o futuras.

Los indultos recientes de Trump a criminales de guerra que asesinaron y profanaron los cuerpos de civiles inocentes es igualmente un mensaje de que Trump, en sus propias palabras, “defenderá a los guerreros” dándole al ejército la libertado plena de perpetrar crímenes de guerra. La clase gobernante percibe esto como algo necesario para perseguir los intereses de Wall Street de la manera más despiadada posible a una escala global.

La base social de apoyo clave para la defensa de Manning y Assange no es la clase media-alta “ilustrada”, cuyos portafolios se han inflado en los últimos 20 años, desde que se inició la “guerra contra el terrorismo”. En cambio, es la clase obrera, que ha pagado por esas guerras con sus vidas y sustentos.

En 2019, decenas de millones de personas—en gran parte trabajadores, estudiantes y jóvenes—han tomado las calles en cada continente. En países tan distintos como Francia, Haití, Irak, Líbano, Chile y Sudán, la oposición de los manifestantes a la austeridad se tornó inseparable de la oposición a la represión policial-militar y la complicidad de la prensa en los ataques a los derechos democráticos.

Es urgente que la demanda de la libertad de expresión para Julian Assange y Chelsea Manning sea adoptada en las luchas masivas de la clase obrera contra la guerra, la represión y la desigualdad social, así como el sistema capitalista que las engendra.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de diciembre de 2019)