Después de dos semanas de temblores en Puerto Rico, alcanzando el 7 de enero una magnitud de 6,4 grados que destruyó cientos de hogares y edificios y dejó al menos a un muerto, continúan la fuerte actividad sísmica y las advertencias. Mientras que miles perdieron sus hogares o los evacuaron temiendo su colapso, la respuesta de las autoridades locales y el Gobierno de EE. UU. ha estado marcada por una austeridad insensible y temor del malestar social.

El secretario de Estado de la isla, Elmer Román, anunció el martes que hay 8.023 refugiados en campamentos “oficiales” administrados por el Gobierno u ONG, mientras que “bastantes” más están durmiendo en campamentos más pequeños o las aceras.

Las autoridades dijeron que dejaran de proveer refugio a nivel local, mientras las réplicas siguen causando daños estructurales y las agencias federales estiman un 17 por ciento de posibilidad de un terremoto de 6,4 grados o mayor en los próximos 30 días. A pesar de que los expertos han advertido que no debería haber traslados masivos porque aumenta los costos para los refugiados, empujándolos a tomar riesgos, y ralentizará la recuperación, Román anunció que el Gobierno dejará de asistir a las personas a menos que viajen a cinco “campamentos base” establecidos hasta esta semana por la Guardia Nacional.

Personas en la isla y EE. UU. continental han tomado la iniciativa de enviar productos esenciales y otra ayuda, mientras cientos de voluntarios han manejado a las áreas más afectadas.

El Gobierno de la gobernadora en funciones Wanda Vázquez, quien fue instalada en agosto del año pasado después de que una serie de manifestaciones de masas que involucraron hasta 1 millón de personas depusieran a dos gobernadores, ha priorizado la preparación para otro levantamiento social por encima de los preparativos para otro desastre natural.

Más allá del despliegue de las 8,500 tropas de la Guardia Nacional, todos los policías locales fueron llamados al servicio y Washington enviará a 300 oficiales de seguridad especializadas. Vázquez firmó un decreto ejecutivo para investir inmediatamente a estos últimos oficiales como “agentes de paz”, con facultades policiales especiales. La Asamblea Legislativa local introdujo una resolución esta semana solicitando el despliegue de Fuerzas Especiales del ejército estadounidense.

Otra resolución solicita pagos diferidos sin intereses a las instituciones financieras y de servicios de telecomunicaciones y una tercera resolución ordena una campaña de publicidad sobre cuestiones legales para los que perdieron sus hogares pero que no “limita que hoy o mañana estas aseguradoras, estas instituciones financieras, estos bancos en Puerto Rico y bufetes organicen sus departamentos legales, organicen su personal y lleguen directamente a los campamentos comunitarios”.

Después de que se fuera la electricidad en toda la isla el 7 de enero, se había restablecido casi completamente para el martes, pero 11.000 personas aún no tenían luz en la región de Arecibo y 15.000 permanecían sin agua. Las dos principales plantas energéticas de la isla aún necesitan reparaciones graves.

La semana pasada, el Gobierno de Trump aprobó una declaración de emergencia para Puerto Rico, pero existen dudas de que incluso los mezquinos $5 millones asignados por medio de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se entreguen después de la escandalosa respuesta del Gobierno de Trump al huracán María de 2017.

Los costos estimados de reconstruir la isla tras el huracán María superaron los $100 mil millones, pero la Casa Blanca solo ha puesto a disposición $1,5 mil millones de los $8 mil millones aprobados de ayuda federal. Un oficial de Vivienda y Desarrollo Urbano le dijo al Washington Post que Puerto Rico solo ha gastado $5,8 millones, citando “fuertes controles financieros” del Gobierno federal.

El general mayor José Juan Reyes de la Guardia Nacional de Puerto Rico declaró esta semana que las operaciones de socorro se han visto afectadas por el hecho de que, de los $550 millones aprobados para la Guardia Nacional de Puerto Rico en respuesta al huracán María, el Gobierno de Trump reasignó $420 millones para construir el muro fronterizo con México.

Mientras que se han asignado billones para guerras por parte de mayorías bipartidistas abrumadoras desde el huracán María, el Gobierno de Trump está preparando una guerra devastadora contra Irán mientras priva al territorio estadounidense de fondos.

La prensa corporativa ha subrayado el factor sorpresa de los terremotos, afirmando que “varias generaciones no han sentido tal terremoto”. Sin embargo, los expertos sonaron la alarma repetidamente y fueron ignorados. El grado de destrucción y sufrimiento esta semana es el resultado de la negligencia oficial por parte de un Gobierno que coloca los intereses de lucro de Wall Street por encima de las necesidades sociales.

Un terremoto de 6,0 grados el 23 de septiembre pasado —80 km fuera de la costa comparado con alrededor de 15 km en los temblores recientes— generó alarma en toda la isla, así como el terremoto de 6,4 grados en enero de 2014 a 27 km al norte de las costas.

Poco después del terremoto de septiembre de 2019, Christa Von Hillebrandt-Andrade, extitular de la red sismológica de la isla, advirtió: “La isla de Puerto Rico está rodeado por fallas que pueden producir terremotos que pueden producir terremotos muy grandes y está cruzada por fallas que pueden cruzar terremotos grandes que causen un impacto significativo. Se pueden esperar de magnitud mayor a 8… Puerto Rico tiene que estar ready para un terremoto y un tsunami, 100 por ciento, 24/7”.

Esta semana, Von Hillebrandt le dijo a AP: “Por décadas, los científicos y personas como les hemos estado informando y alertando a las comunidades y el Gobierno de Puerto Rico sobre la amenaza física”, denunciando que “no se han tomado muchas acciones”.

Más allá, mientras se evalúa la integridad estructural inmediata de las escuelas, los oficiales guardan silencio sobre realizar las renovaciones o reconstrucciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, Juan Alicea, dijo en octubre pasado, en respuesta a un nuevo estudio que había halado que 1.000 de las 1.200 escuelas de la isla no habían sido sometidas a las renovaciones necesarias de acuerdo a los códigos de construcción contra sismos de 1987, “Lo peor de todo es que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo pero hay que hacerlo”. Esta semana, Alicea le dijo a AP que 200.000 hogares no están construidos de acuerdo con el código: “Si no tomamos acción, esto nos va a costar mucho más dinero y muchas vidas”.

Aquellas fuerzas que encarrilaron las protestas en agosto pasado detrás de ilusiones en que Vázquez respondería a las presiones sociales son las principales responsables de que el poder permanezca en manos de títeres de la oligarquía financiera y de la continua negligencia hacia las vidas de los puertorriqueños ordinarios.

Esto incluye a los demócratas de “izquierda” como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes hicieron llamados vacíos el año pasado a la Junta Fiscal controlada por Wall Street para que disminuyera las medidas de austeridad y también presentaron la instalación de Vázquez como un tipo de victoria. Los sindicatos locales, principalmente aquellos que se presentan como más “combativos” como la Federación de Maestros de Puerto Rico y el sindicato de electricistas UTIER, suprimieron las protestas promoviendo ilusiones en Vázquez.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de enero de 2019)