Ante el aumento global en las protestas y huelgas políticas, los Gobiernos en todo el mundo están prohibiendo el acceso al internet en intentos desesperados para frenar la marea creciente de oposición popular.
Según datos preliminares de Access Now, el 2019 fue testigo de más suspensiones de internet deliberadas que cualquier otro año. Más de un cuarto de los países del mundo han visto suspensiones del internet en los últimos cuatro años.
Al menos 29 países suspendieron el internet en 2019, incluyendo India, Sri Lanka, Rusia, Sudán, Indonesia e Irak.
Desde el levantamiento en Túnez de 2011, calificado la “revolución de WikiLeaks” después de que la organización publicara información sobre la corrupción de la clase gobernante del país, los Gobiernos han percibido el internet cada vez más como una amenaza con la que las masas organizan huelgas, protestas y manifestaciones. En meses recientes, los trabajadores y jóvenes han recurrido a las redes sociales para organizar manifestaciones de masas en Chile, Líbano, Irak, Ecuador, Honduras, Haití, Egipto y Argelia.
La semana pasada, las autoridades policiales prohibieron el acceso al internet en varias partes de Nueva Delhi como respuesta a la ola de protestas populares contra la ley de ciudadanía del Gobierno de Modi que institucionaliza la supremacía hindú.
El Gobierno de Modi respondió a las manifestaciones, las cuales han movilizado a amplias capas de la población por encima de toda división étnica y sectaria, con una represión que ha tomado docenas de vidas e impuesto efectivamente la ley marcial en vastos sectores del país.
India suspendió el internet más de 104 veces ese año, comparado con seis veces en 2014. La más notoria de estas acciones es la continua suspensión del internet en Jammu y Cachemira que se ha prolongado por 135 días, la más larga en cualquier país que se proclama oficialmente como una “democracia”.
La continua suspensión del internet en el valle de Cachemira afecta a más de siete millones de personas y ha hecho las rutinas cotidianas —desde comunicarse con familiares lejanos hasta solicitar un empleo— prácticamente imposibles.
La suspensión en Cachemira pretendía contener la oposición a la anulación ilegal del estatus semiautónomo del único estado indio con mayoría musulmana. Este atropello constitucional se ha hecho valer con decenas de miles de efectivos de seguridad adicionales y la detención de miles sin cargos.
En su último reporte anual, Access Now señala que los Gobiernos mienten rutinariamente sobre sus motivos para llevar a cabo las suspensiones del internet “[C]uando los Gobiernos suspenden el internet aludiendo a la ‘seguridad pública’, es usualmente patente para los observadores que, en realidad, las autoridades temen que haya protestas y cortan el acceso al internet para limitar la habilidad de las personas para organizarse y expresarse, sea en línea o afuera”.
Añade, “Cuando las autoridades citan las ‘noticias falsas’, los rumores o el discurso de odio”, de hecho buscan frecuentemente prevenir protestas y controlar las elecciones. “Utilizando estas amenazas como chivos expiatorios, pareciera que los Gobiernos están realizando suspensiones para marcar la narrativa política y controlar el flujo de información”.
A pesar de que las suspensiones directas del acceso al internet siguen siendo poco usuales en las principales potencias capitalistas, muchos de los mismos argumentos falsos, como proteger la “seguridad pública” y suprimir “las noticias falsas”, han sido utilizados para establecer un aparato de censura masiva conformado por las principales corporaciones a instancias de las agencias de inteligencia estatales.
En 2017, Google anunció una serie de cambios a sus algoritmos de búsqueda bajo el nombre “Proyecto Búho” que redujeron drásticamente el tráfico proveniente de búsquedas a sitios web izquierdistas, antiguerra y progresistas, detrás de la cubierta de combatir las “noticias falsas”.
Una investigación del Wall Street Journal confirmó las acusaciones del World Socialist Web Site de que Google emplea internamente listas negras de sitios web cuyo acceso intenta bloquear. Facebook y Twitter siguieron las acciones de Google, eliminando cuentas y páginas políticas de izquierda con millones de seguidores, alegando que eran “inauténticas”.
La Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de Trump ha procedido ha eviscerar la neutralidad de la red, dándoles las corporaciones privadas una cubierta legal para censurar y manipular el discurso político a voluntad.
El año pasado, Alemania promulgó la llamada Ley NetzDG, que amenaza con multar a las empresas de internet que no eliminen “contenidos ilegales”, convirtiendo, como escribió Human Rights Watch, “a las empresas privadas en censores demasiado fervorosos”.
El Gobierno español está impulsando una ley que le permitiría al Estado suspender a gusto las comunicaciones digitales, así como la infraestructura y las aplicaciones del internet, sin órdenes judiciales. La ley sigue a una medida similar aprobada en Francia el año pasado que cobra multas enormes por diseminar “cualquier alegato o insinuación de un hecho sin proveer información verificable”.
Los esfuerzos para limitar la divulgación de opiniones políticas críticas van más allá de estas medidas de censura draconianas.
El Gobierno británico, bajo la dirección del Gobierno de Trump y con el pleno apoyo del Partido Demócrata, detuvo y aisló al editor de WikiLeaks, Julian Assange, bajo condiciones que el experto en derechos humanos de la ONU, Nils Melzer, calificó de tortura.
Estados Unidos también encarceló a la denunciante Chelsea Manning sin presentar cargos. Estos dos valientes individuos están siendo perseguidos por nada más que decir la verdad sobre los crímenes del Gobierno estadounidense.
Todas estas medidas representan acciones de venganza por parte de Gobiernos capitalistas sumamente impopulares que se sienten arrinconados por el resurgimiento global de la oposición política. Este año, la latente oposición estalló en una serie de manifestaciones de masas que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un centro de pensamiento estadounidense, llamó “La era de la revolución sin líderes”.
El analista del CSIS, Samuel Brannen escribió: “Este despertar se ha amplificado por la era de la información digital, en la que más de la mitad del planeta —4 mil millones de personas— está ahora conectada al internet. Facebook por sí solo cuenta con 2,4 mil millones de usuarios activos. Y, entre los temas más populares para los usuarios está la política… Y las formas en que las personas se pueden conectar local y globalmente y sacar comparaciones e inspiración de los eventos en otras partes no tienen punto de comparación. La capacidad de los individuos para conectarse, inspirar y coordinar a millones en las calles no tiene precedente”.
Los Gobiernos capitalistas de todo el mundo ven esta revolución de las comunicaciones, cuyas promesas para la sociedad son inconmensurables, como una amenaza existencial. Una encuesta reciente señaló, “Ahora hay una premisa geopolítica vigente de que los problemas del internet conllevan potencialmente a más consecuencias que sus beneficios”.
Mientras las camarillas de oligarcas corruptos capitalistas que dominan la sociedad en todo el mundo, desde Washington a Nueva Delhi y Madrid, temen la mayor interconectividad de la sociedad, la libre expresión, incluyendo las comunicaciones en línea, son vitales para que los trabajadores y jóvenes puedan expresar sus inquietudes y organizarse políticamente.
A medida que los trabajadores y jóvenes entran en luchas sociales por todo el mundo, necesitan avanzar la defensa por la libre expresión y la libertad de prisioneros políticos como Assange y Manning de manera inseparable de la lucha por defender sus derechos sociales, abolir la desigualdad y derrocar el sistema capitalista.
(Publicado originalmente en inglés el 27 de diciembre de 2019)