Durante más de dos semanas, el empobrecido territorio de las islas de Puerto Rico en los Estados Unidos, con una población de 3.2 millones, más que el estado de Iowa, ha sido golpeado repetidamente por más de 1,000 terremotos y réplicas de diversas magnitudes. A pesar de que todavía se está determinando el alcance total de la destrucción, se espera que los terremotos continúen.

En toda la isla, la gente ha comenzado a vivir afuera, en tiendas de campaña o en sus automóviles por temor a que sus casas se derrumben encima de ellos. Las agencias de ayuda estiman que más de 2,000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde que comenzó el enjambre de terremotos.

La serie de terremotos y réplicas comenzó el 28 de diciembre. El más grande fue un terremoto de magnitud 6.4 el martes 7 de enero —el mayor terremoto que golpeó a Puerto Rico en más de 100 años— y un 5.9 el domingo por la mañana.

Los terremotos de magnitud 6.0 o superior se consideran "fuertes" y pueden causar daños severos en áreas pobladas, como la segunda ciudad más grande de Puerto Rico, Ponce, con una población de 166,000 habitantes, que cerró su área del centro debido a la persistencia de escombros de concreto que caen de los edificios a la calle.

Hasta ahora, miles de hogares en Puerto Rico se han derrumbado o han sido dañados, junto con daños a otros edificios, carreteras e infraestructura. Oficialmente, una persona murió, pero el terremoto más grande el 7 de enero dejó sin electricidad a la mayor parte de la isla y cortó el suministro de agua limpia a unas 250,000 personas o más. La pérdida repentina de electricidad pone a los ancianos y enfermos en un riesgo particular de muerte, cortando el acceso a equipos médicos críticos. El servicio no había sido completamente restaurado cuando el terremoto de 5.9 golpeó el domingo por la mañana.

Los residentes de Macana, una comunidad rural a las afueras de la ciudad de Guayanilla, una de las áreas más afectadas, informaron que muchos enfrentaron dificultades para llegar a refugios oficiales y recibir suministros que se necesitaban desesperadamente con poca o ninguna ayuda del gobierno.

"Estamos agradecidos, porque si los teléfonos celulares no funcionaran, nadie llegaría aquí", dijo Diego Cruz, un veterano del ejército de 59 años al Daily Beast. "A través de llamadas telefónicas y contactos, así es como la gente ha llegado hasta aquí. Hemos recibido ayuda de diferentes personas, pero ninguna ayuda del gobierno".

La actividad sísmica se centra a solo 10 millas de Ponce, frente a la costa sur. La mayoría de las estaciones generadoras de energía eléctrica de Puerto Rico se encuentran en esta región. La más grande, la planta de Costa Sur en Guayanilla, que abastece a una cuarta parte de la isla, sufrió "destrucción a gran escala", en palabras de José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés). Dijo en una conferencia de prensa que la planta podría demorar hasta un año en repararse.

Los terremotos han agravado la crisis social y económica en la isla, ya que muchos puertorriqueños todavía sufren la destrucción causada por el huracán María en 2017 y la indiferencia del gobierno criminal que siguió.

En ese desastre, la electricidad, el agua limpia y las carreteras también quedaron fuera de servicio por largos períodos de tiempo. La respuesta inadecuada de los gobiernos federal y territorial significó un colapso general de la sociedad en el que los principales hospitales no funcionaban y la atención médica era imposible de obtener. Un año después, la cifra oficial de muertes de 64 fue revisada a más de 3,000, y algunos estudios la ubicaron en más de 5,000.

Javier, un profesor universitario en San Juan, le contó al WSWS sobre las dificultades que ahora enfrentan los residentes, la respuesta de los trabajadores puertorriqueños en ayuda de las víctimas y lo que el desastre ha revelado sobre el estado de la sociedad en la isla más de dos años después. El desastre del huracán María.

“Antes de los terremotos, el gobernador Wanda Vázquez fue a todas las escuelas públicas de la isla e informó que fueron readaptados por cualquier desastre natural, pero debido a los terremotos, ahora sabemos que fue una mentira.

“Debido a la respuesta inadecuada del gobierno, muchas personas alrededor de la isla se encargaron de ayudar a la parte sur de Puerto Rico. Ya nadie confía en el gobierno. La gente está haciendo el trabajo que el gobierno debería estar haciendo, y en el proceso se está poniendo en peligro. Es una situación peligrosa, y si hay otro terremoto de mayor magnitud, aquellos que intentan ayudar quedarán atrapados en el sur.

"No creemos que tendremos ninguna ayuda significativa de los Estados Unidos. El gobierno en Puerto Rico solo está jugando a la política con nuestras vidas, no ayudando. Irán a las ciudades y regalarán bolsas con productos pequeños con el logotipo de su partido".

Puerto Rico sigue siendo un barril de pólvora social después de las manifestaciones masivas del año pasado que fueron impulsadas por las condiciones desesperadas que enfrenta la clase trabajadora y resultaron en la destitución del gobernador Ricardo Rosselló. Las protestas fueron provocadas por mensajes de texto filtrados que mostraban que Rosselló había conspirado para minimizar el número de muertos por el huracán y había utilizado el desastre para impulsar la privatización, al servicio de Wall Street, de la autoridad estatal de energía PREPA.

El gobernador Vázquez, como Rosselló, miembro del Nuevo Partido Progresista alineado con el Partido Demócrata, continúa con el odiado régimen de austeridad que prevaleció bajo Rosselló y lo hace cumplir la Junta de Supervisión y Gestión Financiera establecida por la administración Obama.

Mientras que la administración Trump declaró una emergencia nacional en Puerto Rico luego del terremoto de 6.4 la semana pasada, $18 mil millones en ayuda federal prometida después del huracán María todavía está siendo retenida por el gobierno de los Estados Unidos.

(Publicado originalmente el 13 de enero de 2018)